El Tribunal de Cuentas pasa de la amnistía y el platillo de Puigdemont

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Con la ley de amnistía en el disparadero del Senado, jueces y fiscales mantienen una atenta observación de la política, lo que no es óbice para que la justicia ciega siga su curso. Ante la previsión de una inminente entrada en vigor de la ley se han suspendido procedimientos a la espera de que escampe, pero otros se mantienen en curso. Es el caso del expediente del Tribunal de Cuentas sobre los gastos del Procés, un asunto que mantiene en ascuas a Artur Mas y a Carles Puigdemont, entre otros grandes líderes del viaje a Ítaca.

«El fiscal del Tribunal de Cuentas reclama 3,1 millones de euros por el ‘procés’ pese a la amnistía», destaca al respecto el diario La Vanguardia. La crónica judicial viene con la firma de Carlota Guindal y dice así: «La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido la petición de 3,1 millones de euros por los gastos indebidos por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 así como la acción exterior de la Generalitat, representada por Diplocat. El dinero que se debe devolver a las arcas públicas deberá ser asumido, según el representante del ministerio fiscal, por los 35 encausados, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas además de otros altos cargos del gobierno catalán. El fiscal explica que este trámite, posterior al juicio celebrado por el alcance contable, de cara a que se dicte una sentencia, no puede ser suspendido por la amnistía porque es «un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance»».

Continúa el texto: «La Fiscalía cree que desde la Generalitat se utilizaron indebidamente de 883.695 euros para pagar los gastos del 1-O y responsabiliza al presidente Puigdemont y exconsellers del gobierno de la Generalitat y los funcionarios que intervinieron en los gastos: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Antoni Comin, Lluis Puig y Dolors Bassa. Al inicio del proceso contable, el fiscal pedía 9 millones de euros, que ha ido rebajando. «Los pagos se han realizado sin la adecuada justificación, al no responder a la consecución de objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre de 2017, convocado por la totalidad de los integrantes del Gobierno de la Generalitat», recoge en su escrito. Aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, al fiscal le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable «derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta». En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras se le atribuye responsabilidad contable por la totalidad de los gastos, «atendiendo al especial protagonismo que la Ley de Finanzas Públicas de Catalunya otorga al conseller del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de la Generalitat»».

De modo que hasta que la ley de amnistía no salga aprobada en el BOE, esa deuda de 3,1 millones planea sobre las haciendas de quienes condujeron a Cataluña a su peor momento en la historia reciente. Sociedad Civil Catalana (SCC) reclama más de cinco millones de euros por los mismos conceptos, pero en realidad es mucho más el dinero «invertido» en la causa independentista. El procés no funcionaba solo sino que demostró ser un artefacto muy bien engrasado.

Dadas las circunstancias, cuadra perfectamente este titular de El Independiente: «Puigdemont pide préstamos de 6.000 euros a sus candidatos para financiar la campaña». Años de fuga han acentuado el lado crematístico del expresidente catalán. Escribe Iva Anguera de Sojo: «La candidatura Puigdemont+Junts per Catalunya ha pedido a sus candidatos préstamos de entre 3.000 y 6.000 euros para financiar la campaña electoral del 12M. También a los simpatizantes de la candidatura, a los que se propone hacer donativos o préstamos a cuenta de las subvenciones electorales de entre 1.500 y 10.000 euros, según consta en la web de la candidatura: President Puigdemont. Según ha avanzado Efe, la formación pide un mínimo de 6.000 euros a los primeros veinte candidatos de la lista por Barcelona y 3.000 al resto de personas que conformen la lista. En el caso de las circunscripciones de Tarragona, Lleida y Girona, los 6.000 euros son la aportación mínima para los siete primeros de la lista, y 3.000 euros para el resto. En conjunto, las aportaciones de los candidatos de Puigdemont sumarán 246.000 euros para sufragar los gastos de campaña».

Y: «En el caso de los préstamos de militantes y afiliados, Junts se compromete a retornar los préstamos en el plazo de un año, cuando cobre las subvenciones electorales correspondientes, a un interés del 4%. El partido se propone así «financiar la campaña con las aportaciones de nuestra gente», y recuerda que no es la primera vez que recurre a sus seguidores para financiar sus campañas. La formación ha remitido una carta a su militancia con esa petición de fondos para «contribuir a depender en menor medida de los préstamos bancarios y garantizar una mejor tesorería para hacer frente a los pagos a proveedores de forma más rápida»».

Mientras da la impresión de que los candidatos catalanes están todavía calentado motores, Puigdemont se maneja como si quedaran pocas horas para la cita con las urnas. Actividad desbordante, tal vez en compensación por los años de holganza en Bruselas. En El Nacional leemos otro titular sobre el todavía prófugo: «Puigdemont reivindica el concepto de GOI como garantía para evitar la extradición». El texto es de Maria Aladern: «Carles Puigdemont ha reivindicado el concepto de Grupos Objetivamente Identificables (GOI) como garantía para evitar la extradición. En el marco de la presentación del estudio sobre este término, que ha tenido lugar este martes por la tarde, el cabeza de lista de Junts + Puigdemont por Catalunya a las elecciones del 12-M ha identificado esta idea como una herramienta para defender los derechos de los catalanes de ahora en adelante. La importancia del concepto, sin embargo, ha expresado al presidente durante su intervención, es que también se puede trasladar a otras minorías. «El estudio tiene que ver con los derechos fundamentales de las minorías», ha defendido. Puigdemont ha afirmado que el ensayo puede ser clave para ayudar en pueblos perseguidos con menos voz y «abrirles camino». La presentación se ha hecho de manera presencial en la capital catalana, y el presidente ha intervenido vía telemática».

Sigue Aladern: «Según ha explicado el mismo Puigdemont, el concepto nace del trabajo hecho en el exilio para internacionalizar el conflicto catalán. En esta línea, ha recordado que en la lucha para defender los derechos de los catalanes, el equipo del presidente ha tenido que estudiar la legislación belga y alemana, de entre otras, e identificar cuál es la situación de los catalanes ante las diversas legislaciones europeas. «No estoy en una prisión española porque nos hemos podido defender desde el exilio», ha afirmado el presidente, que ha añadido que el proceso de defensa «no ha sido nada fácil». Con todo, ha dicho que había una cosa que sí que tenían: «Teníamos la razón, hemos salido adelante con mucho esfuerzo», ha concluido».

Inusitada actividad de la Junta Electoral, que ya ha tenido que dar varios toques a Aragonès, el Govern y ERC por la indisimulada utilización de la Generalitat en la campaña republicana. Ahora es TV3 la que ha recibido un aviso: «La Junta Electoral prohíbe a TV3 hablar de ‘exiliados’ tras una denuncia de Ciudadanos». La nota viene con la firma de Cristina Rubio: «La Junta Electoral Provincial de Barcelona prohíbe a TV3 y Catalunya Ràdio hablar de «exiliados» «durante el proceso electoral» para referirse a dirigentes como al propio Carles Puigdemont o a los huidos imputados en Tsunami Democràtic tras una denuncia presentada por Ciudadanos, partido liderado por Carlos Carrizosa. En una resolución a la que ha tenido acceso este diario, el organismo estima parcialmente el recurso del partido naranja y declara que estas expresiones «vulneran el principio de neutralidad informativa y de igualdad entre todas las organizaciones frente a la consideración que de los mismos hechos pudieran ofrecer otras»».

Continúa el texto: «Por ello, insta a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -el ente dependiente de la Generalitat que engloba TV3 y Catalunya Ràdio- a que «durante el proceso electoral evite la utilización de tratamientos informativos como los aquí denunciados porque pueden generar confusión y no respetan los principios de pluralismo e igualdad». En concreto, Ciudadanos recopila varios ejemplos de noticias recientes emitidas en TV3, como las que hacen referencia a la fuga masiva de imputados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. «Ocho de los 12 investigados por el caso Tsunami esperan en el exilio la entrada en vigor de la amnistía», informó la cadena pública la semana pasada. «Buscan en el exterior la protección de la comunidad internacional con la voluntad de denunciar una causa que consideran esperpéntica por parte de la policía y la judicatura españolas», abundó sobre la noticia. Existe por lo expuesto una manifestación repetida y constante por parte de los medios denunciados que conforma un relato unívoco de lo que se califica de exili y de exiliats, sin cuestionarse la idoneidad de tales términos para referirse a quienes ante la imputación de determinados hechos por parte de la autoridad judicial, optan por trasladar su residencia a otro país, ni ofrecer una versión diferente a la relatada para que el espectador pueda comparar distintas percepciones de los hechos y de la situación jurídica de los afectados», asegura la Junta Electoral Provincial de Barcelona. «Esta actuación incumple los principios de neutralidad informativa exigibles a los medios de titularidad pública en periodo electoral, y favorece a determinados posicionamientos políticos en detrimento de otros», abunda el organismo».

Portada de El País (España)

Noticias de sociedad. «Cataluña limita el gasto de agua para el turismo y flexibiliza el llenado de piscinas», señala El País. El texto es de Luis Velasco: «Cataluña ha establecido nuevos umbrales de consumo de agua para el turismo. Desde que declarara a comienzos de febrero la emergencia por sequía, el sector turístico no podía sobrepasar los 200 litros por persona y día, como el resto de la población. Ahora, con el decreto aprobado este martes tras la reunión del Consell Executiu, los establecimientos hoteleros tendrán que asumir diferentes tramos de gasto que varían según la situación activada del Plan Especial de Sequía (PES). No podrán superar los 115 litros en Excepcionalidad; los 100 en Emergencia I; los 90 en Emergencia II y los 80 en Emergencia III. “Afrontamos una sequía dinámica y debemos adaptarnos a los escenarios no previstos en el PES”, ha afirmado Patricia Plaja, portavoz del Govern. Actualmente, 202 municipios catalanes como Barcelona o Girona se encuentran en fase de Emergencia I, mientras que 37 localidades del Alt Empordà están en Emergencia II. Los embalses de la cuenca hidrológica interna se encuentran este martes al 18% de su capacidad».

Sigue la pieza: «Las modificaciones del documento, que entrarán en vigor el próximo 19 de abril, también incluyen la posibilidad de que las piscinas públicas o privadas (hoteleras o comunitarias) sean consideradas como refugios climáticos para que la población pueda sobrellevar los episodios de calor extremo. “Es una cuestión de salud pública. Si no hubiéramos acordado estas cambios, tendríamos una Cataluña sin piscinas”, ha destacado la portavoz, quien ha subrayado que la crisis hídrica continúa siendo “complicada”. Las piscinas privadas de uso individual seguirán sin poder llenarse. Bajo la supervisión de la Generalitat, los ayuntamientos catalanes definirán y acordarán qué albercas, tanto de comunidades de vecinos como de hoteles y campings, pueden considerarse como refugios climáticos, sus condiciones de seguridad y su aforo. En el caso de superar durante tres meses consecutivos los límites de consumo de agua acordados, los consistorios tendrán pleno poder para interponer sanciones económicas. Las piscinas comunitarias que no lleguen a un acuerdo con los municipios no podrán llenarse. Aunque los ayuntamientos deberán tener otros espacios que cumplan las funciones de refugios climáticos además de las piscinas».

Deportes. El Barcelona cayó eliminado de la Copa de Campeones a pesar del favorable ambiente y de llevar ventaja de un gol tras el partido en casa del PSG.

17 de abril, santoral: Aniceto papa, Acacio de Melitene, Donnan abad y compañeros, Inocencio de Tortona, Pantagato de Vienne, Roberto de Chaise-Dieu, Roberto de Molesmes y Ustazades y compañeros.

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