Se estima que el mercado latinoamericano del internet de fibra óptica crecerá de forma acelerada en los próximos 4 o 5 años.

De hecho, expertos señalan que las inversiones en fibra óptica aumentarán en 2023, tras un año muy complicado en 2022 dónde las inversiones en despliegue de fibra óptica estuvieron en pausa por problemas macroeconómicos y porque hubo diversos problemas en las cadenas de suministro de infraestructura en la región.

Además, se estima que entre 2021 y 2026 la penetración de fibra óptica en América Latina seguirá creciendo a un ritmo anual del 9%. Además, en términos de cobertura se estima que la cifra irá aumentando hasta alcanzar el 91% de cobertura en toda Latinoamérica hasta 2026.

Esto resulta beneficioso para la economía y desarrollo de todos los países de la región, debido a que promoverá la digitalización de muchos sectores productivos atrayendo mayores inversiones hacia Latinoamérica.

¿Cuáles son los países con mayor despliegue de internet de fibra óptica en América Latina?

Según la FBA, los principales países de Latinoamérica, registran un total de más de 100 millones de hogares conectados con fibra óptica de forma directa. Se estima que cada vez serán más los países que completen una cobertura total de fibra óptica en su territorio para 2026.

Sin embargo, en la actualidad destacan 3 países como los líderes de la región en proporcionar internet de fibra óptica en todo su territorio. Además, son reconocidos por fomentar grandes inversiones en infraestructura y nuevas tecnologías de internet. Aquí, te contamos cuáles son estos países a mayor detalle.

Chile es el país con mayor despliegue de internet de fibra óptica de la región

Chile cuenta con el 90% de su territorio con cobertura de internet de fibra óptica. Este país se ha consolidado como el líder de la región en innovación y despliegue de infraestructura tecnológica.

De hecho, esta enorme penetración del internet de fibra en el país ha ayudado a que Chile se posicione como el país con el internet más rápido a nivel mundial. Su servicio de internet de fibra óptica registró una velocidad de 216.46 megabits por segundo, superando así a todos los países del mundo.

Este país brilló por el desempeño de su servicio de internet fijo. Expertos señalan que, los chilenos cuentan en sus hogares con servicio de internet con al menos 100 megas de velocidad.

En la actualidad, Chile se encuentra liderando también el despliegue 5G en la región lo que ha beneficiado a todos los chilenos económicamente, ya que cada vez son más empresas las que invierten en negocios de todos los tamaños de este país.

Uruguay es el segundo país con mayor cobertura de fibra de Latinoamérica

81% de los uruguayos tienen acceso a cobertura de internet de fibra en sus hogares. Este país, destaca porque el gobierno en un esfuerzo en conjunto con las principales empresas de telecomunicaciones del país ha prometido reemplazar todas las conexiones a internet de cobre por cobertura de fibra óptica para 2023.

Alcanzando así un 100% de hogares en todo su territorio con acceso a internet de calidad y de alta velocidad.

Este país cuenta con 12.168km de cobertura fibra óptica desplegada en todo el territorio. Los esfuerzos se encuentran enfocados en destacar a Uruguay como referente de América Latina en incorporar nuevas tecnologías en la región y así fomentar las inversiones y crecimiento de todos los sectores productivos del país.

Argentina es el país que más invirtió en 2022 en servicio de internet fijo de alta velocidad

Argentina se ubicó en el tercer lugar de conexiones a internet de fibra óptica en la región. Los argentinos cuentan con una cobertura del 60% de este tipo de internet en casa lo que ha permitido que cada vez existan menos cortes de internet que solían ser muy frecuentes en el país.

Además, en Argentina, la fibra óptica es la tecnología de internet que ha sido más utilizada por todo tipo de empresas para acelerar los procesos de digitalización.

Otro de los puntos que ha acelerado los procesos de inversión para el despliegue de fibra en este país, es que el gobierno decretó que no se instale ningún cableado que no sea de fibra óptica, esto es beneficioso para los argentinos, ya que aumenta la competitividad entre operadoras por ofrecer un servicio de calidad garantizado a precios económicos.

Además, cada vez más argentinos entienden los beneficios de la fibra óptica y son ellos mismos los que demandan a las empresas mayor cobertura de este tipo de internet en sus hogares.

¿Qué aceleró el despliegue de fibra óptica en América Latina?

Uno de los principales factores que aceleró el despliegue de fibra óptica en los diversos países de América Latina es justamente que se evidenció una fuerte demanda por usuarios que quieren tener este tipo de tecnología en sus hogares a precios accesibles; mientras que antes no resultaba rentable para las operadoras invertir en infraestructura porque no existía demanda por parte de los clientes.

Además, el despliegue de fibra es fundamental para que se acelere la llegada del 5G y posteriormente 6G en la región.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.