La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión para este jueves desde las 14 horas, con un escenario abierto respecto de la posibilidad de alcanzar el quórum. Los bloques opositores convocantes buscan rechazar el DNU 70/2023, defender la emergencia en discapacidad y avanzar con la emergencia por endeudamiento familiar.
La convocatoria se mantiene pese al nuevo fallo de la Corte Suprema, que revirtió el criterio de una resolución previa que había habilitado la extranjerización de tierras contemplada en el megadecreto del gobierno de Javier Milei. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas y la Coalición Cívica, entre otros espacios, contabilizan 110 voluntades y estiman haber sumado al menos otras 13. Para llegar a los 129 diputados necesarios para abrir el recinto, aún requerirían seis presencias más.
Las negociaciones están atravesadas por la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en un contexto de tensiones vinculadas con el presupuesto 2027, las partidas presupuestarias, las licitaciones y las disputas electorales. El tratamiento de temas vinculados a la discapacidad también generó malestar entre algunos aliados del oficialismo.
Los cuatro diputados misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua fueron los primeros en anticipar que darán quórum y votarán contra el DNU 70, en relación con la Ley de Tierras y la desregulación del Instituto de la Yerba Mate. También anunciaron su respaldo los tres diputados catamarqueños ex Unión por la Patria vinculados al gobernador Raúl Jalil. El legislador Sebastián Nóblega afirmó que acompañarán la sesión y que son “firmes defensores” de la Ley de Tierras N.º 26.737, aunque persisten dudas sobre la posición definitiva de ese sector.
Los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora confirmaron que buscarán dar quórum y rechazar el decreto. Sin embargo, de los seis integrantes del bloque Provincias Unidas, se considera segura la participación de cinco. No se incluye a Alejandra Torres, integrante de la Fundación Mediterránea. Entre los impulsores de la sesión también existe desconfianza sobre el comportamiento final de este bloque y su posible efecto sobre otras fuerzas parlamentarias.
El conteo de apoyos cambia de manera constante. Según trascendió entre los bloques convocantes, existe preocupación por la posibilidad de que legisladores aliados del Gobierno se sienten en el recinto sin permitir que se alcance el número reglamentario, una dinámica que ya se registró en otras sesiones complejas.
Entre quienes adelantaron su disposición a dar quórum figura el salteño Bernardo Biella. En cambio, los otros dos diputados de Salta que responden al gobernador Gustavo Sáenz, Yolanda Vega y Pablo Outes, no habían confirmado su presencia y podrían resultar determinantes.
También mantienen una posición indefinida los tres diputados tucumanos ex Unión por la Patria vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo. La presidenta de ese bloque, Gladys Medina, participó de reuniones de comisión que permitieron avanzar con el dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Consultada sobre la sesión, señaló que todavía no habían tomado una decisión, aunque aclaró que no acompañaban el dictamen oficialista sobre desalojos exprés y fábricas recuperadas.
Las dudas también alcanzan a los exlibertarios Claudio Álvarez y Gerardo González, del bloque Argentina Federal, y a Lourdes Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza que actualmente forma parte de Provincias Unidas. Asimismo, se observa la postura de los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, representado por Scaglia y Núñez, y Ignacio Torres, de Chubut, vinculado al diputado Ávila.
En Chubut, además, surgió una polémica a partir de un informe del Observatorio de Tierras. El reporte indicó que la empresa Loma Alta Propiedades conocía el fallo de la Corte Suprema antes de que se hiciera público y habría intentado aprovechar el período previo a la segunda resolución para promocionar un campo en Río Pico. La publicación ofrecía un predio con costa de lago, laguna y río, aptitud turística y forestal, acceso exclusivo a espejos de agua y ubicación en zona de frontera. El gobernador Torres no había brindado explicaciones sobre el tema.
Este miércoles, el Gobierno realizó un nuevo intento para evitar la sesión y preservar el DNU 70/2023. La propuesta consiste en sumar dos artículos al proyecto con media sanción del Senado sobre inviolabilidad de la propiedad privada: uno para restituir la Ley de Tierras N.º 26.737 y otro para dejar sin efecto el artículo 154 del decreto, que derogaba esa norma. El oficialismo buscaría llevar ese texto al recinto el 21 de octubre. En caso de aprobarse, debería regresar al Senado, donde su tratamiento aparece como complejo.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la iniciativa como una “maniobra de cuarta” y cuestionó que pueda ser utilizada como argumento para no dar quórum. Por su parte, Nicolás del Caño convocó a movilizarse el jueves contra las políticas del Gobierno. Se prevén convocatorias desde las 12 horas.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano cuestionó a La Libertad Avanza por volver a plantear una norma impulsada originalmente por el peronismo, mientras que Paula Penacca criticó al ministro Federico Sturzenegger.
Según las versiones que circularon desde el Senado, incluso dentro del bloque oficialista no habría disposición para tratar la modificación de la Ley de Tierras dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Para los sectores que impulsan el rechazo legislativo, mientras no se derogue el DNU 70/2023 continuarán vigentes disposiciones que consideran una amenaza a la soberanía, así como la derogación de la Ley de Alquileres y la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga.