La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) comenzó en Ereván, Armenia, con la participación de 197 países y se extenderá hasta el 30 de octubre. Bajo el lema “Actuar por la naturaleza”, el encuentro realiza la primera evaluación mundial del Marco de Kunming-Montreal, aprobado en la COP15 de 2022.
La cumbre presenta como avance el compromiso de proteger el 23 % de las áreas terrestres y marinas. Sin embargo, el artículo cuestiona ese resultado al señalar que todavía se encuentra por debajo de la meta del 30 % para 2030 y que buena parte de las superficies contabilizadas serían reservas donde continúan autorizándose actividades como la megaminería, la deforestación y la exploración petrolera. Desde esta perspectiva, el 77 % restante del planeta permanece expuesto al avance de intereses corporativos.
Otro de los principales cuestionamientos es el financiamiento. Las potencias imperialistas reconocen una brecha anual de 700.000 millones de dólares, mientras los países ricos no aportarían los recursos comprometidos para conservación. A la vez, el texto remarca que destinan montos superiores a subsidios para multinacionales de combustibles fósiles y al agronegocio.
Fuera de la sede de la conferencia, activistas y comunidades locales reclamaron el cierre de la mina de oro a cielo abierto Amulsar. La explotación, operada por Lydian Armenia —empresa de la que el Gobierno armenio posee el 12,5 % de las acciones—, fue reabierta pocos días antes de la COP17. Los manifestantes advierten sobre riesgos para las cuencas de agua y solicitan una nueva evaluación de impacto ambiental.
La inauguración contó con la asistencia del secretario general de la ONU, António Guterres, y de la diplomática alemana Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del CDB. Ambos firmaron la “Declaración de Ereván”, un documento político no vinculante que plantea la necesidad de ampliar la financiación pública y privada, aunque no establece nuevos recursos concretos.
Uno de los asuntos centrales será la reglamentación del Fondo Cali, creado para redistribuir una parte de los beneficios obtenidos por compañías farmacéuticas y biotecnológicas a partir del patrimonio genético de países dependientes. El texto critica que el mecanismo representa una compensación limitada frente a las ganancias de esas corporaciones.
Durante las primeras sesiones, el presidente de Irán, Masud Pezeshkián, alertó sobre las consecuencias ambientales de los ataques militares de Estados Unidos e Israel en la región. En ese marco, denunció la liberación de sustancias químicas peligrosas y sus efectos sobre los ecosistemas de Medio Oriente.
Rearme, emisiones militares y daños ambientales fuera de la agenda
El artículo sostiene que la agenda oficial deja de lado el impacto ambiental de los conflictos armados y de la industria de defensa. Las emisiones de las fuerzas armadas y del sector bélico no son obligatorias en los reportes de las cumbres de la ONU. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos y Ambiente (CEOBS), la actividad militar genera al menos el 5,5 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
También se cuestiona que los debates sobre la falta de recursos para la conservación no contemplen el aumento de los presupuestos militares de los países imperialistas. El texto menciona las huelgas y movilizaciones estudiantiles en Alemania contra la militarización y los recortes en educación, salud y ambiente.
Respecto de Gaza, más de 30 organizaciones denunciaron ante la ONU la destrucción de ecosistemas durante la ofensiva israelí. Según esas denuncias, el 96 % de las tierras agrícolas y los recursos hídricos de la Franja de Gaza habrían sido devastados, en un contexto de respaldo militar y suministro de armas por parte de Estados Unidos y potencias europeas.
Críticas a los gobiernos y al protagonismo empresarial
El texto cuestiona la influencia de las grandes empresas en las deliberaciones de la COP17. Estados Unidos no participa de las votaciones debido a que no ratificó el tratado. En el caso de Argentina, la organización FARN informó que el país no entregó en plazo su Séptimo Informe Nacional, cuyo vencimiento fue en febrero, por lo que quedó fuera de la evaluación global. Esta situación es vinculada con una caída del 80,8 % en el presupuesto de Ambiente y con recortes al Fondo de Bosques Nativos, mientras se mantienen subsidios para empresas petroleras.
El 25 de octubre tendrá lugar el Foro de Empresas y Biodiversidad, con participación de bancos y aseguradoras como AXA, Federated Hermes y Storebrand. La red Forests & Finance calcula que, desde 2020, la banca privada invirtió 595.000 millones de dólares en actividades de agronegocio y minería vinculadas con bosques tropicales.
Ecologistas en Acción de España y la red internacional CBD Alliance advierten que las COP se han transformado en espacios para promover soluciones corporativas, entre ellas los créditos de biodiversidad. Estas organizaciones cuestionan que ese esquema permita a las multinacionales compensar la contaminación en un territorio mediante la compra de certificados de conservación en otro.
El balance planteado por el artículo es que las negociaciones de la ONU no ofrecen una respuesta suficiente frente a la crisis ecológica. En contraste, reivindica las movilizaciones sociales, como las registradas durante la COP30 en Belém do Pará en 2025, y sostiene que la defensa ambiental depende de la organización de la juventud, la clase trabajadora y las comunidades que resisten en sus territorios.