La migración y expulsión de migrantes en Chile sigue siendo un tema de debate y controversia en muchos círculos, a medida que se entrelaza con una variedad de cuestiones, desde las humanitarias hasta las económicas, incluyendo el desempleo y la delincuencia.
Para abordar estas preocupaciones, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones de Chile comenzaron un proceso de empadronamiento biométrico el año pasado. De acuerdo con la página web de Sermig, este proceso tiene como objetivo «fortalecer la seguridad y conocer la identidad de quienes habitan en Chile».
El empadronamiento biométrico se dirige a los extranjeros mayores de 18 años que residen en Chile, y que entraron al país por un paso no habilitado o eludieron el control migratorio hasta el 30 de mayo de 2023. Esta medida ha resultado en la recopilación de datos de más de 7.620 personas en la región policial de Coquimbo, según el Subprefecto Sergio Lara, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena.
Las razones para expulsar a un extranjero del país pueden ser variadas, pero según Lara, existen dos tipos principales de expulsiones en Chile. La primera es la expulsión administrativa, emitida por el Sermig por infracciones a la Ley de Extranjería. El segundo tipo es una medida que los Tribunales de Justicia pueden aplicar para reemplazar una condena que sea igual o inferior a cinco años de prisión o reclusión menor.
En cuanto a las cifras, Lara informó que los detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena llevaron a cabo 24 expulsiones en 2022, la mayoría de las cuales involucraron a personas de nacionalidad boliviana. En 2023, se realizaron 31 expulsiones, la mayoría de las cuales involucraron a personas de nacionalidad venezolana. En lo que va de 2024, se han realizado seis expulsiones, la mayoría de las cuales han sido de migrantes de nacionalidad colombiana.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con la eficacia del empadronamiento biométrico. Mery Cortez, presidenta de la Corporación de Colectividades Extranjeras, argumenta que el empadronamiento biométrico no ha servido más que para «engañar», ya que las personas que tienen la intención de cometer delitos en el país probablemente no se registrarán.
Cortez también critica la estigmatización y criminalización de la población migrante, señalando que «no todos los extranjeros estamos cometiendo actos ilícitos, de hecho, en las cárceles del país, un 91,9% son chilenos». Además, sostiene que las políticas públicas de los gobiernos neoliberales tienden a desestabilizar al país económicamente y se justifican acusando a los migrantes.
Muchos migrantes, argumenta Cortez, están en Chile porque quieren llevar una vida de mejor calidad y aportar al país. Además, a pesar de los desafíos, muchos migrantes todavía ven a Chile como un «país de oportunidades». Sin embargo, afirma que tanto la PDI como el Sermig no tienen información precisa sobre las cifras de migración, ya que la migración escapa de sus manos debido a los pasos clandestinos.
También reconoce que muchos han emigrado desde Chile a otros países, particularmente a los Estados Unidos. Al menos un 30% de estos migrantes son de nacionalidad haitiana y un 20% de nacionalidad venezolana. Además, alrededor del 15% de los venezolanos han regresado a su país a través de pasos no habilitados para evitar pagar multas.
En conclusión, la migración y la expulsión de migrantes en Chile sigue siendo un tema complicado que requiere un enfoque equilibrado que tenga en cuenta las necesidades humanitarias, de seguridad y económicas.