El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Javier Milei alcanzaron un acuerdo técnico para completar la tercera revisión del programa económico suscripto en abril de 2025. El entendimiento abre la posibilidad de un nuevo desembolso cercano a US$ 900 millones, previsto para los primeros días de diciembre.
El ministro de Economía, Luis Caputo, valoró el anuncio como un respaldo a la orientación económica oficial. El FMI destacó la desaceleración inflacionaria, la política fiscal y la acumulación de reservas, aunque también ratificó la necesidad de continuar con el ajuste, las reformas laborales y de mercado, el impulso al RIGI y la búsqueda de financiamiento para atender los compromisos de deuda.
Metas fiscales, reservas y reformas
En su comunicado, el organismo afirmó que las políticas macroeconómicas y las reformas promercado contribuyeron a la desinflación y al fortalecimiento del sector externo. Según el FMI, las reservas internacionales netas se ubicaron unos US$ 4.000 millones por encima de la meta prevista para fines de junio, mientras que el Banco Central compró cerca de US$ 16.000 millones en lo que va del año.
También señaló que los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones superan los US$ 76.000 millones y que las exportaciones marcaron nuevos máximos. El Fondo espera que la puesta en marcha de estas iniciativas aporte al crecimiento y al empleo durante los próximos años. Sin embargo, los montos aprobados no representan inversiones ya ejecutadas, sino compromisos sobre los que, hasta el momento, se habrían concretado pocos avances.
En el frente fiscal, el FMI confirmó la meta de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026 y mantener un esfuerzo comparable en 2027. De esta manera, proyecta un cuarto año seguido de superávit primario y equilibrio fiscal global. El organismo sostiene que la contención del gasto permitiría resguardar partidas prioritarias de carácter social y de infraestructura.
Esta expectativa convive con conflictos vinculados al presupuesto universitario, los salarios estatales, las jubilaciones y el financiamiento de servicios públicos. El comunicado no detalla de qué forma se compatibilizará la continuidad del ajuste con la protección del gasto social y de infraestructura que el propio FMI plantea.
Al mismo tiempo, el organismo redujo su estimación de crecimiento para la Argentina en 2026, del 3,5% al 2,1%. La actividad económica se estancó en agosto, tras la fuerte caída registrada en julio. Así, las valoraciones sobre el programa se producen en un escenario de menor expansión prevista y dudas sobre la intensidad de la recuperación.
Deuda y necesidad de divisas
Uno de los principales desafíos del Gobierno es reunir los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año, en un contexto de presión sobre el tipo de cambio propio de los años electorales. La acumulación de reservas por parte del Banco Central no elimina esta dificultad, ya que las divisas también se destinan al pago de deuda y a atender la demanda del mercado, desde ahorristas hasta empresas y operadores financieros que buscan dolarizarse o sacar capitales del país.
El FMI resaltó las compras de divisas del Banco Central, los préstamos obtenidos y las operaciones destinadas a extender plazos de vencimiento. Sin embargo, esos ingresos deben compararse con las obligaciones financieras vigentes. La obtención de nuevos créditos para cancelar compromisos anteriores puede aliviar las necesidades inmediatas, pero no reduce el endeudamiento ni resuelve el problema estructural.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas, la deuda bruta total del Sector Público Nacional, sin contar las Letras Intransferibles del Banco Central, llegó a US$ 453.795 millones en septiembre de 2026. En los primeros nueve meses del año creció US$ 54.987 millones, mientras que desde noviembre de 2023 el aumento acumulado fue de US$ 99.066 millones.
Por su parte, la deuda denominada en moneda extranjera aumentó US$ 7.422 millones durante los primeros tres trimestres de 2026 y alcanzó los US$ 215.329 millones. Desde diciembre de 2023, el incremento acumulado fue de US$ 19.419 millones, impulsado principalmente por el financiamiento de organismos internacionales, incluido el FMI.
El incremento del stock de deuda se da junto con el superávit fiscal que defiende el Gobierno. Mientras busca recursos para cubrir vencimientos y mejorar el acceso al crédito, persiste la presión en el mercado cambiario, donde la demanda de dólares y la salida de divisas dificultan la acumulación de reservas.
El FMI considera que la Argentina debe estar en condiciones de regresar a los mercados internacionales cuando el contexto lo permita y utilizar líneas de crédito contingentes si resultaran necesarias. Sin embargo, el riesgo país se ubicaba cerca de los 753 puntos básicos el martes 27 de octubre, un nivel que eleva el costo del financiamiento externo. La estrategia oficial continúa apoyándose en la obtención de nuevas divisas, la refinanciación de compromisos y el mantenimiento del ajuste contemplado en el acuerdo.
Mientras el Gobierno exhibe como resultados la acumulación de reservas y el superávit, la deuda sigue en aumento y una parte relevante de los recursos obtenidos se destina al cumplimiento de obligaciones financieras.
Desde una mirada crítica, la deuda externa funciona como un mecanismo de transferencia de recursos generados en el país hacia el capital concentrado extranjero. Bajo esta perspectiva, cuando su origen es considerado ilegal e ilegítimo, destinar divisas a su pago subordina las necesidades sociales y económicas a los intereses de los acreedores. El cumplimiento de las exigencias del FMI profundizaría esa dependencia y restringiría la capacidad de definir prioridades productivas y económicas.
El artículo sostiene que romper con esta dinámica requeriría el desconocimiento soberano de la deuda externa, con el objetivo de orientar los recursos del país a las necesidades de las mayorías trabajadoras.