Krist Naranjo, la gobernadora de Coquimbo, ha sido suspendida de sus funciones durante dos meses, tras confirmarse el fallo de la Corte Suprema que validó las sanciones impuestas por la Contraloría Regional de Coquimbo. La suspensión se debe a la confirmación de las acusaciones que afirmaban que Naranjo utilizó un vehículo fiscal para fines personales.
Esta es la primera de varias investigaciones que han surgido en torno a la figura de Naranjo, quien ha sido objeto de críticas y denuncias desde que asumió el cargo de gobernadora, siendo la primera autoridad electa en este puesto. Las acusaciones incluyen faltas a la probidad administrativa y maltrato a los trabajadores del Gobierno Regional.
Los hechos que motivaron la sanción de la Corte Suprema se dieron a conocer a través de una denuncia presentada por un chofer del Gobierno Regional de Coquimbo (GORE) en abril de 2022. El chofer alegó sentirse «amenazado y muchas veces avergonzado» trabajando con Naranjo, quien le solicitaba realizar acciones contrarias a la ley, como conducir a exceso de velocidad y acudir a lugares fuera de sus funciones.
En mayo, la Contraloría inició una investigación sumaria que concluyó en agosto de 2023 con una resolución que suspendía a Naranjo por tres meses. Sin embargo, la autoridad apeló la decisión y logró que la Corte Suprema rebajara la sanción a dos meses.
Además de esta causa, durante los meses siguientes se dieron a conocer otros hechos relacionados con Naranjo. En 2023, mientras la Corte Suprema analizaba la apelación de la gobernadora a la resolución de la Contraloría, el Consejo Regional presentó una querella por fraude al fisco debido a los cuestionados viajes de Naranjo, algunos de ellos a Buenos Aires y Egipto.
Paralelamente, el Consejo Regional presentó cinco puntos esenciales ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para sustentar una acusación por abandono de deberes, con el objetivo de buscar la destitución de Naranjo.
En mayo de 2024, el periódico El Día dio a conocer una nueva denuncia por extorsión contra Naranjo. Según los denunciantes, la gobernadora solicitaba dinero a los funcionarios para financiar su campaña de reelección, condicionando la asignación por funciones críticas y la continuidad laboral en el organismo.
Esta acusación fue presentada por el diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien tomó conocimiento del caso a través de los afectados y entregó la información al Ministerio Público, que actualmente se encuentra en plena etapa de indagatorias.
Tras la confirmación de la sanción por mal uso del vehículo fiscal, el Consejo Regional ahora tiene dos desafíos en torno a la figura de la gobernadora: buscar un reemplazo para los dos meses de suspensión y continuar insistiendo por respuestas de las instituciones en las otras causas denunciadas.
El consejero regional Cristian Rondanelli indicó que la causa que busca la destitución de Naranjo está bien avanzada y podría resolverse pronto. Sin embargo, también se debe encontrar un nuevo asesor legal que siga de cerca estas acciones, tras el fallecimiento del abogado Mario Zumelzu. Los consejeros ya tienen en vista a un posible candidato, una «persona de confianza» de Zumelzu, aunque prefieren no adelantar nombres.