El día de ayer, el último tramo del paseo peatonal y mirador de La Herradura en Coquimbo, marcó el fin de una larga batalla legal con la demolición de una galería de arte y la retirada de un carro de comida que había ocupado el espacio ilegalmente durante años.
La decisión de la demolición fue el resultado de una orden judicial que se había retrasado durante años debido a una serie de obstáculos legales. El caso se remonta a la década pasada, cuando un grupo de personas comenzó a instalar, tímidamente, actividades culturales en el lugar. Con el tiempo, las actividades evolucionaron en la instalación de una galería de arte, denominada «Galería de Arte Mirador», y un carro de comida, ambos sin autorización ni permiso de construcción.
La galería de arte y el carro de comida habían sido el centro de una serie de desacuerdos legales y reclamos de los vecinos durante años. A pesar de la falta de permisos y autorizaciones, las actividades culturales y artísticas continuaron, incluso atrayendo a las autoridades locales a sus inauguraciones.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los reclamos de los vecinos se intensificaron, lo que llevó a acciones legales para investigar las condiciones bajo las cuales funcionaba el espacio. Paola Rojas, quien dirigía las actividades culturales y era responsable de la instalación ilegal, comenzó a defenderse, pero finalmente perdió en los tribunales de justicia, quienes determinaron que la instalación estaba fuera de la ley.
El caso llegó a la Corte Suprema, que falló en contra de Rojas en 2014 y ordenó la demolición del espacio y su desalojo. Después del fallo, Rojas y otros crearon la Corporación Cultural Costa Mirador Herradura, y el espacio continuó funcionando a pesar de la orden de demolición.
La demora en la ejecución de la orden judicial se debió a una serie de acciones y tácticas legales llevadas a cabo por Rojas y sus asociados, así como a la falta de insistencia por parte de las autoridades municipales de la época. Sin embargo, en 2020, el municipio logró demoler una parte del lugar.
Rojas argumentó que la orden de demolición ya había caducado y que la municipalidad no tenía los argumentos necesarios para demoler. Sin embargo, en junio del año pasado, los tribunales rechazaron el recurso interpuesto por Rojas, permitiendo finalmente al municipio cumplir con lo determinado por la Corte Suprema en 2014.
Ayer, con la presencia de Carabineros y funcionarios municipales, se llevó a cabo la demolición final, eliminando cualquier rastro de las instalaciones que había ocupado el lugar durante más de una década. Rojas intentó evitar la medida, insistiendo en que no correspondía y que estaba en proceso de regularización del recinto. Sin embargo, sus afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por las autoridades.
Marcelo Salazar, Seremi de Bienes Nacionales, aclaró que el espacio es un inmueble fiscal y no puede ser regularizado a través del Decreto Ley N° 2.695. Por su parte, Víctor Donoso, abogado de la dirección jurídica de la municipalidad de Coquimbo, afirmó que estaban cumpliendo con el mandato de la comunidad, que había hecho repetidas denuncias sobre la ocupación ilegal del espacio.
Donoso argumentó que ninguna persona puede construir, edificar o modificar sin las disposiciones administrativas requeridas por la Ley de Urbanismo y Construcción. En este caso, Donoso afirmó que la administración no estaba en condiciones y no iba a tolerar que se produjeran regularizaciones amparadas en acciones ilegales.
Finalmente, los habitantes de La Herradura apoyaron la acción de la municipalidad, argumentando que llevan años reclamando lo que consideran una usurpación. María del Carmen Obregón, una residente local, expresó su satisfacción con la medida, subrayando que la ley debe ser aplicada por igual para todos.