La educación rural en nuestra región enfrenta desafíos considerablemente preocupantes, tal como lo demuestra el caso de la Escuela Paul Harris en La Isla, Combarbalá. Esta institución, pese a las continuas solicitudes de los apoderados, ha permanecido cerrada desde 2019 debido a la falta de matrículas.
Manuel Ibacache, el Pro Secretario Regional del Colegio de Profesores de Coquimbo, manifestó su preocupación, señalando que las comunidades rurales son las más perjudicadas, especialmente post-pandemia, por la acentuación del ausentismo en la enseñanza básica y media. Ibacache critica las políticas públicas actuales, como el decreto 67, que permite la evaluación de los estudiantes con una sola nota al año, y el decreto aprobado el año pasado que impide que los estudiantes repitan por inasistencia.
Según Ibacache, estas políticas han conducido a una situación en la que los niños no desean asistir a la escuela. Como resultado, las subvenciones son insuficientes y las escuelas cierran, lo que a su vez provoca que las municipalidades acumulen deudas. Ibacache enfatizó la necesidad de más fiscalización para garantizar que estos niños puedan acceder a la educación.
La deserción escolar es otro problema importante que se enfrenta en el ámbito rural. Rogelio Pizarro, presidente Comunal del Colegio de Profesores de Ovalle, alertó que este fenómeno viene desde antes de la pandemia. Los estudiantes prefieren ingresar al sistema 2×1, completar un curso de maquinaria pesada y trabajar en el norte, donde pueden obtener salarios más rentables en el corto plazo.
Pizarro también señaló un déficit en infraestructura y mencionó una polémica que surgió el año pasado debido a que había estudiantes sin matrícula. Esto se debió a que la normativa define la cantidad de estudiantes por espacio, lo que puede ser problemático para los estudiantes que viven en áreas rurales alejadas de las escuelas.
Del mismo modo, Abel Cortés, Tesorero Comunal del Colegio de Profesores de Monte Patria, reconoció que, aunque las cifras de deserción son bajas en comparación con otros lugares, el problema radica en que los lugares de donde provienen los niños son muy lejanos y el mal estado de los caminos influye. Según Cortés, los SLEPS, que son prácticamente contratistas de la educación, están cerrando escuelas en algunos sectores rurales porque no les conviene pagar a profesores, manipuladoras de alimentos, inspectores o personal de aseo para 5 o 6 niños.
Cortés también indicó que en Chile, la subvención se entrega por estudiante asistente y no por escuela, lo que está llevando al cierre de muchas escuelas. Sin embargo, aclaró que esto no se debe a que los padres no quieran enviar a sus hijos a la escuela o que los niños no quieran asistir.
Miguel Cáceres, Presidente Comunal del Colegio de Profesores de Punitaqui, explicó que su comuna es una de las más dispersas geográficamente y que esto representa un gran desafío para el municipio. Según Cáceres, esta es una de las razones por las que se han cerrado algunas escuelas por la baja de matrículas o por la inexistencia de estas.
En cuanto a los recursos municipales, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, destacó que su municipio hace un enorme esfuerzo y destina recursos municipales para que los estudiantes de los sectores más apartados puedan continuar sus estudios. La inversión es superior a los 300 millones de pesos para ofrecerles locomoción gratuita.
Por último, el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, aseguró que los índices de deserción escolar en escuelas rurales de Punitaqui son inexistentes y que han implementado estrategias para concienciar sobre la importancia de la asistencia diaria a clases, especialmente después de la pandemia. Esta estrategia incluye un monitoreo constante y visitas domiciliarias en caso de ausencia prolongada o sin justificación. Para los estudiantes de los sectores más alejados, proporcionan un furgón escolar para asegurar su traslado.