El Barrio Baquedano de Coquimbo fue escenario de un controvertido operativo de desalojo y demolición de una construcción irregular. El incidente, que ocurrió en la intersección de calle 10 de Julio con Costanera, involucró a una estructura de material ligero que había sido instalada de manera no autorizada, ocupando toda la acera y obstaculizando el paso de peatones.
Funcionarios de Carabineros y de seguridad municipal acudieron al lugar para ejecutar la orden de despejar el sector. Sin embargo, sus acciones encontraron una fuerte resistencia por parte de los ocupantes de la estructura. Pese a la tensión, finalmente se logró demoler la construcción.
Durante el procedimiento, los ocupantes del inmueble agredieron verbal y físicamente a los funcionarios, lanzando insultos, ofensas y amenazas. Un miembro del piquete municipal fue incluso agredido, lo que resultó en la detención de dos personas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.
La situación se agravó cuando se inició la demolición con maquinaria pesada. Los ocupantes de la construcción lanzaron piedras y objetos contundentes a la retroexcavadora, rompiendo uno de sus vidrios. Esta acción provocó un enfrentamiento que culminó con la detención de los agresores.
El incidente se complicó aún más por la presencia de menores de edad. Durante el operativo, varias mujeres -principalmente madres de los niños presentes- protestaron con vehemencia, lanzando insultos y amenazas a los Carabineros, a los funcionarios municipales y a la prensa que cubría los hechos. Ante esta situación, se buscó evitar que los menores presenciaran una escena tan violenta.
Para proteger a los niños, una funcionaria de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la municipalidad de Coquimbo intentó dialogar con las madres y familiares de los menores. A pesar de enfrentarse también a insultos y amenazas, finalmente logró que los niños fueran llevados a las viviendas antes de que comenzara la demolición.
El administrador municipal de Coquimbo, David Díaz, señaló que esta acción forma parte de un plan de recuperación de espacios públicos. Aunque admitió que la operación se llevó a cabo en un ambiente hostil y violento, Díaz insistió en que devolver los espacios públicos a la gente es su principal objetivo.
Además, Díaz reveló que las personas desalojadas no sólo habían ocupado la acera, sino que también se habían apoderado de un terreno privado. Durante el desalojo, una persona llegó al lugar con documentos que lo acreditaban como propietario del terreno y afirmó que había iniciado acciones legales para desalojar a las familias que habían ocupado su propiedad irregularmente.
En relación a los menores de edad, Díaz confirmó que se solicitó la presencia de una profesional de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia antes de iniciar el operativo. Sin embargo, las familias se negaron a proporcionar información sobre la situación de los niños, incluyendo su asistencia a la escuela y su estado de salud. A pesar de esta negativa, finalmente se logró proteger a los menores durante el operativo.
El operativo comenzó a las 8 de la mañana y concluyó después del mediodía. A pesar de los incidentes, la municipalidad de Coquimbo mantiene su compromiso de recuperar los espacios públicos para su comunidad.