Artículo de Analía Zárate y Rosaura Barletta, del Observatorio Petrolero Sur (OPSur).
Durante la misma semana en que el INDEC informó que la pobreza alcanzó al 32% en el primer semestre de 2026, el Senado aprobó cambios en el régimen de Zona Fría. La modificación excluye del beneficio en la tarifa de gas a 1,6 millones de hogares de 11 provincias y, al mismo tiempo, contempla la condonación de 1.800 millones de dólares de deuda con el Estado para Edenor, Edesur y otras distribuidoras eléctricas.
El debate sobre los subsidios energéticos suele concentrarse en el consumo de los hogares y en su capacidad de pago. Frases como “no podemos subsidiar piletas climatizadas”, pronunciada por el jefe de Gabinete Diego Santilli, o planteos sobre que el subsidio debe llegar únicamente a quienes lo necesitan, presentan el problema como una discusión sobre la intervención estatal en las tarifas. Sin embargo, este enfoque deja de lado las razones por las que existen los subsidios y quiénes son sus principales destinatarios.
Ana Pereyra, docente jubilada que vive en un barrio periférico de Mar del Plata, explica que utiliza electricidad solo para el cargador del celular, la heladera, las luces y la iluminación exterior de su vivienda, debido a la escasa luz en el barrio. Alquila hace tres años y no sabe por qué no accede al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la electricidad. Paga tarifa plena, cercana a los 200 mil pesos mensuales.
Aunque se calefacciona a gas y no incrementó su consumo eléctrico, el aumento de tarifas invernales también la afectó. Señala que, luego de pagar sus obligaciones, le quedan apenas 50 mil pesos para el resto del mes, pero prioriza cancelar la factura de luz porque los cortes por mora se aceleran. En movilizaciones realizadas en Mar del Plata contra el tarifazo, usuarios exhibieron facturas de hasta 7 millones de pesos para cuatro familias. También hubo protestas por servicios impagables en Santa Teresita, San Clemente del Tuyú y otras localidades de la costa bonaerense.
La composición del Índice de Precios al Consumidor también refleja la importancia creciente de las tarifas en los gastos familiares. El indicador del INDEC utiliza ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004. A comienzos de 2026 se anunció una actualización con datos de 2018: bajo esa metodología, el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” habría pasado de representar el 9,4% al 14,5% de la canasta. Sin embargo, el Gobierno nacional impidió el cambio y el entonces titular del organismo, Marco Lavagna, renunció.
Según Marcela Almeyda, coordinadora de IPC Nacional y delegada de ATE INDEC, las estadísticas deben ser independientes de los gobiernos y utilizar los mejores instrumentos disponibles. Advierte que el peso de las tarifas probablemente sea incluso superior al registrado en 2018, debido a los fuertes aumentos desde 2024, que estuvieron por encima de la inflación en gas, electricidad y transporte. El 24 de septiembre, mientras trabajadores del Instituto realizaban una radio abierta por los bajos salarios y la situación del organismo, se difundieron los datos de pobreza correspondientes al primer semestre de 2026.
El ReSEF está destinado a hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas o en condiciones de vulnerabilidad. Cubre el 50% del costo eléctrico para consumos de hasta 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda y de hasta 150 kWh en los meses templados. Si esos límites se superan, el excedente se paga sin cobertura. Para el gas funciona un mecanismo similar fuera de las zonas frías, que además penaliza incrementos de consumo respecto del mismo período del año anterior. Esto ocurre pese a que el ENARGAS sostiene que el consumo residencial está condicionado principalmente por las variaciones de temperatura y, en segundo término, por las características de las viviendas.
La estructura de los subsidios energéticos
El economista e investigador de MATE y EJES, Marco Kofman, cuestiona la idea de que los subsidios energéticos se explican exclusivamente por la incapacidad o falta de voluntad de pago de los hogares. En su libro Energía, Economía y Poder, señala que los subsidios son transferencias de recursos estatales hacia otras entidades, destinadas a incentivar actividades económicas privadas o facilitar el acceso a bienes y servicios.
Kofman diferencia los subsidios de los gastos corrientes del Estado. Cuando el Estado presta directamente servicios como educación, salud o seguridad, se trata de gasto público corriente. En cambio, los subsidios aparecen en los servicios de electricidad y gas porque son provistos por empresas. El debate sobre los subsidios tarifarios, sostiene, está relacionado con las privatizaciones de compañías públicas como SEGBA y Gas del Estado durante la década de 1990.
Los subsidios atraviesan toda la cadena energética: pueden dirigirse a la producción, la infraestructura, la importación o el consumo. Entre los factores que inciden sobre el gasto estatal se encuentran los precios que reciben los productores como incentivo, las importaciones de combustibles cuando el abastecimiento interno no alcanza, los precios internacionales de la energía y la cotización del dólar. Como el sistema energético está dolarizado, una devaluación encarece la energía y modifica las necesidades de subsidios, aun cuando el consumo de los hogares no cambie.
Según el desglose citado por Kofman, el 52% del gasto estatal en subsidios energéticos se destina a la producción de electricidad a partir de gas extraído en Argentina. La intermediación está a cargo de CAMMESA, que abastece al mercado eléctrico mayorista. Las importaciones representan el 29%: se subsidia la diferencia entre el costo del gas importado y su precio local para generar electricidad. Las empresas gasíferas reciben un 3% por políticas tarifarias orientadas a usuarios, como la garrafa social; los incentivos al desarrollo de yacimientos concentran el 11%; la infraestructura, el 4%; y los organismos reguladores, la eficiencia energética y las renovables, el 1%.
RIGI y reducción de la capacidad recaudatoria
Al costo fiscal de los subsidios se suman los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley Bases durante la gestión de Javier Milei. De acuerdo con estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) citadas por Marcelo García, el costo fiscal anual del régimen podría ubicarse entre 1.307 millones y 2.362 millones de dólares, debido a la reducción del Impuesto a las Ganancias, la eliminación de retenciones a las exportaciones, exenciones arancelarias para importaciones, cancelación de IVA mediante Certificados de Crédito Fiscal, menor alícuota sobre dividendos y libre disponibilidad gradual de divisas.
El informe de mayo de 2026 del Observatorio del RIGI indicó que, entre 2024 y 2026, se presentaron 36 proyectos, de los cuales 30 correspondieron a sectores extractivos: 20 mineros y 10 hidrocarburíferos. Los restantes se repartieron entre energías renovables, infraestructura y siderurgia. El 95% del capital comprometido en inversiones bajo este régimen se concentra en el sector energético.
El artículo plantea que resulta contradictorio centrar la discusión en la reducción del déficit fiscal mediante la quita de subsidios tarifarios, mientras se incrementan los incentivos fiscales a grandes inversiones y se restringe la recaudación del Estado. Según el Informe de Coyuntura de MATE, desde el inicio del gobierno de Milei la recaudación estatal acumuló una pérdida de 50,8 billones de pesos.
Distribuidoras, deudas y ganancias
En todo el país operan cientos de distribuidoras eléctricas privadas, públicas y cooperativas. Edesur presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano sur a más de dos millones de hogares. Sus ingresos de 2025 superaron los 2 billones de pesos, una mejora que la propia compañía atribuyó principalmente a los aumentos tarifarios. Edenor, que abastece a más de tres millones de hogares en el noroeste de la Capital y el Gran Buenos Aires —el 20% de la distribución nacional—, cerró 2025 con una ganancia neta de 157 mil millones de pesos.
El régimen de Zona Fría aprobado por el Congreso el 24 de septiembre prevé condonar a Edenor y Edesur 1.800 millones de dólares de deuda con CAMMESA. Edenor está controlada por el grupo integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, que además adquirió el 70% del paquete accionario de Metrogas. Filiberti también participa en la carrera por el 90% de AySA, empresa pública de agua cuya licitación fue habilitada por la Ley Bases.
En la distribución de gas operan nueve distribuidoras y más de 60 subdistribuidoras. Naturgy administra el norte y oeste del Conurbano, mientras que Metrogas cubre el suroeste del área metropolitana y toda la Ciudad de Buenos Aires, equivalentes al 27% de la distribución nacional. YPF vendió el paquete accionario de Metrogas al grupo de Vila y Manzano, propietarios además del Grupo América, que reúne 49 medios de comunicación en el país.
En Mar del Plata, Ana Pereyra recibe electricidad de EDEA y gas de Camuzzi. La jubilada sostiene que Camuzzi sí le asignó el ReSEF por su condición de hogar de ingresos bajos, con una factura de gas cercana a 30 mil pesos, pero no encuentra una explicación para no acceder al mismo beneficio en electricidad. También cuestiona la respuesta de EDEA a los reclamos colectivos: asegura que la empresa deriva los trámites a canales digitales y que, durante una movilización, atendió a los vecinos detrás de un vidrio mientras un guardia impedía el ingreso.
En Tolhuin, Tierra del Fuego, Camuzzi interrumpió el suministro de gas a más de 300 hogares por falta de pago durante temperaturas de 19 grados bajo cero. Los vecinos organizaron redes de solidaridad para compartir calefacción y agua caliente. En la provincia también funciona la Mesa Interbarrial de Ushuaia, integrada por habitantes que reclaman contra los recortes a los subsidios de gas envasado en garrafas.
Costos energéticos y transferencias empresariales
El Presupuesto 2027, todavía pendiente de tratamiento en el Congreso, proyecta recortes en el costo mayorista de la electricidad, en los subsidios tarifarios y en los incentivos al mercado del gas. El Gobierno argumenta que los usuarios deben pagar el costo real de la energía. Para Kofman, sin embargo, ese costo es complejo de establecer porque proviene de fuentes múltiples y variables.
El análisis sostiene que no se examina la situación financiera de las compañías para establecer si necesitan subsidios. Tampoco se aplican penalidades por prácticas como solicitar préstamos a firmas vinculadas en otros países, aun cuando no sean necesarios, o transferir fondos a empresas asociadas por contratación de servicios. Kofman explica que una parte de esos costos responde a formas de financiamiento de las inversiones y no a la producción energética, por lo que no debería ser trasladada a los usuarios.
Según el texto, estas transferencias incluyen mecanismos utilizados por grupos empresarios argentinos transnacionalizados y radicados en paraísos fiscales. En la actividad petrolera, durante los últimos 20 años, la dolarización y fuga de excedentes superaron las cifras de exportación. Un informe de EJES de agosto de 2026 señala que el sector energético lidera la extranjerización de ganancias.
Vaca Muerta, pasivos ambientales y desigualdad territorial
La actividad hidrocarburífera argentina es presentada como un esquema orientado principalmente a obtener divisas. A lo largo de los años se justificó con expectativas de derrame económico, redistribución, desarrollo, el objetivo de emular a Dubái, el pago de la deuda externa o, actualmente, la necesidad de acumular reservas y contener la suba del dólar y la inflación. El artículo sostiene que en ese debate deberían tener mayor protagonismo los usuarios y las comunidades afectadas por las actividades extractivas.
La justicia energética no se limita al acceso y a la distribución de los costos: también abarca el reconocimiento de los impactos de la generación energética y la restauración de los territorios. En Comodoro Rivadavia, ciudad chubutense ligada al petróleo desde hace casi 120 años, el Plan YPF 4×4 implicó concentrar la actividad de YPF en Vaca Muerta y abandonar áreas maduras de Mendoza y Chubut. El proceso derivó en 2.500 despidos en Mendoza y 10.000 en Chubut.
YPF acordó con Chubut su salida mediante un pago de 25 millones de dólares. Además, la provincia asumió contingencias futuras vinculadas con daños acumulados en las áreas y otorgó a la empresa una liberación de responsabilidad frente a reclamos posteriores. El docente universitario comodorense Jorge Spíndola y un grupo de abogados presentaron un amparo judicial que podría convertirse en un antecedente nacional sobre el tratamiento de los pasivos ambientales en zonas de extracción abandonadas.
La abogada María Gimena Viviani, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló que en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia existen 6.000 pozos: 1.700 inactivos y 3.700 catalogados como abandonados. El sellado definitivo tendría un costo estimado de entre 65.000 y 200.000 dólares por pozo. Con esos parámetros, clausurar los pozos abandonados podría demandar entre 240 millones y 740 millones de dólares, cifras muy superiores a las previstas en el acuerdo firmado por el gobernador Ignacio Torres.
El artículo concluye que los pasivos ambientales y los impactos sociales y económicos permanecen invisibilizados en un modelo enfocado en exportaciones, divisas y productividad financiera. Mientras la generación y exportación de energía alcanzan niveles récord, los hogares enfrentan tarifas cada vez más elevadas y los territorios conservan los efectos de la extracción. En este esquema, las grandes corporaciones reciben subsidios, incentivos fiscales, condonaciones, préstamos y mecanismos de fuga de capitales, mientras la población afronta endeudamiento, facturas difíciles de comprender y obstáculos de acceso a la energía, que no es considerada como un derecho humano.
Foto: Martín Álvarez Mullally.