La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa que investigaba el préstamo de US$ 57.100 millones acordado entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional entre 2018 y 2019.
En el expediente estaban involucrados, entre otros exfuncionarios, los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes encabezaron el Banco Central en ese período, y el actual presidente de la entidad, Santiago Bausili, que entonces era secretario de Finanzas.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Según el artículo original, Borinsky y Hornos mantuvieron encuentros con Macri en la Quinta de Olivos, mientras que Carbajo fue designado camarista durante la presidencia del exmandatario.
El fiscal federal Raúl Pleé tuvo un papel relevante en el cierre del caso al informar que no presentaría un recurso de queja. De ese modo, la causa no llegará a la Corte Suprema para una nueva instancia de revisión.
Previamente, el 2 de febrero, la jueza federal María Eugenia Capuchetti había archivado el expediente al considerar que no existía delito. Esa resolución fue confirmada el 4 de septiembre por los jueces de la Cámara de Apelaciones porteña Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El fiscal ante esa Cámara, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso de Casación con fundamentos elaborados por el fiscal de instrucción Franco Picardi. Sin embargo, ante la decisión de Pleé de no avanzar más allá de esa instancia, la Sala IV dio por concluido el trámite.
El préstamo acordado durante la gestión de Cambiemos alcanzó los US$ 57.100 millones, de los cuales se desembolsaron aproximadamente US$ 44.500 millones, cerca del 80%. Los desembolsos restantes fueron suspendidos luego de la derrota electoral de Macri en las PASO de 2019.
Tras el triunfo del Frente de Todos, Alberto Fernández había prometido investigar el endeudamiento, aunque posteriormente su gobierno respaldó un acuerdo de renegociación que fue aprobado por el Congreso.
El texto original cuestiona el cierre judicial y sostiene que la investigación podía abordar presuntas irregularidades vinculadas al acuerdo y a funcionarios del FMI, entre ellos Christine Lagarde. También critica la continuidad de los pagos al organismo internacional.
En ese sentido, señala que el Gobierno de Javier Milei realizó recientemente un pago de US$ 800 millones al Fondo Monetario Internacional, en un contexto de ajuste fiscal y deterioro de las condiciones sociales. Finalmente, el artículo expresa la posición del Frente de Izquierda, que propone desconocer la deuda que considera ilegítima y rechazar su pago.