La diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que desestimó un amparo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La resolución habilita la aplicación del artículo del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras, permitiendo la venta de extensiones estratégicas del territorio nacional a extranjeros.
Durante una entrevista con Diego Iglesias en el programa Vamo a calmarno, de Radio con Vos, Bregman sostuvo que la Corte avaló una medida que desconoce el rechazo popular. “La Corte Suprema dice que el territorio nacional no es un bien común a defender”, afirmó, y planteó la necesidad de construir una movilización para revertir el fallo.
Del “2×1” a los genocidas al fallo sobre la Ley de Tierras
La referente de izquierda comparó la resolución actual con el fallo dictado durante el gobierno de Mauricio Macri que otorgó el beneficio del “2×1” a represores. Según señaló, tras las declaraciones de Macri sobre los derechos humanos y el posterior pronunciamiento judicial, se produjo una de las movilizaciones más grandes de los últimos años.
Bregman afirmó que la pertenencia a una “casta” no se limita a los círculos de poder, sino que también implica una desconexión con la realidad social. En ese marco, alertó sobre las consecuencias que estas políticas tienen en la Patagonia, donde, según expresó, comunidades son desalojadas, lagos dejan de ser accesibles y espacios públicos se privatizan.
También cuestionó que los excombatientes de Malvinas, que defendieron el territorio nacional frente a la ocupación colonial de 1982, no puedan presentar un amparo contra un artículo de una ley. A la vez, criticó a los jueces por mantener sin resolución el Decreto 70/23 y por su distancia respecto de la realidad social.
La diputada apuntó además contra los legisladores que no impulsan el tratamiento del DNU en el Congreso. Recordó la estrategia utilizada en la década de 1990 para exigir la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuando se convocaban sesiones especiales para dejar expuesta la posición de quienes no asistían.
Para Bregman, la vigencia del decreto responde a intereses corporativos diversos. Entre ellos, mencionó al lobby inmobiliario y remarcó que el DNU 70/23 derogó la Ley de Alquileres. Sostuvo que, desde entonces, los alquileres registraron aumentos escandalosos, superiores a los que ya se producían previamente.
Consultada sobre la estrategia parlamentaria, indicó que se necesitan 10 diputados para convocar a una sesión especial y que su bloque cuenta con cuatro integrantes, por lo que deberían conseguir seis adhesiones más. Propuso que, una vez convocada la sesión, se realice una movilización para lograr los 129 votos necesarios para dar quórum. También planteó impulsar acciones en las provincias cuyos representantes suelen otorgar quórum al Gobierno, entre ellas Jujuy, Catamarca, Misiones, Salta y Neuquén.
Los intereses detrás de la entrega de tierras
Por último, Bregman vinculó la derogación de la Ley de Tierras con intereses geopolíticos y económicos. Mencionó a Peter Thiel y los proyectos de data centers en la Patagonia, una región que, según indicó, resulta atractiva por el clima, el acceso al agua y la disponibilidad de grandes extensiones de tierra.
La diputada sostuvo que estos proyectos han sido rechazados en Estados Unidos y señaló que, en lugares donde se realizaron encuestas o votaciones, alcanzaron un 80% de rechazo popular. Afirmó que el gobierno de Javier Milei y los gobernadores que lo acompañan entregan beneficios sin cuestionamientos, con plazos de 30 años mediante el RIGI o el denominado “Super RIGI”.
Finalmente, advirtió que el avance sobre la Ley de Tierras se relaciona con recursos estratégicos como la energía de Vaca Muerta, el agua, la Ley de Glaciares y el RIGI, incluidas la prórroga de jurisdicción y la extensión impositiva. Según expresó, la inteligencia artificial requiere una infraestructura física que demanda millones de litros de agua y energía, por lo que consideró que detrás de la habilitación para adquirir grandes extensiones de territorio existe un lobby de gran magnitud y fuertes intereses económicos.