El viernes 14 de junio, un operativo del OS9 de Carabineros, con el apoyo de GOPE, culminó con la detención de nueve gendarmes de la cárcel de La Serena y un ex funcionario de la institución penitenciaria. Los individuos fueron arrestados por una serie de delitos que están siendo investigados en el marco de un foco investigativo “para el combate del crimen organizado en penales”, iniciado por el Ministerio Público hace aproximadamente un año.
El arresto de los acusados atrajo la atención de la prensa, mientras se revelaban los primeros detalles de una supuesta red de tráfico de armas. La red, según los informes, incluiría a seis reclusos de diferentes prisiones del país y estaría coordinada desde la Región de Coquimbo.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los gendarmes habrían facilitado la introducción de elementos prohibidos en el complejo penitenciario. El operativo en sus domicilios resultó en la incautación de drogas, dinero en efectivo, armas y municiones.
Además de los gendarmes y los reclusos mencionados, se acusó a civiles en la formalización realizada entre el martes 18 y el miércoles 19. En total, 20 personas han comparecido ante la justicia y han sido sujetas a diversas medidas cautelares.
El caso seguirá desarrollándose en los próximos días, ya que el Ministerio Público ha anunciado que apelará la decisión del tribunal de no aplicar la prisión preventiva en algunos casos.
El Día recopiló nuevos detalles sobre la acusación que realiza el Ministerio Público y que apuntan a un dato crucial: el abultamiento del patrimonio de los funcionarios como resultado de las actividades ilegales. “Tenían un abultamiento de sus patrimonios, en algunos casos, de hasta un 270% del valor de sus ingresos”, afirmó el fiscal Marcos Pastén.
Este punto es donde entran en juego los civiles detenidos, cuyos roles en el caso han quedado en segundo plano frente a la situación que afecta a la Gendarmería de Chile. Según la información recopilada por El Día, estas cuatro personas desempeñan principalmente dos roles dentro de los hechos investigados.
Algunos son parejas de los gendarmes, que actuaban como «testaferros» para el lavado de activos y en el ocultamiento del patrimonio. También se determinó que prestaban sus cuentas para el pago de los dineros cobrados por los acusados por la venta de armas y municiones a los reclusos.
En el grupo de civiles también hay familiares de los reclusos que actuaban como receptores de los pagos que se les cobraban en estas transacciones. También estaban encargados de mostrar o entregar las armas o municiones que se comercializaban.
La defensa de los detenidos ha cuestionado la acusación de la Fiscalía, negando que se trate de una gran red de tráfico de armas liderada por un capitán de Gendarmería en La Serena. Cabe mencionar que de todos los funcionarios detenidos, solo tres quedaron en prisión preventiva.
Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente, han afirmado que “la investigación y antecedentes de esta causa son sólidos. De hecho, el tribunal acreditó la existencia de los delitos de cohecho, tráfico de armas y lavado de activos, entre otros ilícitos”.
También señalaron que la investigación «ha demostrado que los imputados operaban bajo una misma estructura, con roles y funciones específicas», destacando el hecho de que «durante la audiencia de formalización, todos presentaron a un mismo abogado defensor».
La Fiscalía Metropolitana Occidente apelará a la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía, que no accedió a las solicitudes de prisión preventiva para todos los funcionarios de Gendarmería involucrados en este caso. «Esta Fiscalía Regional estima como hechos graves la participación de los imputados en esta red que proporcionaba apoyo y cobertura a los internos para la comisión de distintos delitos al interior del penal de La Serena a cambio del pago de sumas en dinero. El tratarse de funcionarios públicos agrava, en opinión de la Fiscalía, los ilícitos cometidos por los imputados en esta causa”, agregaron.
La Fiscalía también indicó que en los próximos días «continuarán las diligencias en este caso, por lo que esperamos avances tanto en los antecedentes de la investigación, como en su tramitación».