Los recintos penitenciarios de la región de Coquimbo, Chile, enfrentan una situación crítica, que se describe como una «olla a presión», debido a la sobrecarga de su capacidad. El Sargento Primero Hugo Rojas Montenegro, representante regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, se refiere a la situación actual con urgencia, solicitando a las autoridades una respuesta más rápida.
La capacidad de la unidad penal de Huachalalume, diseñada para albergar a 2.300 internos, se está agotando, con un recuento actual de alrededor de 2.290 reclusos. «Estamos muy por debajo en lo que respecta a los funcionarios», dice Rojas, quien ha estado en conversaciones con el Director Nacional para abordar el problema. Este problema no se limita a Huachalalume, sino que se extiende a todos los servicios de la región.
La Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP), encargada de la transferencia y seguridad de los reclusos que deben comparecer ante los tribunales, también ha sufrido una disminución en su capacidad debido a la pandemia de COVID-19. Ahora que las audiencias han vuelto a su ritmo habitual, muchas de las cuales son presenciales, la presión sobre la USEP ha aumentado.
Rojas expresa su preocupación por el grave déficit de personal en la Región de Coquimbo. A pesar de los esfuerzos por atraer la atención sobre este problema y fortalecer los recursos, la solución parece estar en la próxima promoción de 700 funcionarios de la Gendarmería que se graduarán en octubre. Rojas y su equipo esperan que el Director Nacional apruebe un número de funcionarios proporcional a la población penal de la región. Con la jubilación, baja y reubicación de muchos funcionarios, Rojas estima que se necesitarán alrededor de 70 funcionarios adicionales para ser distribuidos en las distintas instalaciones de la zona.
En medio de este problema, se añade otro ingrediente volátil: la peligrosidad de algunos reclusos. Rojas destaca que el Centro Penitenciario de La Serena recibe a reos de alta peligrosidad, no solo de Santiago, sino también a aquellos involucrados en delitos de alta connotación pública, miembros de bandas transnacionales. Esto aumenta el riesgo para los funcionarios, el personal que trabaja en contacto directo y, en general, toda la unidad penal. El hacinamiento también afecta la convivencia entre los reclusos, generando más fricciones.
Además, el déficit se extiende a los elementos de seguridad personal, incluyendo chalecos, bastones, vestuario y botas. A pesar de estas circunstancias, los funcionarios han logrado mantener el control total de la unidad penal.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida expresa su preocupación por la situación, no solo por la sobrepoblación, sino también por la presencia de presos de mayor peligrosidad, como algunos del Tren de Aragua. Fuenzalida señala que la llegada de estos tipos de presos a los recintos penitenciarios atrae a colaboradores externos, lo que aumenta la necesidad de reforzar la seguridad exterior. Ha hecho un llamado al Ministerio de Interior, al Ministerio de Seguridad y a Gendarmería para que se tomen medidas al respecto.
En respuesta a la creciente población penal, la Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han elaborado un Plan de Infraestructura Carcelaria. Este plan implica diversas acciones para generar nuevas plazas, incluyendo la densificación y ampliación de recintos concesionados, la reapertura de establecimientos y la construcción de nuevas unidades penales. El objetivo es aliviar la sobrepoblación carcelaria, mejorar los estándares de habitabilidad y establecer una mejor segmentación de las personas privadas de libertad, fortaleciendo la seguridad penitenciaria y favoreciendo los procesos de reinserción social.
Para la Región de Coquimbo, se contempla la ampliación del Complejo Penitenciario de La Serena con 816 nuevas plazas, con un inicio de obras previsto para 2027. Aseguran que el bienestar, la calidad de vida y la salud mental del personal de la Gendarmería son aspectos prioritarios. Para ello, se ha establecido una línea telefónica de atención psicológica las 24 horas del día, todos los días de la semana, así como actividades recreativas y deportivas para el personal.
En cuanto a la llegada de nueva dotación a la zona, la institución especifica que esta se determinará en función de las necesidades a nivel nacional y de las realidades locales, sin poder precisar una cifra concreta con mayor antelación.