El trabajo de vigilancia y seguridad que la Carabineros está llevando a cabo en diferentes puntos de la comuna de Ovalle ha resultado en la detención de dos hombres que estaban prófugos de la justicia. Este esfuerzo de la Carabineros es parte de un intento de proporcionar una mayor seguridad a la comunidad local.
El primer hombre detenido, identificado por las iniciales M.A.A.F, de 43 años, tenía una orden de arresto pendiente por hurto simple. Además de esto, su historial revela 36 reiteraciones de delitos, incluyendo 11 robos. Además, este individuo estaba siendo buscado por la Interpol por delitos cometidos en Argentina.
El segundo hombre, de nombre Benjamín Huerta, de 27 años, tenía una orden pendiente por delitos contra la Ley del Tránsito. Su historial también incluye 7 reiteraciones por delitos como receptación de vehículo motorizado, hurto y maltrato de obra a Carabineros.
A pesar de su extenso historial delictivo, Huerta está recibiendo una pensión de gracia por ser víctima de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social de 2019.
El beneficio que Huerta recibe se remonta a los incidentes ocurridos durante la revuelta en Ovalle. En el 19 de octubre de ese año, el capitán de Carabineros Hugo Navarro detuvo a Huerta y después de un forcejeo, disparó su arma personal, hiriendo a Huerta en la zona inguinal.
Este incidente llevó a un juicio en el que Navarro fue inicialmente condenado por el delito de apremios ilegítimos a 6 años de prisión. Sin embargo, después de un recurso de nulidad y un segundo juicio, el cargo cambió a “homicidio frustrado”. Finalmente, Navarro fue condenado a 6 años de prisión por homicidio frustrado, detención ilegal y falsificación de instrumento público.
La pensión de gracia que Huerta está recibiendo ha generado críticas de la oposición. Los parlamentarios acusan al gobierno de actuar “ideológicamente” al otorgar el beneficio. El diputado Juan Manuel Fuenzalida expresó que el gobierno está beneficiando a delincuentes a los que les está otorgando pensiones sin revisar sus antecedentes.
El parlamentario UDI señaló que el Presidente Boric debe asumir la responsabilidad de que se esté financiando a estos delincuentes con los impuestos de todos los chilenos. Marco Antonio Sulantay, otro diputado UDI, también compartió esta opinión.
El senador Sergio Gahona sostuvo que la situación de Huerta “ya no es sólo un caso aislado”. Según él, el gobierno es el principal responsable de esta situación y debe hacer un control de daños y un mea culpa por las pensiones de gracia mal otorgadas.
Por su parte, la diputada Carolina Tello señaló que el gobierno revocará las pensiones de gracia en casos donde se demuestre que no corresponden, especialmente en personas con antecedentes por delitos graves y reiterados.
Además, agregó que se está realizando una evaluación de una serie de pensiones de gracia otorgadas tanto en este gobierno como en el anterior. Según Tello, estas pensiones se otorgan a personas que, independientemente de su situación particular, fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.