Albania atraviesa desde hace meses una creciente movilización popular que se ha convertido en una de las mayores crisis políticas del país en décadas. Jóvenes se enfrentaron con la policía, se registraron calles incendiadas y miles de personas salieron a manifestarse bajo una consigna central: Albania no está en venta.
Las protestas se vinculan con otras movilizaciones juveniles en Francia y distintos países de Europa, pero expresan también un profundo rechazo al Gobierno albanés y al funcionamiento del sistema político. El primer ministro Edi Rama, en el poder desde 2013, enfrenta cuestionamientos que exceden un conflicto puntual.
El detonante fue un proyecto para desarrollar un gigantesco complejo turístico de lujo relacionado con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y con Ivanka Trump. La iniciativa prevé inversiones multimillonarias y construcciones en áreas costeras de alto valor ecológico, como el entorno protegido de Vjosa-Narta y la isla de Sazán.
Para avanzar con estos emprendimientos, el Gobierno promovió modificaciones legales que habilitaron la construcción en zonas protegidas. Organizaciones ambientalistas denunciaron que las obras implicarían la destrucción de dunas y bosques.
Para los manifestantes, la indignación no se limita al posible impacto ambiental. También cuestionan que un país empobrecido ceda parte de su patrimonio natural para negocios ligados a una de las familias más poderosas de Estados Unidos.
El conflicto se desarrolla en un contexto social marcado por bajos ingresos, alquileres elevados, expansión del empleo precario y una juventud que, en muchos casos, considera la emigración como su única alternativa.
El salario mínimo legal en Albania es de apenas 500 euros mensuales, mientras que el salario promedio real se ubica cerca de los 600 euros. El alquiler de un departamento sencillo de un ambiente en el centro de Tirana cuesta entre 450 y 600 euros al mes. A su vez, la canasta básica de alimentos y servicios públicos demanda entre 350 y 400 euros mensuales por persona.
Entre el 30% y el 40% de la fuerza laboral se encuentra en condiciones de trabajo precario e informal, mientras que el desempleo juvenil ronda el 18%.
Los estudiantes reclaman la renuncia de Rama, denuncian casos de corrupción y sostienen que tanto el oficialismo como los sectores tradicionales de la oposición están lejos de ofrecer respuestas a sus problemas. La represión de las protestas y la negativa del primer ministro a abandonar el proyecto turístico profundizaron la crisis.
Uno de los países más pobres de Europa queda así atravesado por la tensión entre un Gobierno que promete inversiones y crecimiento, y las críticas por el acceso privilegiado de capitales internacionales a territorios y recursos considerados patrimonio de toda la sociedad.
La movilización de la juventud albanesa pone en primer plano esa discusión y refleja cómo la precariedad y la falta de expectativas pueden derivar en una respuesta colectiva.