El debate sobre qué implica llegar a fin de mes volvió a tomar fuerza luego de que el presidente Javier Milei cuestionara a quienes afirman no poder hacerlo. “¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, preguntó, y calificó esa expresión como “una pelotudez del tamaño de una casa”.
Para amplios sectores de trabajadores, el problema no se limita a mantenerse con vida hasta el día 30, sino a poder hacerlo en condiciones dignas: pagar alquileres y servicios, acceder a una alimentación adecuada, comprar medicamentos, sostener a los hijos, descansar o realizar alguna actividad sin recurrir al endeudamiento ni resignar otras necesidades.
La situación adquiere una dimensión más grave en las infancias. La falta de proteínas suficientes entre los 0 y los 6 años no solo compromete la supervivencia, sino también el desarrollo adecuado durante esa etapa.
El planteo es que los avances de la ciencia y la tecnología deberían permitir trabajar menos, distribuir el empleo y garantizar salarios suficientes para una vida plena, con acceso a alimentación, vivienda, salud, educación, descanso y tiempo libre.
El acuerdo salarial en la Provincia de Buenos Aires
En la Provincia de Buenos Aires, el último acuerdo paritario prevé un incremento del 3% en octubre y otro 3% en noviembre, ambos calculados sobre los haberes de septiembre. La negociación volvería a abrirse en diciembre.
De acuerdo con los datos citados del INDEC, la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2026 fue del 23,6%. En ese mismo período, la pérdida salarial de los estatales bonaerenses alcanzó el 5,6%. Según el artículo, recién con el salario de noviembre, que se cobra en diciembre, se alcanzaría ese porcentaje, sin recomponer la caída ni las pérdidas acumuladas desde 2020, estimadas en un 37%.
El deterioro salarial, sostiene la nota, no responde a una única paritaria, sino a un proceso que se profundizó desde 2020 mediante acuerdos salariales por debajo de la inflación.
En septiembre de 2026, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes fue de $1.632.505, mientras que la Canasta Básica Alimentaria, que determina la línea de indigencia, se ubicó en $738.690.
Los salarios de octubre, a cobrar en noviembre, reflejan esa distancia: un trabajador inicial de la administración central con una jornada de 30 horas cobrará $634.069, por debajo de la línea de indigencia. Para una jornada de 40 horas, el ingreso será de $993.380, equivalente al 60,9% de la canasta de pobreza. Una enfermera con 48 horas semanales percibirá $1.258.000, el 77,1% de la CBT, mientras que un auxiliar de educación de 30 horas cobrará $811.353, el 49,7% de esa canasta.
Ante estos ingresos, muchas familias deben combinar dos, tres o más fuentes de dinero, hacer horas extras, conseguir otro empleo, endeudarse o recurrir a familiares para cubrir sus gastos básicos. Esta situación también reduce las posibilidades de descanso, formación y recreación.
Precarización y cuestionamientos a la gestión provincial
El texto señala además la existencia de decenas de miles de trabajadores estatales precarizados, con menores salarios y sin derechos laborales plenos. Sostiene que, desde la pandemia, la gestión de Axel Kicillof profundizó esta situación mediante becas para trabajadores y trabajadoras que no fueron incorporados a planta permanente, pese a cumplir funciones centrales en organismos, programas y servicios de salud.
Según la nota, mientras se sostiene la contratación bajo la modalidad de becas, se reducen las plantas permanentes en los ministerios. También vincula esa precarización previa en el Estado nacional con los despidos y cierres de áreas impulsados por el gobierno de Milei.
El artículo cuestiona asimismo que el Gobierno bonaerense haya apelado, el miércoles anterior a la publicación, una medida cautelar promovida por la Defensoría del Pueblo que había suspendido aumentos tarifarios en la provincia. La nota interpreta esa apelación como una defensa de las distribuidoras eléctricas y advierte sobre el impacto de los tarifazos en las familias trabajadoras.
Críticas al ajuste y a las conducciones sindicales
La publicación afirma que el acuerdo entre el gobierno de Kicillof y gremios estatales como ATE, UPCN, Fregepba, SUTEBA y CICOP traslada a los salarios, las condiciones laborales y los programas sociales el ajuste que, según sostiene, aplica el Gobierno nacional sobre la provincia.
También menciona el déficit del IPS y del IOMA, el deterioro de la salud y la educación públicas, el pago de la deuda contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal y un esquema impositivo que califica de regresivo, al considerar que beneficia a grandes propietarios rurales, empresas energéticas y empresarios.
Movilizaciones y organización desde abajo
Como respuesta a este escenario, el texto destaca distintas acciones de protesta: la Marcha de la Bronca organizada el 19 de septiembre en todo el país, la movilización del 15 de octubre contra el DNU 70/23 y la resistencia de los trabajadores del Subte frente a medidas atribuidas a Mauricio Macri.
También resalta la movilización de guardapolvos blancos realizada el jueves 22 de octubre en La Plata. De esa jornada participaron trabajadores de educación y salud, residentes, becarias, sectores estatales en lucha, Sutebas combativos de La Matanza y Tigre, más de diez seccionales opositoras de CICOP, ATE Sur y Alte Brown, la Multicolor y la Coordinadora Estatal de La Plata.
Las organizaciones marcharon a distintas dependencias y a la Gobernación para denunciar la paritaria acordada sin consulta a las bases, reclamar el pase a planta permanente y exigir aumentos salariales.
La nota concluye que, frente al ajuste de Milei y sus aliados, no existe una salida individual. Propone fortalecer la organización de base, recuperar los sindicatos como herramientas de lucha, coordinar los conflictos e impulsar una huelga general. Bajo esa perspectiva, plantea que el objetivo no debe ser solo sobrevivir, sino vivir plenamente.