Finanzas

La futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sigue su tramitación pese a las reticencias sectoriales — Inese

El Ministerio de Asuntos Económicos se mantiene a la espera de recibir el informe del Consejo de Estado para posteriormente dar la ‘luz verde’ definitiva al proyecto de ley por el que se creará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, según fuentes ministeriales consultadas por Europa Press. En este sentido, tal y como reconoce UNESPA su último boletín electrónico, el Consejo de Estado le ha concedido audiencia para formular observaciones al citado Anteproyecto de Ley.

Desde la organización que preside Pilar González de Frutos se adelanta que en sus alegaciones incidirá sobre “las cuestiones que ya se pusieron de manifiesto en anteriores trámites (consulta y audiencia públicas) y que no se han tomado en consideración”. Así, entre otras cuestiones, solicitará que se incluyan las causas de inadmisión relativas a controversias cuya prueba deba ser realizada en vía judicial o cuya valoración deba efectuarse por peritos. También presentará observaciones contra el carácter vinculante de las resoluciones de la autoridad, la vía de recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa y la tasa de 250 euros por reclamación admitida.

Visto bueno de la CNMC

Quien ya ha dado su aprobación a la futura figura es la CNMC, que ha publicado el informe sobre el Anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. El organismo considera que la articulación de mecanismos ágiles, justos y eficaces de resolución de controversias contribuye a que los operadores económicos (particulares y empresas) puedan reducir costes en el ejercicio de las actividades económicas o profesionales y mejora la eficiencia económica y la competitividad de las empresas.

La CNMC ha recomendado que el anteproyecto recoja la obligación de que la nueva autoridad ponga en conocimiento de la CNMC cualquier hecho o conducta que conozca sobre la que existan indicios razonables de constituir ilícito administrativo desde la perspectiva de competencia.

El Consejo General de Mediadores es tajante: «un nuevo despropósito»

El Consejo General de Colegios de Mediadores se ha mostrado muy crítico con el reglamento que prepara el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para las reclamaciones de usuario ante la futura Autoridad de Protección del Cliente Financiero y Asegurador. A su juicio, es “»n nuevo despropósito que perjudica a los pequeños negocios y disparará las quejas al margen de su veracidad».

En este sentido, se recuerda que «la propuesta del Gobierno pasa por que el mediador afronte un pago de 250 euros por cada reclamación que le afecte y se reciba en la futura autoridad». Para la institución presidida por Javier Barberá, establecer esta tasa por cada reclamación que reciba un mediador, independientemente de su resolución, «es una nueva forma de gravar la actividad de agencias y corredurías, aunque el importe lo abone la aseguradora».

A su juicio, la mejor forma de proteger al usuario es «mediante penalizaciones a las malas prácticas después de demostrar fehacientemente que el mediador ha incurrido en ellas. Nunca a través de una tasa preventiva que primero recauda y luego dictamina la veracidad o no de la denuncia. Es una paradoja que la Administración sea incapaz de perseguir las infracciones graves a la Ley de Seguros y de la Competencia, que afectan a todo el sector, y ponga especial cuidado en gravar la presentación de una reclamación».

El Consejo General considera esto «una nueva carga a la empresa de mediación sugerida por teóricos que desconocen la casuística del negocio pero que tienen una extrema habilidad en explicar cómo tienen que hacerse las cosas».

Novedades del último borrador

UNESPA recuerda que esta iniciativa (la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero) «tiene por objeto reforzar el sistema de resolución extrajudicial de reclamaciones entre las entidades y los clientes de productos bancarios, valores y seguros e impulsar la educación e inclusión financiera». Para ello, se indica, se prevé la creación de una autoridad que centralizará en un único organismo los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la CNMV y la DGSFP, que son suprimidos por el anteproyecto.

Refiere igualmente que, entre las novedades que se incorporan en el borrador del anteproyecto de ley con respecto del anterior texto sometido a audiencia pública, destacan:

  • No serán vinculantes las resoluciones de la autoridad que se dicten sobre buenas prácticas y usos financieros, con independencia de su importe.
  • Serán vinculantes no solo las resoluciones en los asuntos de menos de 20.000 euros, sino también las resoluciones en los asuntos de cuantía indeterminada.
  • A los efectos de esta norma los códigos de autorregulación voluntariamente suscritos por las entidades financieras o las asociaciones a las que estas estén adheridas tendrán la consideración de normas de conducta.
  • Las asociaciones podrán presentar reclamaciones en defensa de intereses individuales (no colectivos) de consumidores.
  • La autoridad deberá pronunciarse sobre la admisión de las reclamaciones en 5 días.
  • El plazo máximo de instrucción y resolución por la autoridad baja de 90 a 60 días naturales.

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