El gobierno de Javier Milei avanza en una reforma de la Ley de Semillas que, según los cuestionamientos planteados por organizaciones y sectores críticos, busca limitar o eliminar el denominado uso propio: el derecho de los productores a conservar una parte de su cosecha para volver a sembrarla sin afrontar pagos adicionales. La iniciativa se vincula con las demandas de corporaciones como Bayer, GDM y otras empresas reunidas en la Asociación Semilleros Argentinos (ASA).
La discusión se produce en un escenario atravesado por decisiones judiciales y acuerdos comerciales. A fines de septiembre, la Corte Suprema de la Nación dejó sin efecto la medida que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras, al restituir el artículo 154 del DNU 70/2023. Días más tarde, el 9 de octubre, emitió una cautelar interina que volvió a suspender ese mismo artículo. En esa decisión, Carlos Rosenkrantz, exabogado de Monsanto, votó en disidencia.
A comienzos de 2026, la administración de Milei firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos. Dentro de ese entendimiento aparece el requerimiento de modificar o derogar la Ley de Semillas para adecuar la producción agrícola a las normas de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91). Una exigencia similar figura en el capítulo de propiedad intelectual del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y también había sido incluida en el texto inicial de la Ley Bases.
La disputa por las regalías y la resiembra
Las compañías de biotecnología, entre ellas ASA, Bayer y GDM, pretenden restringir el derecho a resembrar para percibir regalías. El debate gira en torno a qué productores podrán reservar granos para su próxima siembra, qué escala productiva se tomará como referencia, quiénes deberán pagar y qué mecanismos protegerán los derechos de propiedad sobre la innovación genética.
El cambio central implicaría impedir la reutilización de semillas obtenidas de la cosecha. De ese modo, los productores deberían adquirir cada año semillas de Monsanto-Bayer u otras empresas, junto con el paquete tecnológico asociado a los cultivos genéticamente modificados. Como antecedente, se menciona el caso de Estados Unidos en el que un productor perdió un juicio iniciado por Monsanto por reutilizar semillas provenientes de su propio campo.
El debate afecta particularmente al modelo basado en el monocultivo exportador, dependiente de semillas transgénicas y agroquímicos. Los críticos de la reforma sostienen que la medida reorientaría la apropiación de ganancias en el sector agropecuario, sin responder a la necesidad de producir alimentos nutritivos y accesibles ni a las consecuencias socioambientales del modelo.
Soja y trigo, en el centro del conflicto
Las multinacionales Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta y la empresa argentina GDM, agrupadas en ASA, coinciden con grandes productores y pools de siembra vinculados a entidades como Aapresid y CREA en la intención de terminar con el uso propio. Este derecho está contemplado en la Ley de Semillas N.º 20.247, sancionada en 1973, y fue resguardado por el Acta UPOV 78, a la que Argentina adhirió durante la década de 1990.
El principal foco de la discusión es la soja y el trigo. Por tratarse de cultivos autógamos, que se autopolinizan, los granos cosechados reproducen la genética original —incluido el evento transgénico de resistencia a herbicidas— sin pérdida de calidad o rendimiento. Esto los diferencia del maíz híbrido, cuya resiembra obliga a adquirir nuevas semillas en cada campaña por la pérdida de rendimiento.
Durante la campaña agrícola 2025/2026, las exportaciones del complejo soja y trigo, entre granos y derivados, estuvieron cerca de los 50 millones de toneladas y representaron aproximadamente 24.000 millones de dólares. Esa cifra superó el 80% de las reservas internacionales totales del Banco Central y el conjunto de los vencimientos anuales de deuda externa.
En junio, el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, promovió junto con la Secretaría de Agricultura y el INASE la Resolución Conjunta 3/2026. La normativa estableció un esquema de inspecciones en los puntos de entrega de cosecha para identificar la marca o patente genética de la semilla empleada.
Un mercado concentrado
La semilla constituye el punto de partida de toda la cadena productiva agrícola. De acuerdo con cifras del sector, el mercado formal y legal de semillas y biotecnología agrícola en Argentina mueve entre 1.200 y 1.500 millones de dólares por año. La mayor parte de esos ingresos corresponde a las semillas híbridas de maíz, donde no existe el uso propio y la compra debe repetirse en cada campaña.
Registros del INASE y estimaciones de ASA indican que entre el 60% y el 70% del área sembrada con soja y trigo en el país utiliza actualmente semilla reservada. La eliminación de la gratuidad del uso propio podría habilitar para las empresas un negocio de entre 300 y 500 millones de dólares anuales en Argentina.
El comercio mundial y nacional de semillas presenta una estructura oligopólica. Corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta/ChemChina, Corteva y BASF, junto con firmas de genética local de alcance internacional como Grupo GDM (Don Mario) y Bioceres, concentran más del 60% del comercio global de semillas comerciales y tres cuartas partes del mercado de agroquímicos.
GDM provee genética para cerca del 45% de la soja cultivada en el mundo y controla más de la mitad del mercado de semillas en Argentina y Brasil. La empresa mantiene alianzas con compañías químicas que licencian patentes biotecnológicas. Según el planteo crítico, las variedades de GDM y los eventos de resistencia a herbicidas o plagas se complementan comercialmente, por lo que la compañía es una de las principales defensoras de UPOV 91 dentro de ASA.
Por su parte, el entramado de Bioceres, impulsado históricamente por referentes como Gustavo Grobocopatel y con participación de grupos como Insud, de Hugo Sigman, superó ingresos globales anuales de entre 300 y 400 millones de dólares. GDM factura más de 500 millones de dólares por año y amplió su presencia regional mediante adquisiciones estratégicas, entre ellas negocios de la firma alemana KWS.
Para quienes cuestionan la reforma, el cambio normativo no representa una modernización técnica, sino una consolidación del modelo extractivista agroexportador, de la dependencia respecto de los agrotóxicos y de las dificultades para la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
Antecedentes de distintos gobiernos
Los intentos de modificar la Ley de Semillas atravesaron a los distintos gobiernos de las últimas décadas, desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Milei. Durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner se difundió la denominación de “Ley Monsanto” para cuestionar un borrador de reforma diseñado en coincidencia con los requerimientos de la empresa estadounidense ante el lanzamiento de la soja Intacta RR2.
Aquel proyecto buscaba adecuar la legislación argentina a UPOV 91 y restringir por primera vez el uso propio gratuito. La orientación continuó durante el macrismo, con el dictamen de 2018, y volvió a plantearse en la gestión de Alberto Fernández, mediante intentos de centralizar el cobro de cánones a través del INASE. En el gobierno de Milei, la adhesión a UPOV 91 formó parte del texto original de la Ley Bases.
El oficialismo argumenta que un nuevo marco legal serviría para combatir el “mercado negro de semillas” y reducir la brecha con Brasil. Según esa postura, la mayor protección de la propiedad intelectual y el uso extendido de semillas certificadas en el país vecino favorecieron la llegada de desarrollos biotecnológicos y elevaron los rendimientos por hectárea.
En un primer momento, el Gobierno buscó que las partes alcanzaran un entendimiento privado. Sin embargo, las empresas semilleras y las entidades del agro no lograron un acuerdo. Por ello, la administración nacional decidió intervenir para establecer las condiciones y límites del uso propio, mediante decretos o resoluciones del INASE.
Posiciones dentro de la Mesa de Enlace
En la Mesa de Enlace no existe una postura única. La Sociedad Rural Argentina (SRA) avala el reconocimiento del valor genético mediante acuerdos privados, aunque reclama reglas previsibles que no eleven excesivamente los costos de producción. CARBAP rechaza los mecanismos unilaterales de cobro y fiscalización en acopios y puertos.
La Federación Agraria Argentina (FAA), en tanto, se opone a UPOV 91 y advierte que terminar con el uso propio afectaría la autonomía productiva de pequeños y medianos productores. Uno de los aspectos centrales de la negociación es determinar hasta cuántas hectáreas se garantizaría el derecho al uso propio gratuito. El debate cobra especial importancia frente al reclamo generalizado de retenciones cero y a la discusión sobre un umbral de protección de hasta 500 hectáreas.
Según el artículo original, la principal barrera frente a las pretensiones de las empresas semilleras ha sido la resistencia de organizaciones campesinas, trabajadores rurales y sectores de la agricultura familiar.
Impacto sobre biodiversidad y alimentos
Las críticas a la reforma sostienen que la discusión deja en segundo plano las necesidades de las comunidades rurales y de los trabajadores del campo y las ciudades. Desde esa perspectiva, el objetivo de las empresas no sería mejorar la genética para alimentar a la población, sino extender el paquete tecnológico basado en semillas resistentes y agroquímicos patentados.
También se advierte que la privatización de las semillas afecta la biodiversidad construida históricamente por campesinos y comunidades rurales. Generaciones de productores seleccionaron entre 25.000 y 45.000 genes por cultivo; sobre ese patrimonio biológico acumulado, las compañías introducen modificaciones de uno o tres genes y luego reclaman derechos de propiedad intelectual sobre la planta y sus generaciones posteriores.
Según datos oficiales de la FAO citados en el texto, la estandarización de transgénicos e híbridos de laboratorio provocó la pérdida del 75% de la diversidad genética agrícola mundial durante el último siglo. Además, se vincula el uso de semillas transgénicas con la expansión de la frontera agrícola mediante desmontes, monocultivos y aplicación de agrotóxicos.
La eliminación del uso propio, de acuerdo con estos cuestionamientos, aceleraría la concentración de la tierra y afectaría de manera desigual a los productores de menor escala. Mientras los grandes pools de siembra y las compañías de mayor tamaño pueden absorber costos mediante economías de escala, pequeños y medianos productores tendrían un impacto más severo sobre sus márgenes de rentabilidad.
La aplicación de UPOV 91 también podría incidir sobre la producción de alimentos frescos. La horticultura y las economías regionales, como la papa en Buenos Aires, Córdoba y el NOA, o el ajo en Cuyo, dependen de la reserva de tubérculos y de variedades locales de polinización abierta, entre ellas las líneas UCO del INTA.
El cobro obligatorio de licencias por cada ciclo de multiplicación vegetal y la dependencia de híbridos importados valuados en dólares, según la postura expuesta, encarecerían la producción de la agricultura familiar y trasladarían ese costo a los precios de verduras y hortalizas en el mercado interno.
La conclusión planteada por el texto original propone ir más allá de la preservación de los aspectos vigentes de la Ley de Semillas y cuestionar la propiedad privada, la concentración de la tierra, la lógica extractivista y los intereses que organizan la producción. Desde esa visión, la investigación biotecnológica debería desvincularse de la lógica de la ganancia y las semillas deberían recuperarse como patrimonio común, para impulsar una producción agroecológica y una planificación orientada a las necesidades populares.