Durante la Argentina Week realizada en París, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron el lanzamiento del Programa de Ciudadanía por Inversión ante empresarios extranjeros. La iniciativa permite acceder a la nacionalidad argentina mediante aportes económicos al Estado.
El programa contempla dos alternativas. La primera consiste en efectuar un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional. La segunda opción es adquirir un título público creado para este fin por 800.000 dólares. Además, los cónyuges e hijos de los solicitantes podrán incorporarse mediante pagos adicionales de entre 25.000 y 100.000 dólares.
De acuerdo con la presentación oficial, los recursos obtenidos estarán destinados a fortalecer la posición fiscal. El artículo sostiene que esos fondos buscarían aportar recursos para el pago de la deuda pública con el capital financiero internacional y con el FMI. Durante el acto, Caputo afirmó que “el pasaporte argentino cotiza muy bien”.
Ciudadanía, inversión y política migratoria
La medida fue presentada como parte de un proceso de apertura e integración internacional, junto con reformas orientadas a mejorar el clima de inversión y atraer capitales. El texto cuestiona que la ciudadanía, históricamente asociada al refugio, el asilo y la conquista de derechos democráticos, pase a ser tratada como un activo financiero destinado a facilitar la circulación y los negocios de personas con alto poder adquisitivo.
También vincula la iniciativa con la política del gobierno de Javier Milei respecto de la propiedad de la tierra y los recursos naturales, al señalar la eliminación de restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros y la derogación de la Ley de Tierras.
Antecedentes históricos
El artículo relaciona esta orientación con el proyecto oligárquico del siglo XIX. El Preámbulo de la Constitución de 1853 establecía la apertura del país “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, mientras que la Ley de Inmigración de Avellaneda de 1876 apuntaba a atraer población a un territorio que la élite de la época calificaba como un “desierto”.
Según esa visión, se buscaba promover la llegada de habitantes del norte de Europa para impulsar hábitos de productividad y progreso. En palabras de Alberdi, el objetivo incluía obtener mano de obra barata para las tareas rurales. Sin embargo, el texto destaca que los inmigrantes no accedieron al reparto de las grandes propiedades y que muchos fueron empujados al hacinamiento y la pobreza en los conventillos de Buenos Aires.
Críticas por xenofobia y persecución
El artículo contrapone la oferta de ciudadanía para inversores con el endurecimiento de las políticas hacia inmigrantes dentro del país. Sostiene que las fuerzas de seguridad y la Justicia recurren a discursos y prácticas de xenofobia estatal, criminalización y persecución contra sectores migrantes y trabajadores precarizados.
Asimismo, menciona que la Corte habría dado señales de respaldo al programa económico oficial. En ese marco, indica que el Gobierno busca sostener el DNU 70, mediante negociaciones con sectores empresariales y gobernadores, y que podría insistir con disposiciones sobre tierras vinculadas a la inviolabilidad de la propiedad privada.
La nota concluye que, mientras se promueve la ciudadanía argentina para quienes puedan realizar grandes aportes económicos, amplios sectores populares y trabajadores, tanto nacidos en el país como migrantes, enfrentan condiciones de precariedad e incertidumbre.