Andes Iron hace un llamado a poner fin al interminable ciclo de “trabas ilegítimas” para el proyecto Dominga


La empresa minera Andes Iron ha emitido un enérgico llamado para que se detenga lo que describe como un ciclo interminable de obstáculos ilegítimos que han afectado el desarrollo de su proyecto Dominga. Este proyecto, que ha sido objeto de controversia y enfrentado numerosos desafíos legales y administrativos, es uno de los más significativos en el sector minero del país.

Desde su concepción, el proyecto Dominga ha estado en el centro de un intenso debate que involucra a comunidades locales, grupos ecologistas, autoridades gubernamentales y la propia empresa. Andes Iron sostiene que ha cumplido con todas las normativas exigidas y que las trabas que ha enfrentado son, en su mayoría, infundadas y responden a intereses que buscan frenar el desarrollo económico de la región.

El proyecto Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, contempla la construcción de una mina de hierro y cobre, así como un puerto para la exportación de los minerales extraídos. La empresa argumenta que la implementación del proyecto generaría un importante impulso económico a la zona, con la creación de miles de empleos directos e indirectos y un significativo aporte al PIB regional.

Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de múltiples revisiones y evaluaciones ambientales, enfrentando una serie de recursos legales por parte de organizaciones que alegan potenciales impactos negativos en el medio ambiente, particularmente en áreas sensibles como la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Estas organizaciones han expresado su preocupación por la biodiversidad marina y terrestre que podría verse afectada por la actividad minera y portuaria.

Andes Iron, por su parte, asegura que ha realizado exhaustivos estudios de impacto ambiental y ha presentado planes de mitigación que buscan proteger el entorno natural. La empresa enfatiza que está comprometida con el desarrollo sostenible y con políticas que garanticen el mínimo impacto posible en el ecosistema local.

La situación ha llegado a un punto crítico en el que Andes Iron considera que las continuas trabas representan no solo un desafío para el proyecto Dominga, sino también un precedente preocupante para futuros desarrollos mineros en el país. La empresa ha instado a las autoridades a adoptar un enfoque más pragmático y equilibrado, que permita avanzar en la implementación de proyectos que cumplan con los estándares legales y ambientales vigentes.

En este contexto, Andes Iron ha reiterado su disposición a dialogar con todas las partes involucradas, buscando soluciones que permitan el avance del proyecto de manera responsable y con el menor impacto posible. La compañía ha subrayado la importancia de establecer un marco regulatorio claro y justo que evite el uso de trabas administrativas como herramienta para detener proyectos que ya han sido aprobados en instancias previas.

El llamado de Andes Iron se produce en un momento en que el sector minero enfrenta desafíos significativos a nivel global, con fluctuaciones en los precios de los minerales y una creciente atención sobre las prácticas sostenibles y responsables. En este sentido, la empresa destaca que proyectos como Dominga son esenciales para mantener la competitividad del país en el mercado internacional y para asegurar un desarrollo económico sostenido.

En conclusión, Andes Iron insiste en la necesidad de superar las trabas que han mantenido al proyecto Dominga en un estado de incertidumbre. La empresa pide que se respete el marco legal y se permita avanzar en la concreción de un proyecto que, según argumentan, ofrece beneficios significativos para la región y el país en su conjunto. La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro del proyecto Dominga, sino que también sentará un precedente clave para el desarrollo de la industria minera en Chile.

PorCatalina Sáez Figueroa

Feb 19, 2025
Andes Iron insta a finalizar el espiral interminable de “trabas ilegítimas” por proyecto Dominga

Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordena nuevo análisis del proyecto Dominga

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ha emitido una resolución que exige al Comité de Ministros reunirse de nuevo para evaluar el proyecto minero portuario Dominga. Este fallo de 90 páginas se hizo público el lunes por la tarde, tras el rechazo a la excepción de pago formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La resolución del tribunal se basa en el incumplimiento del fallo del 9 de diciembre de 2024 por parte del gobierno. Este fallo anterior había instruido al Comité de Ministros a pronunciarse sobre las reclamaciones de los observantes del Proceso de Participación Ciudadana (PAC) contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 161/2021. Según los abogados de Andes Iron SpA, el Comité de Ministros se pronunció fuera del plazo estipulado de 15 días y utilizó nuevas causales de rechazo no contempladas previamente, lo que vulnera la seguridad jurídica.

El SEA y el Comité de Ministros actuaron fuera de plazo, ya que su reunión se realizó el 8 de enero de 2025, cuando el plazo vencía el 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, el tribunal ha dado al Comité de Ministros un plazo de 10 días para emitir una nueva resolución.

Andes Iron recupera la RCA y emplaza al Comité de Ministros

Tras el anuncio de la decisión del Comité de Ministros, Andes Iron, la empresa controladora del proyecto Dominga, afirmó que dicho comité deberá emitir una nueva resolución, ya que se añadieron causales de rechazo improcedentes. Andes Iron espera que esta vez se cumpla con lo dictado por la justicia ambiental y se reconozca que la discusión técnica sobre el proyecto está concluida, ya que cumple con la normativa medioambiental.

El fallo del Primer Tribunal Ambiental destaca un comportamiento inédito del Comité de Ministros al no acatar fallos judiciales. Incluso, el tribunal deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si persiste el incumplimiento de la sentencia. Andes Iron recuerda que el proyecto Dominga siempre ha recibido pronunciamientos favorables en todas las instancias técnicas y judiciales, incluyendo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable en 2017, que recomendaba su aprobación.

Andes Iron solicita finalizar el espiral de resquicios que impiden la puesta en marcha del proyecto Dominga, lo que consideran una mala práctica que desprestigia la institucionalidad y posterga inversiones sostenibles clave para la Región de Coquimbo. La empresa comenzará a tramitar los permisos sectoriales necesarios para iniciar la construcción del proyecto, dado que la sentencia restablece la RCA.

El círculo infinito ya no continuará

Fernando Roco, abogado de la Asociación Comunal de La Higuera, expresó su satisfacción con la resolución del tribunal, ya que confirma que el círculo infinito no continuará. El tribunal ha sido tajante al exigir el cumplimiento de su sentencia, incluso bajo amenaza de arresto si hay nuevos incumplimientos.

Roco explicó que el Comité de Ministros volvió a incluir temas ya resueltos previamente por el tribunal, lo que constituye un nuevo incumplimiento. Este es un resultado relevante para la comuna de La Higuera y la región. Ahora, se espera que la resolución quede firme y se convoque una nueva sesión del Comité de Ministros para cumplir con lo ordenado, bajo apercibimiento de arresto si no lo hacen.

Comunidades de La Higuera no descartan acciones legales

Diversos actores locales, incluidos pescadores, mineros y dirigentes sociales, han instado al presidente Boric a respetar los fallos judiciales y aprobar el proyecto Dominga. Yonatan Rojas, presidente de la Asociación Comunal de La Higuera, afirmó que el gobierno no tiene excusa para rechazar Dominga y que esta es una buena noticia, ya que el proyecto sigue aprobado y representa otro triunfo judicial.

Flor Castillo, presidenta del Sindicato de Pescadores Los Castillo de Chungungo, destacó el compromiso de Dominga con la comuna durante más de una década. Si Dominga obtiene la RCA, se activarán proyectos beneficiosos para la comunidad. Las organizaciones anunciaron que, si el gobierno persiste en desacatar la orden judicial, recurrirán a todas las instancias legales.

Héctor Páez, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Higuera, advirtió que continuarán en la justicia si el gobierno no acata la resolución. Jorge Cabrera, vocero de los sindicatos de pescadores, señaló que la justicia ambiental es clara y que llegarán hasta las últimas instancias si el gobierno no cumple, lo que sería un desacato y un atentado contra la democracia y el estado de derecho.

Opositores califican de «ilegal» decisión del tribunal

Por otro lado, abogados de Alianza Humboldt han calificado de «inédita» e «ilegal» la última resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en el caso Dominga. Marcos Emilfork, coordinador jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, afirmó que el tribunal intenta determinar la decisión de la autoridad, lo que tiene prohibido. El tribunal no puede sustituir la información que cuestiona la viabilidad del proyecto, una decisión que corresponde exclusivamente a la autoridad administrativa.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, destacó que lo que se está presenciando es inédito, ya que el Tribunal Ambiental se arroga atribuciones que no tiene y ordena aprobar Dominga por vías inexistentes en el ordenamiento jurídico, lo cual es grave y atenta contra el Estado de Derecho.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.