La denominada ley de soberanía nacional, anunciada originalmente por el presidente Javier Milei en relación con la causa de las Islas Malvinas, quedó habilitada este martes para su tratamiento en la Cámara de Diputados. El texto, sin embargo, fue modificado durante el debate en comisiones y recibió fuertes críticas de sectores opositores, que cuestionaron tanto los cambios vinculados a Malvinas como la creación de un nuevo organismo de seguridad.

Según los cuestionamientos expresados durante la discusión parlamentaria, el proyecto mantiene como uno de sus puntos centrales la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y asociada por sus críticos al asesor presidencial Santiago Caputo, prevé atribuciones para investigar, realizar tareas de inteligencia y habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional.

El proyecto incorpora además el concepto de defensa de infraestructuras críticas. En el artículo 85, estas son definidas como «las estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación, total o parcial, los impacte significativamente». La oposición advirtió que la amplitud de esta definición podría alcanzar situaciones como una huelga hospitalaria.

También se mantiene una modificación a la Ley de Defensa Nacional que permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno, vinculada a la protección de esas infraestructuras.

Durante el inicio del debate, la diputada Myriam Bregman, del PTS-FIT, reclamó explicaciones a Milei por una presunta coordinación para la fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos. La legisladora preguntó si hubo una «apertura clandestina» de las fronteras argentinas para facilitar su salida y mencionó, en ese contexto, a José Luis Espert y a «Pepín» Rodríguez Simón.

Las modificaciones más discutidas en el Título I, dedicado a las Islas Malvinas, reducen las penas previstas para quienes exploten recursos naturales renovables o no renovables sin autorización de una autoridad argentina: la escala mínima de prisión pasó de cinco a dos años. A su vez, se sumó una lista de excepciones a esas sanciones, entre ellas para fondos de inversión y para quienes tengan participaciones inferiores al 2%.

El artículo sostiene que estas modificaciones responden a intereses de Estados Unidos para facilitar inversiones y negocios en las islas, incluso en proyectos de empresas británicas, y mantener negocios en la Argentina en sectores como Vaca Muerta y la megaminería. El oficialismo no presentó en el texto citado una respuesta a esas acusaciones.

Para sumar respaldos, La Libertad Avanza incorporó cambios en la integración del Consejo de Seguridad Nacional. Como miembros no permanentes podrían ser convocados el presidente provisional del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, los gobernadores y el ministro de Seguridad. Los miembros permanentes serían el presidente, el jefe de Gabinete, el secretario de la SIDE y los ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, además de la secretaria de Legal y Técnica.

La redacción final también contempla una comisión bicameral del Congreso para realizar el seguimiento del nuevo organismo.

Otro de los puntos observados por la oposición es el artículo 129 —artículo 111 en la versión original—, incluido en el Título VII, denominado «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones». Legisladores que firmaron el dictamen oficialista con disidencias manifestaron reparos por posibles efectos sobre el derecho a opinar, el periodismo y la libertad de prensa.

En la misma línea, se cuestionó el artículo 86 del nuevo texto, referido a la «injerencia engañosa». Sus críticos sostienen que la formulación podría permitir interpretaciones discrecionales por parte del Poder Ejecutivo.

«Esto con la defensa de Malvinas no tiene absolutamente nada que ver. Se promueve la censura, la persecución», afirmó Myriam Bregman. La diputada agregó que el Gobierno puede alinearse con Trump o proteger a Bolsonaro, pero pidió que no presente esas decisiones como una defensa de la causa Malvinas.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a Santiago Caputo y lo calificó de «mitómano vendedor de humo». También afirmó que «un capricho de un pendejo genera estas cosas».

El oficialismo celebró haber obtenido un dictamen de mayoría con 60 firmas y prevé llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No obstante, referentes parlamentarios de La Libertad Avanza admitieron que deberán seguir buscando consensos y que podrían producirse nuevas modificaciones.

En total se presentaron cinco dictámenes. El del oficialismo fue acompañado por el PRO, la UCR, Argentina Federal y un sector de Provincias Unidas, integrado por Scaglia, Núñez, Farías de Santa Fe —por orden de Pullaro— y Capozzi, aunque registró numerosas disidencias. También hubo dictámenes de Unión por la Patria; del Frente de Izquierda, encabezado por Bregman, en rechazo al proyecto; de otro sector de Provincias Unidas, compuesto por Paulón, Brugge y Gutiérrez; y de la exlibertaria Loures Arrieta.

Para sus críticos, la iniciativa, concebida por el oficialismo como una estrategia para reunir consenso alrededor de Malvinas, terminó profundizando las diferencias políticas y reavivando los cuestionamientos sobre la relación del Gobierno de Milei con Donald Trump y Estados Unidos.