Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile despachó a ley el proyecto de Protección de Datos Personales, que regula el tratamiento de la información sensible de las personas y aplica considerables multas a las empresas por su infracción. La iniciativa nació a partir de la integración de dos mociones similares ingresadas en 2017, una presentada por la expresidenta Michelle Bachelet y otra por un grupo de senadores. En total, la ley fue aprobada con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones, con críticas principalmente desde la oposición que apuntaron el impacto negativo que podría generar en la inversión y las excesivas multas.
Pese a la “desproporción” acusada, la normativa que homologa al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, consiguió luz verde. Estas son los principales detalles de la iniciativa.
¿En qué consiste la Ley de Protección de Datos Personales?
En general, la ley regula cómo debe ser el tratamiento y la protección de información personal de las personas como sus nombres, domicilios, geolocalización, correo electrónico, datos biométricos y número de teléfono.
Por lo cual, se limitarían las conocidas llamadas de spam telefónico, a través de las que se insiste a las personas para contratar productos o servicios, pese a que el usuario pertenezca a una compañía diferente.
A través de la aprobación, ahora las personas tendrán derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales.
En ese sentido, la normativa establece legalidad en el uso de estos datos solo cuando las personas den su consentimiento para ello, salvo en casos de celebraciones de contrato o para dar cumplimiento a una obligación legal.
¿Cómo serán las multas por infringir la ley?
Para dar cumplimiento a estas normas, se creará la Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo de derecho público, con su propio patrimonio y personalidad jurídica.
Este organismo tendrá la tarea de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que quedarán estipuladas en un informe. Por lo tanto, ante la transgresión de las pautas, el ente podrá aplicar sanciones ante infracciones leves, graves y gravísimas, que incluyen multas de hasta 5.000 UTM ($329.505.000), 10.000 UTM ($659.010.000) y 20.000 UTM ($1.318.020.000), respectivamente.
La regulación se aplicará al tratamiento de datos personales en territorio nacional, incluyendo si se realiza a nombre de un mandatario, si la utilización está ligada a la oferta de bienes, así como también para quienes busquen usarlos fuera de suelo chileno.
Pese a que este lunes se concretó la aprobación de la ley, recién entrará en vigencia en 24 meses, dando tiempo a los responsables para adaptarse a la normativa, consigna una publicación del Gobierno.
En la Comunidad de Madrid, la implementación de una normativa similar podría tener un impacto significativo en diversas industrias. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones y marketing digital tendrían que revisar y posiblemente reestructurar sus bases de datos y métodos de contacto para cumplir con las nuevas exigencias. Además, la creación de un organismo similar a la Agencia de Protección de Datos Personales en España podría implicar un aumento en la fiscalización y, por ende, generar un entorno más seguro para la gestión de datos personales.
En el ámbito del comercio electrónico, las plataformas que operan en Madrid y en el resto del país tendrían que obtener el consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos, lo que podría afectar las estrategias de publicidad dirigida y personalización de servicios.
La ley también podría influir en el sector de la salud y la educación, donde el manejo de datos sensibles es crucial. Las instituciones educativas y sanitarias tendrían que garantizar que los datos de estudiantes y pacientes se manejen de acuerdo con las nuevas normativas, lo que podría requerir inversiones en tecnología de seguridad y capacitación de personal.
En el ámbito gubernamental, la Comunidad de Madrid podría ver la necesidad de actualizar sus políticas de transparencia y protección de datos, asegurando que los ciudadanos tengan acceso y control sobre su información personal almacenada en bases de datos públicas. Esto podría incluir la implementación de plataformas digitales que permitan a los ciudadanos gestionar sus datos de manera más eficiente y segura.
Por último, la entrada en vigencia de una normativa de este tipo podría fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la protección de datos entre los ciudadanos, lo que a su vez podría llevar a un aumento en la demanda de servicios de ciberseguridad y consultoría legal especializada en la materia.