El 25 de octubre de 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín decretó por 60 días la suspensión de garantías y derechos constitucionales en todo el país. A 41 años de aquella medida, el estado de sitio vuelve a ser analizado como una herramienta utilizada por el poder ante escenarios de crisis y conflictividad social.
La presidencia de Alfonsín, que en 1983 derrotó al peronismo en crisis y abrió la transición a la democracia capitalista, suele asociarse con la denominada “primavera democrática”. Sin embargo, durante ese período también se recurrió a decretos de estado de sitio. Según esta mirada, la apertura política no modificó el carácter de clase del Estado, que ante la protesta y las crisis del orden capitalista combinó concesiones, negociaciones y represión.
El primer decreto fue firmado el 25 de octubre de 1985, con vigencia nacional durante 60 días. El Decreto 2069/85 sostuvo que era deber del Estado asegurar el funcionamiento de las instituciones republicanas y la paz social, para impedir que “minorías embozadas” atentaran contra la libertad conquistada por el pueblo argentino. Alfonsín justificó la decisión en el marco de atentados y amenazas registrados mientras se desarrollaba el Juicio a las Juntas militares.
El Gobierno también buscaba fortalecer su consenso político de cara a las elecciones legislativas de ese año. A la vez, enfrentaba un conflicto obrero de relevancia: la toma y el control de la planta de Ford por sus trabajadores durante 20 días, que fue desalojada por las Fuerzas Armadas en junio de 1985. La protesta expuso la disposición de sectores de la clase trabajadora a rechazar los costos que las patronales pretendían trasladarles mediante el Plan Austral, un programa de shock de 1985 basado en el congelamiento de precios y salarios y orientado por los lineamientos del FMI.
Casi cinco años después del inicio de su mandato, la herencia económica de la dictadura permanecía intacta. El Plan Primavera, implementado en 1988, siguió una orientación similar a la del fallido Plan Austral. A comienzos de 1989, el Banco Mundial y el FMI anunciaron el fin de los créditos al país, lo que profundizó la crisis. La devaluación fue acompañada por una inflación del 33 % en abril y del 78,6 % al mes siguiente.
De acuerdo con el historiador Ezequiel Adamovsky en Historia de la Argentina, la inflación se aproximó al 3.620 % anual. La pobreza y la indigencia alcanzaron niveles inéditos: 47,3 % y 17,5 %, respectivamente. En ese contexto, medidas como el Plan Alimentario Nacional, conocido como PAN, y el subsidio al desempleo resultaron insuficientes.
En mayo de 1989, los saqueos a comercios y supermercados en Rosario y el Gran Buenos Aires expresaron la demanda desesperada de alimentos de familias populares. La respuesta oficial volvió a ser represiva: el 29 de mayo, Alfonsín decretó un nuevo estado de sitio por 30 días. El saldo fue de 14 muertos, cientos de heridos y la posterior entrega anticipada del poder a Carlos Menem.
Una herramienta para sostener el orden
La declaración del estado de sitio corresponde al Congreso. No obstante, cuando el Parlamento se encuentra en receso, el Poder Ejecutivo puede disponerlo provisionalmente por decreto ante una conmoción interior. Si se trata de un ataque exterior, requiere la aprobación del Senado. El único antecedente citado para este último caso es la Guerra con el Paraguay de 1865.
La aplicación del estado de sitio suspende garantías individuales y habilita la detención o el traslado de personas dentro del país, salvo que opten por salir del territorio argentino, una posibilidad conocida como “derecho de opción”. Desde esta perspectiva, se trata de un mecanismo constitutivo de la dominación estatal y de una democracia al servicio de los sectores ricos y propietarios del país.
Su activación aparece, según el artículo, cuando la conflictividad social amenaza con superar los canales tradicionales de contención política o sindical. En esas circunstancias, las protestas obreras, estudiantiles y sociales pueden ser presentadas como conspiraciones contra la Nación o amenazas al orden institucional, habilitando la concentración de poder y una mayor libertad de acción para las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas.
El recurso tiene antecedentes históricos. Arturo Frondizi decretó el estado de sitio en noviembre de 1958 y lo mantuvo durante tres años para enfrentar la huelga petrolera. Esa decisión fue un antecedente directo del Plan Conintes, que subordinó las fuerzas de seguridad al mando de las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos.
En noviembre de 1974, el gobierno de María Estela Martínez de Perón dictó otro estado de sitio, que implicó un aumento de la violencia estatal mediante detenciones sin orden judicial, allanamientos sin restricciones y prohibiciones de movilización. La medida fue presentada como una forma de preservar la tranquilidad, en un contexto de enfrentamientos en las calles con el Pacto Social y la burocracia sindical peronista. Aquel clima de excepcionalidad anticipó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Después de los estados de sitio de Alfonsín y Menem, se produjo el caso de Fernando De la Rúa. Tras casi tres años de recesión, desempleo récord y el corralito, el presidente decretó el 19 de diciembre de 2001 el estado de sitio mediante una cadena nacional. La medida precedió una represión que dejó 39 muertos. La movilización popular desbordó la prohibición de circular, De la Rúa dejó el Gobierno en helicóptero al día siguiente y el decreto perdió vigencia en los hechos antes de llegar al Congreso.
Un estado de sitio “de hecho”
El texto sostiene que el actual gobierno de Javier Milei representa a una burguesía subordinada al proyecto de Donald Trump y busca refundar un régimen bonapartista y autoritario apoyado en el imperialismo. En ese marco, afirma que la democracia de los sectores ricos necesita disciplinar la resistencia social mediante protocolos, vallados y despliegues policiales.
Como ejemplos, menciona las movilizaciones semanales de jubilados frente al Congreso, los gases lacrimógenos y golpes contra fotógrafos y cronistas, además del despliegue de infantería y las persecuciones en moto desde el inicio de la actual gestión. Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, publicado en enero de este año, registró más de 1.300 heridos, el uso sistemático de armas de fuego y tareas de inteligencia ilegal en las calles en el marco de la represión a la protesta social.
También señala que las iniciativas impulsadas en materia de Defensa y Seguridad buscan habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el disciplinamiento de la protesta sin asumir el costo político de declarar formalmente el estado de sitio. La caracterización es la de una institucionalización de un estado de excepción de baja intensidad.
Según el artículo, esta política cuenta con la colaboración y el aval de otros poderes del Estado, configurando una democracia tutelada en la que el estado de sitio no se declara formalmente, pero operaría en los hechos. En ese sentido, se cita a Myriam Bregman: “Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, suspende de hecho las garantías constitucionales. No vamos a permitir que naturalicen un estado de sitio sin declararlo”.
La nota plantea, además, que el uso permanente de la represión no necesariamente demuestra fortaleza, sino que puede expresar la fragilidad de un gobierno sostenido por respaldos políticos y mediáticos prestados y comprados. Frente a un descontento social creciente, ese equilibrio podría verse afectado por una crisis inesperada.
Este año se cumplen 41 años del primer decreto de estado de sitio de Alfonsín tras la dictadura militar y también se cumplirán 25 años de las jornadas de diciembre de 2001. El artículo concluye que aquellos acontecimientos dejaron una lección vigente: los ataques a las libertades democráticas se enfrentan en las calles. También vincula esa lectura con las protestas contra el Decreto 70/2023 y con la acción de los trabajadores del subte, que lograron hacer retroceder al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, frente a medidas cuestionadas por avanzar contra el derecho a la protesta.