Bajo el halo de una creciente ola de delitos, los residentes de la localidad de Caleta San Pedro, en La Serena, han tomado la decisión de organizarse y formar una patrulla de vigilancia ciudadana. Esta medida, que surge como respuesta a la preocupación ciudadana por la seguridad, ha generado una serie de debates sobre sus posibles beneficios y riesgos.
Gonzalo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Serena, expresa su comprensión hacia la inquietud de los vecinos. No obstante, advierte sobre los riesgos que conlleva la formación de estas brigadas. «Hoy en día los ladrones andan con armas reales o de fantasía, y el peligro para los vecinos es evidente», señala Arceu. Aunque no recomienda la implementación de estas brigadas, sugiere que en caso de continuar, lo hagan en grupo y de manera preventiva, evitando la detención o confrontación con los delincuentes.
En un esfuerzo por mejorar la seguridad, el municipio ha instalado tres cámaras de seguridad públicas en el sector, que son monitoreadas las 24 horas. Además, ha proporcionado herramientas de prevención comunitaria como alarmas y cámaras domiciliarias, manteniendo un contacto constante con los dirigentes a través de WhatsApp.
Pero, ¿qué implicancias legales tiene esta iniciativa ciudadana? David Díaz, administrador municipal de Coquimbo y exdirector de Seguridad Pública, enfatiza que la seguridad pública es responsabilidad del Estado y de las fuerzas policiales. «Los ciudadanos tienen el derecho de colaborar, pero no de tomar la justicia en sus propias manos», advierte Díaz. Los vecinos podrían enfrentarse a riesgos legales si algún miembro de la brigada comete un acto ilegal, como agresión o detención arbitraria.
Adrián Vega, exfiscal regional, sugiere que la iniciativa debe estar alineada con esfuerzos estatales, municipales o privados, y siempre de manera institucional. «Solucionar los problemas por mano propia puede provocar desaciertos, como el uso excesivo de fuerza, que podría resultar en delitos», concluye Vega.
El exgeneral de Carabineros Jorge Tobar destaca que, aunque la ley permite a los ciudadanos detener a alguien en flagrancia, es crucial que la comunidad se organice en coordinación con Carabineros. «Entre un barrio organizado y uno desorganizado, el delincuente siempre preferirá el último», afirma Tobar. Subraya la importancia de esperar la respuesta policial para evitar situaciones peligrosas.
En resumen, la formación de brigadas ciudadanas de vigilancia en Caleta San Pedro ha desatado un debate sobre la seguridad en la comunidad. Aunque algunos comprenden la preocupación de los vecinos, advierten sobre los riesgos legales y de seguridad que conlleva esta iniciativa. La seguridad, afirman, es responsabilidad del Estado, y cualquier esfuerzo ciudadano debe estar alineado con las instituciones y las fuerzas de seguridad. En este escenario, la comunidad debe organizarse y coordinarse con las autoridades, siempre evitando tomar la justicia en sus propias manos.