La coalición que impulsó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca reúne intereses económicos, corrientes religiosas, nacionalismos, sectores conspirativos, capital tecnológico y una base popular enfrentada al establishment. Aunque estos grupos coinciden en su rechazo a las élites liberales, la inmigración, el feminismo y la izquierda, sostienen diferencias relevantes sobre la estrategia de Estados Unidos, la política exterior y el modelo económico.
La guerra contra Irán, la relación con Israel, el aumento del costo de vida y la disputa por la sucesión de Trump dejaron al descubierto las tensiones de una alianza heterogénea. Bajo la consigna America First, distintos sectores compiten por definir cómo sostener la hegemonía estadounidense.
Una coalición con objetivos contradictorios
El movimiento MAGA —Make America Great Again— se consolidó combinando proteccionismo económico, conservadurismo religioso, rechazo migratorio, hostilidad hacia las élites liberales y cuestionamientos a la política exterior tradicional de Washington. Su fortaleza fue agrupar a corrientes sociales y políticas distintas alrededor de la idea de que la globalización perjudicó a Estados Unidos, que sus dirigentes abandonaron a los trabajadores y que el país debía recuperar su soberanía.
El movimiento recoge experiencias previas de la derecha estadounidense, como la alt-right surgida en foros de internet y el Tea Party. Sin embargo, también expresó un acuerdo entre sectores del establishment acerca de la necesidad de recuperar posiciones en la competencia mundial mediante una política imperialista más agresiva.
Detrás de la retórica sobre soberanía y oposición a las guerras interminables, convivió el propósito de reafirmar la hegemonía de Estados Unidos a través de la coerción económica, la presión diplomática y la intervención militar. Parte de la clase dominante optó por el hard power, es decir, por la imposición mediante la fuerza, incluso a costa del orden basado en reglas y del multilateralismo promovidos históricamente por el propio imperialismo estadounidense.
La guerra contra Irán y los límites de America First
Trump construyó una parte central de su identidad política mediante la denuncia de las intervenciones militares de Washington. Las guerras de Irak y Afganistán, los gastos militares y la incapacidad de gobiernos anteriores de traducir la superioridad internacional estadounidense en mejoras para su población ocuparon un lugar destacado en su crítica al establishment.
Pero ese aislacionismo no implicó una renuncia al imperialismo. Trump cuestiona ciertas modalidades de intervención, aunque no el derecho que Washington se atribuye de definir el orden de su entorno estratégico, imponer condiciones a otros Estados y emplear su superioridad económica y militar para defender sus intereses.
El trumpismo reafirmó la doctrina Monroe, rebautizada cínicamente como doctrina Donroe, así como el excepcionalismo estadounidense y el destino manifiesto. Estas concepciones políticas y religiosas presentan a Estados Unidos como una nación legitimada para ejercer un poder predominante sobre otros territorios y pueblos. A la vez, la política de imperialismo agresivo intenta conservar el discurso de atender primero los asuntos internos y concentrar su influencia en la región cercana, en oposición a las guerras prolongadas promovidas por los llamados halcones republicanos y demócratas.
La guerra contra Irán hizo visible esta contradicción. Si la prioridad son los trabajadores estadounidenses, el conflicto plantea interrogantes sobre los beneficios que pueden obtener de una guerra que consume recursos, incrementa la incertidumbre internacional y repercute en los precios de la energía. La administración que prometió terminar las guerras interminables volvió a involucrarse en una intervención de duración incierta.
A diferencia de Irak y Afganistán, conflictos precedidos por los atentados del 11 de septiembre y por extensas campañas de legitimación, la guerra contra Irán —un adversario más poderoso— no contó con una preparación similar de la opinión pública, pese a la agitación sobre una supuesta amenaza nuclear iraní y las críticas al autoritarismo de la autocracia de los ayatolás. Desde sus inicios, una mayoría de la opinión pública estadounidense y, con mayor fuerza, los aliados europeos cuestionaron sus motivos y legitimidad.
Trump busca conservar los beneficios de una hegemonía estadounidense cuestionada y en declive sin asumir de manera indefinida todos sus costos. Estados Unidos sigue siendo una potencia dominante, pero encuentra más obstáculos para transformar su superioridad económica, militar y tecnológica en un orden internacional estable, aceptado por sus aliados y sostenible para su propia sociedad.
La competencia entre potencias, el peso creciente de la deuda estadounidense, los límites de las intervenciones militares y el costo interno de mantener la primacía alimentan una discusión en la derecha: cómo preservar la hegemonía y competir con China, convertida en principal socio comercial de antiguos aliados de Washington, a un costo menor.
América Latina como prioridad estratégica
América Latina ocupa un lugar central en esta reorientación. Frente al cuestionamiento de su hegemonía global y a la rivalidad creciente entre potencias, Washington procura reforzar su control sobre el hemisferio occidental y limitar la autonomía de los gobiernos regionales.
La doctrina Donroe expresa la pretensión de reafirmar a América Latina como una zona de intervención exclusiva de Estados Unidos, privilegiando sus intereses económicos, el acceso a recursos estratégicos e impidiendo que sus competidores amplíen su presencia. Esto incluye intervenciones en procesos electorales, presiones de embajadores sobre dirigentes, periodistas y empresarios, y formas abiertas de sometimiento neocolonial.
El respaldo financiero al gobierno argentino de Javier Milei antes de las elecciones de 2025 y la operación militar en Venezuela del 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado forzado a Estados Unidos, ilustran dos modalidades de intervención. La primera consiste en la injerencia electoral, como en Colombia y Brasil, que puede incluir respaldo económico condicionado a gobiernos aliados, como ocurrió en Argentina. La segunda es la intervención militar directa contra gobiernos considerados adversarios, como Venezuela.
Washington también plantea una ofensiva mayor contra Cuba. En este sentido, America First no supone abandonar el intervencionismo, sino concentrarlo en el territorio que considera su patio trasero. La paradoja es que Trump cuestiona compromisos militares costosos en otras regiones mientras reafirma el derecho de Estados Unidos a intervenir y condicionar las decisiones soberanas latinoamericanas.
Israel, sionismo cristiano y antisemitismo
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán abrió una de las principales fracturas de MAGA: el debate sobre hasta qué punto la política exterior de Washington debe estar subordinada a la defensa de Israel. Para algunos sectores, la relación con el Estado israelí es una alianza estratégica central. Para otros, comprometer recursos estadounidenses en esa guerra contradice la consigna de America First.
Una de las bases más importantes del respaldo a Israel es el sionismo cristiano, con fuerte presencia entre los conservadores evangélicos. Su apoyo se funda en una interpretación bíblica según la cual el pueblo judío tiene un vínculo especial con Dios y el Estado de Israel ocupa un papel particular en sus promesas. La organización Christians United for Israel (CUFI) sostiene que apoyar a Israel es una obligación derivada de la Biblia.
Esta posición religiosa se combina con una visión conservadora del orden social y con la defensa del liderazgo estadounidense en el mundo. Israel aparece como aliado de Occidente frente al islam político, el terrorismo y los adversarios de Washington. También existen redes de influencia política, entre ellas AIPAC —American Israel Public Affairs Committee—, que promueve la alianza entre Estados Unidos e Israel, presiona por asistencia militar y diplomática y participa en campañas electorales apoyando a candidatos favorables a esa relación.
La guerra contra Irán transformó estas diferencias en un enfrentamiento abierto. El periodista conservador Tucker Carlson, quien respaldó firmemente a Trump durante la campaña, criticó la intervención militar y cuestionó que Estados Unidos asumiera los costos de una guerra estrechamente vinculada con los objetivos del gobierno israelí. En la posición opuesta, Ben Shapiro y Mark Levin defendieron una línea más belicista y un apoyo firme a Israel.
La controversia se trasladó a los medios conservadores y adquirió un tono personal, mostrando que el respaldo a Trump no garantiza coincidencias acerca de cómo debe ejercer Estados Unidos su poder internacional. El estancamiento de la guerra en Irán, sin una intervención rápida y exitosa, impulsó los precios internacionales del petróleo y la caída electoral de Trump.
Por otro lado, Nick Fuentes, activista de extrema derecha nacionalista blanca, combina su rechazo al respaldo estadounidense a Israel con un antisemitismo explícito. Su postura no equivale a una crítica de la política israelí o de una alianza militar: Fuentes convierte a los judíos en un enemigo colectivo y apela a prejuicios antisemitas para explicar la política de Estados Unidos.
Dentro de la derecha coexisten defensores incondicionales de Israel y corrientes que rechazan esa alianza desde posiciones nacionalistas y antisemitas. Aunque comparten la oposición al progresismo y las élites liberales, discrepan sobre quién representa a la nación, qué intereses debe defender Estados Unidos y cómo interpretar el vínculo con Israel.
La disputa no enfrenta solamente a una derecha religiosa con otra secular. Se trata de distintas definiciones del nacionalismo estadounidense y de la relación del país con el poder global. Para los sionistas cristianos y los conservadores comprometidos con Israel, la alianza es parte de la defensa de Occidente. Para los nacionalistas críticos de las intervenciones externas, el compromiso militar con Israel puede significar abandonar las prioridades nacionales. Para los antisemitas, incluidos católicos radicales, el conflicto se interpreta mediante teorías conspirativas que atribuyen a los judíos una responsabilidad colectiva por las decisiones de Washington.
La guerra cultural como punto de unión
A pesar de sus desacuerdos sobre Israel y la política exterior, diversos sectores de MAGA coinciden en la oposición al feminismo, los derechos de las personas LGBT+, las políticas de diversidad y lo que describen como una imposición progresista o woke. Estas campañas defienden una visión jerárquica de la familia, la religión y la identidad nacional, y ofrecen un terreno común de movilización para grupos con estrategias internacionales diferentes.
En sus variantes más radicalizadas, esta defensa de las jerarquías tradicionales cuestiona incluso derechos políticos conquistados históricamente. En sectores de la nueva derecha estadounidense ganó visibilidad la propuesta One Family, One Vote, o “una familia, un voto”, que plantea sustituir el sufragio individual por un único voto familiar, habitualmente ejercido por el varón considerado jefe del hogar.
La iniciativa circuló entre influencers y referentes del nacionalismo cristiano, aunque no constituye por ahora un proyecto legislativo con posibilidades concretas de aprobación. Su relevancia radica en que vuelve a poner en discusión la autonomía electoral de las mujeres y presenta la subordinación de sus decisiones a la autoridad masculina como una restauración del orden familiar.
Sin embargo, la guerra cultural no puede reducirse a una maniobra para desviar la atención de los problemas económicos. La crisis de asequibilidad, el costo de la vivienda y la salud, los salarios y las condiciones laborales son problemas materiales que atraviesan a la sociedad estadounidense. La derecha busca canalizar parte de ese malestar hacia conflictos de identidad, familia y costumbres, pero también pueden surgir organizaciones colectivas que cuestionen el poder empresarial. Las campañas sindicales y las luchas de trabajadores muestran que la respuesta a la inseguridad económica no se limita a la confrontación cultural.
Epstein y la credibilidad antielitista
El escándalo de Jeffrey Epstein abrió otro frente para un movimiento que se había presentado como una rebelión contra las élites corruptas. Durante años, parte del universo conspirativo cercano a Trump sostuvo que las instituciones políticas, económicas y culturales protegían redes de poder que operaban por encima de la ciudadanía.
QAnon fue una de las principales expresiones de este imaginario, al sostener que George Soros y otros financistas del Partido Demócrata integraban una gran red de trata de niños. La promesa de revelar esa corrupción se volvió un elemento central de la identidad del movimiento. Por sus vínculos con figuras poderosas, el involucramiento irrefutable de Trump y las dudas sobre la transparencia de la investigación, el caso Epstein adquirió un significado especial.
El problema para Trump apareció cuando las exigencias de transparencia alcanzaron a su propia administración. Marjorie Taylor Greene, una de las dirigentes más identificadas con el trumpismo, se enfrentó al presidente por la publicación de documentos vinculados a Epstein. La disputa escaló hasta que Trump la calificó de traidora y le retiró su apoyo político. Greene afirmó que defendía a las víctimas frente a los intentos por restringir la divulgación de información.
El conflicto muestra que la lealtad a Trump no elimina las tensiones dentro de la coalición. Además, plantea una cuestión de largo plazo: quién podrá mantener cohesionada esta alianza cuando Trump deje la presidencia.
J. D. Vance y Marco Rubio ante la sucesión
La imposibilidad constitucional de que Donald Trump vuelva a ser elegido presidente en 2028 abre una disputa sucesoria dentro del Partido Republicano y de MAGA. El vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio aparecen como dos de las figuras con mayores posibilidades de heredar su liderazgo.
Vance llegó a la vicepresidencia tras haber sido senador por Ohio. Exmilitar y autor de Hillbilly Elegy, libro en el que relata su experiencia desde una mirada meritocrática, construyó su perfil denunciando la desindustrialización y el abandono de sectores de la clase trabajadora estadounidense. Su discurso combina nacionalismo económico, conservadurismo social y críticas a las intervenciones militares prolongadas.
Dentro de MAGA, Vance representa especialmente a quienes sostienen que Estados Unidos debe concentrar recursos en la competencia económica, la reconstrucción industrial y la defensa de intereses estratégicos, evitando guerras que no generen beneficios directos para el país.
Rubio representa otra tradición republicana. Hijo de inmigrantes cubanos “gusanos”, fue senador por Florida y desarrolló una trayectoria basada en la defensa de una política exterior agresiva contra gobiernos considerados adversarios de Washington, particularmente en América Latina. Como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Trump, expresa una orientación más favorable al uso del poder militar, al sostenimiento de alianzas estratégicas y a la defensa firme de Israel.
Rubio fue una figura fundamental del sector que buscó una intervención directa en Venezuela, mantiene vínculos con líderes de derecha latinoamericanos y forma parte del sector que incrementó las presiones sobre Cuba. Las diferencias entre Vance y Rubio reflejan estrategias distintas para sostener la posición internacional estadounidense, así como desacuerdos sobre qué sectores deben beneficiarse de la intervención estatal, qué lugar debe ocupar la industria nacional y cómo debe relacionarse el poder político con las grandes corporaciones.
Antiglobalismo, Silicon Valley y crisis de MAGA
Trump convirtió la crítica al globalismo en una de sus principales banderas. Cuestionó instituciones como la ONU y la OMC, el libre comercio y la multiculturalidad; denunció la deslocalización industrial, los déficits comerciales y la pérdida de empleos manufactureros. Su política de aranceles buscó fortalecer determinados sectores productivos y utilizar el mercado estadounidense como instrumento de presión sobre otros países.
La alianza con grandes empresarios tecnológicos revela una contradicción central. MAGA se presentó como una rebelión contra las élites globalistas, pero incorporó a magnates y dirigentes empresariales como Elon Musk, aunque no sin conflictos internos, interesados en ampliar su influencia sobre las decisiones públicas.
La disputa entre Steve Bannon, por un lado, y Elon Musk y los sectores de Silicon Valley, por otro, refleja dos orientaciones de la derecha. Bannon cuestiona el poder de las corporaciones tecnológicas y denuncia la influencia de las élites económicas sobre el movimiento. Los sectores tecnocapitalistas buscan, en cambio, un Estado que favorezca la innovación, reduzca regulaciones y fortalezca la competencia tecnológica y militar estadounidense.
La ultraderecha antiglobalista no representa una alternativa al neoliberalismo, sino una reorganización bajo criterios nacionalistas y jerárquicos, tanto entre Estados como dentro de cada país, en la relación entre empresarios y trabajadores.
La guerra con Irán expuso los límites del proyecto de Trump para renovar el imperialismo estadounidense, aunque esto no hace menos peligroso a MAGA. La ofensiva sobre América Latina y la posibilidad de una nueva escalada en Oriente Medio muestran la persistencia de sus riesgos.
Las contradicciones internas de la ultraderecha revelan que no constituye un bloque homogéneo. Sus disputas pueden profundizarse si se agravan los problemas económicos, si sus planes fracasan o si aumentan las presiones de actores como Israel, Ucrania, Rusia, China o la Unión Europea. También expresan una dificultad creciente para consolidar posiciones reaccionarias en la población, que rechaza sus políticas belicistas, militaristas y de recorte de libertades democráticas.
Los levantamientos contra ICE en Minneapolis, las manifestaciones de migrantes latinos en Nueva York y las movilizaciones No Kings en Estados Unidos son ejemplos de estas resistencias. Las elecciones legislativas de noviembre, en las que todo indica que el Partido Republicano perderá, pueden reflejar un rechazo al trumpismo.
Según esta perspectiva, derrotar a MAGA y a lo que representa exige construir una oposición directa desde la clase trabajadora, sin conciliación con el poder económico, mediante un movimiento socialista y revolucionario tanto en Estados Unidos como internacionalmente, con el objetivo de terminar con el imperialismo y sus expresiones más reaccionarias, como el trumpismo.