Lejos de cerrarse, la polémica generada por la liberación bajo fianza de 23 integrantes de una banda narco detenida en Ovalle, sigue abierta y lanzando esquirlas hacia diferentes lados.
Cabe recordar que los imputados quedaron en libertad tras pagar una fianza de 2 millones de pesos cada uno, pese a haber sido detenidos con más de 1.600 kilos de marihuana y armamento, en un operativo realizado por la PDI.
De esta forma, durante este lunes, el hecho escaló hasta el nivel central, pues la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al caso.
“Estas personas son peligrosas. Y la prisión preventiva está precisamente para sacar de circulación a personas peligrosas. Nos cuesta mucho entender este tipo de decisiones”, apuntó.
En esa línea agregó que “nunca hemos buscado intervenir en la justicia, no vamos jamás a condicionar la autonomía de los jueces, pero como gobierno no somos indiferentes”, reconoció.
A nivel regional, en tanto, el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Galo Luna Penna, aseguró que el gobierno está dispuesto a dialogar y avanzar en medidas que eviten nuevos casos como éste, como por ejemplo, proyectos de ley.
“Para nosotros, sí estamos en presencia de 23 personas que constituyen un peligro para la sociedad y que realizan una actividad criminal. Nosotros estamos trabajando seriamente en el tema, y tal como lo dijo la ministra Tohá, nosotros vamos a seguir supervigilando lo que ocurre, y si es que hay que ver nuevas alternativas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, nosotros estamos disponibles”, afirmó.
Y si bien, dijo, algunos parlamentarios de la zona se manifestaron públicamente por lo ocurrido, “nosotros somos respetuosos con el Estado de Derecho, y nuestro convencimiento está en continuar el trabajo profesional para erradicar esta actividad criminal de nuestra región que tanto mal nos hace”, subrayó.
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OPERATIVO “DIAMANTE VERDE”
Mientras se conocía la reacción de la ministra del Interior por este grave caso, en Ovalle, se llevaba a cabo un punto de prensa para dar a conocer los detalles del procedimiento que terminó con la banda narco detenida la semana pasada.
En la ocasión se informó que la operación “Diamante Verde” consistió en un proceso investigativo de más de un año y medio, en el cual, participó la Brigada de Antinarcóticos y la Brigada de Lavado de Activos de la Región Metropolitana.
La investigación concluyó con un operativo que permitió la detención de 23 integrantes de clanes familiares, quienes se dedicaban al cultivo, producción, distribución y tráfico de marihuana.
Este procedimiento incluyó un allanamiento simultáneo de viviendas, logrando incautar droga, armas, municiones, 19 vehículos, 3 motocicletas, más de $283 millones de pesos y 4.500 dólares de dinero en efectivo.
“Destacamos el trabajo multidisciplinario, dedicado y metodológico que han desarrollado diversas unidades de nuestra institución”, declaró al respecto el Jefe de la Región Policial de Coquimbo (s), prefecto Luis Romero.
“Junto a ello damos las gracias a los organismos internacionales, que se han hecho parte en este esfuerzo a través de la Interpol, por cuando existe un esfuerzo sinérgico por parte de la policía y otras organismos que aportan información para poder desbaratar estas estructuras y dar un fuerte golpe al crimen organizado”, agregó.
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TRABAJO EXTRA
Al ser consultado, el jefe regional (s) de la PDI evitó referirse a la puesta en libertad de los 23 involucrados en este caso.
“Nosotros como Policía de Investigaciones no estamos llamados a criticar ni hacer comentarios respecto a las decisiones que toma un poder del Estado, al contrario. La policía existe para dar cumplimiento a lo que disponga el Ministerio Público y los tribunales de justicia”, señaló Romero, precisando que “la Policía de Investigaciones trabaja sin descanso. Son cientos y miles de detectives que están trabajando por su seguridad a lo largo del país. Vamos a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y profesionalismo que nos caracteriza”, apuntó.
Por su parte, el fiscal regional (s), Eduardo Yañez Muñoz, también evitó realizar cuestionamientos, aunque recordó que como Ministerio Público adoptaron las medidas correspondientes para que los 23 detenidos quedaran en prisión preventiva.
“No puedo entrar a calificar de esa forma (como un descriterio) la resolución del tribunal. Sí puedo decir que la Fiscalía presenta los recursos procesales hacia la solicitud que corresponde, que es pedir prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad”, explicó.
En ese sentido, explicó que, como Fiscalía, “vamos a solicitar en estos alegatos que se revoque esta resolución del Juzgado de Garantía de Ovalle, y se decreten las respectivas órdenes de detención, para que se puedan hacer efectivas las medidas cautelares pedidas”, enfatizó.