La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA volvió a generar controversia luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados. La resolución fue dictada a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
Ante esa decisión, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que intervienen en el expediente como amigos del tribunal, solicitaron formalmente la participación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Se trata del organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en investigar hechos vinculados con funcionarios públicos.
Las organizaciones cuestionaron el sobreseimiento al considerarlo una medida “prematura” que, según plantearon, “fulmina cualquier posibilidad de acceder a la justicia” para esclarecer los hechos que involucran al Presidente y a su hermana. Señalaron que la PIA había iniciado un expediente propio sobre $LIBRA antes de la judicialización del caso, aunque Taiano no le dio intervención en la pesquisa judicial.
Por ese motivo, Inecip y Cipce pidieron que la PIA asuma de manera directa el ejercicio de la acción pública y apele la resolución firmada el 23 de octubre.
Un fallo emitido en menos de 26 horas
El dictamen de Taiano, en el que solicitó los sobreseimientos, fue firmado a las 11:32 del jueves. Martínez de Giorgi suscribió la resolución de 60 páginas a las 14:29 del viernes, menos de 26 horas después. Ninguno de los once imputados fue convocado a declaración indagatoria.
Los inversores que se consideraban damnificados habían sido apartados como querellantes en julio, una medida que fue confirmada por la Cámara Federal en septiembre.
La decisión judicial se basó, entre otros elementos, en informes elaborados por el propio Gobierno, incluido uno de la Oficina Anticorrupción. Ese organismo sostuvo que el tuit de Milei se publicó desde una cuenta personal y sin utilización de recursos públicos. El fallo también concluyó que los hechos no encuadraban en figuras penales como estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles.
El diputado Christian Castillo, integrante de la Comisión Investigadora del Congreso, cuestionó la resolución y afirmó: “Lo de Taiano y Martínez de Giorgi es un monumento general a la impunidad, un escándalo”. También criticó que no se hubiera entrevistado ni requerido declaraciones a Milei en el marco de la causa.
Elementos del expediente que no fueron profundizados
Entre las cuestiones mencionadas en relación con el expediente figuran siete llamados entre Milei y el lobbista Mauricio Novelli realizados en los minutos previos al tuit del 14 de febrero de 2025. También se menciona una nota recuperada del teléfono de Novelli, en la que se describe un presunto acuerdo por US$5 millones con Hayden Davis, así como transferencias por ese mismo monto a cuentas locales cuyos titulares no fueron citados a declarar.
Cuestionamientos a la actuación de Taiano
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados también puso el foco en el desarrollo de la pesquisa judicial. Castillo sostuvo que Taiano “mantuvo pisada la causa de una manera absolutamente escandalosa” y recordó que el teléfono de Novelli fue peritado recién en septiembre de 2025.
Además, cuestionó que, una vez obtenido el resultado, el fiscal lo hubiera “cajoneado”. Castillo también señaló un posible conflicto de interés, al mencionar que el hijo de Taiano integra la Jefatura de Gabinete y que el fiscal no se habría excusado. Según el diputado, el peritaje telefónico corroboró la hipótesis expuesta en el informe final de la Comisión sobre “la relación íntima de Milei con el lanzamiento de la estafa”.
Antes del sobreseimiento, en abril, diputados opositores que participaron de la Comisión Investigadora presentaron una denuncia contra Taiano ante el procurador Eduardo Casal por presunto “mal desempeño” y violación de los deberes de funcionario público.
La presentación cuestionó demoras en la investigación: los dispositivos de Novelli y Morales fueron secuestrados el 6 de marzo de 2025, pero su análisis fue ordenado recién el 9 de septiembre. El informe preliminar de esos peritajes llegó en noviembre y, según los denunciantes, el acceso integral de las partes al material no quedó garantizado hasta marzo de 2026. Durante ese período, no hubo indagatorias ni imputaciones formalizadas.
Los legisladores también objetaron que Taiano les negara vista del expediente. De acuerdo con los firmantes, esa decisión “quebró toda la tradición legislativa en materia de colaboración entre poderes”.
Castillo, firmante del informe de la Comisión, aclaró que planteó algunas disidencias vinculadas con la caracterización del Estado y del régimen político, aunque sostuvo que no afectan el cuerpo central de la investigación, que suscribió en su totalidad y que, según afirmó, demuestra que existió una estafa.
El debate alrededor de $LIBRA abarca así tanto la responsabilidad de quienes intervinieron en su lanzamiento como el desarrollo de la investigación judicial y el papel que el PTS en el Frente de Izquierda denomina “Partido Judicial”.
Desde ese espacio, el PTS propone la elección directa por voto popular de jueces y fiscales, la revocabilidad de los jueces, juicios por jurados para todo tipo de causas, la eliminación de privilegios económicos de magistrados y funcionarios judiciales, y el fin de la inamovilidad y de los cargos entendidos como una suerte de “título de nobleza”.
Foto: Javier Milei junto al creador de Libra, Hayden Davis.