España se sitúa a la cola de algunos de sus vecinos europeos a la hora de crear y retener puestos de trabajo para las personas entre 55 y 70 años; un colectivo formado por más de 8 millones de personas, de los que cerca de la mitad son población activa.

Según las conclusiones del informe ‘II Mapa de Talento Senior. España en el contexto Europeo’, impulsado por el Centro de Investigación Ageingnomics Fundación Mapfre y presentado ayer,  la tasa de empleo sénior nacional (41%) está diez puntos por debajo de la media europea (60%), especialmente en el grupo de 55 a 59 años (64%), y salvo Suecia (14%) y Portugal (29%), España registra los índices más bajos de crecimiento de la población empleada mayor de 55 años (56%).

Nuestro país se sitúa, además, en la quinta posición en lo que se refiere a participación de la población ocupada mayor de 55 años sobre el conjunto de la población empleada (19%), y ha experimentado el segundo mayor crecimiento de desempleo sénior en los últimos años (181%) junto a Italia (201%). En este sentido, la mitad de los nuevos parados en España son sénior, uno de cada tres desempleados es mayor de 50 años y uno de cada dos son de larga duración.

Este estudio pone de relieve que el mercado laboral europeo cuenta actualmente con menos jóvenes y más inmigrantes, mujeres y personas mayores, y que en países como España, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Suecia y Portugal es cada vez mayor la duración media de la vida activa, sobre todo en Suecia, donde sus ciudadanos trabajan una media de 42 años, cifra que dista de los 31 de Italia, los 33 de Polonia y los 34 de España.

Por ello, el informe es claro: “es necesario trabajar más años, especialmente en las ocupaciones del sector servicios”. Además, agrega que, si España tuviera las tasas de Suecia, por ejemplo, con un 85% de los sénior de 55 a 59 años con empleo, frente al 65% de los españoles, registraría ganancias en el PIB de entre cinco y diez puntos.

En este punto los expertos afirmaron que la prolongación de la actividad va a exigir una legislación que siga avanzando en un modelo flexible de jubilación y sugiere un cambio de mentalidad por parte de todos los actores del mercado laboral, “que deben comprender que, en esa próxima vida, de 90 a 100 años, la prolongación del trabajo se va a convertir en una necesidad ineludible”. “No hay referencias al factor discriminatorio como es el fator de edad: Por eso proponemos unas medidas más concretas y ambiciosas, como puede ser una Ley orgánica de Igualdad Generacional que fuera un paraguas para establecer ese tipo de medidas”, reveló uno de los coautores del informe.

La importancia de la educación y la formación

El nivel educativo de los sénior ha ido mejorando con el paso del tiempo. En la mayoría de los países predominan los trabajadores con nivel intermedio de estudios, salvo España (42%) y Portugal (62%), donde el grupo mayoritario solo tiene estudios básicos. En todos los territorios se produce un predominio de los asalariados sobre los trabajadores por cuenta propia, con Alemania (86%), Suecia (84%) y Francia (81%) a la cabeza, así como los que trabajan en actividades industriales, comercio y administración pública, y los que desarrollan su actividad a tiempo completo, entre el 70 y el 90% de los ocupados sénior en los países analizados.

La presentación ha contado con la participación Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE; Ignacio Baeza, vicepresidente de Fundación MAPFRE; y Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageingnomics, así como Rafael Puyol, Alfonso Jiménez e Iñaki Ortega, coautores de la investigación, que utiliza fuentes oficiales, como Eurostat y la encuesta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en base a datos analizados entre 2008 y 2020, y en la que han colaborado más de 15 profesionales y expertos internacionales.

Báñez puso en valor la importancia de la empresa duante su discurso y recordó la necesidad de seguir apostando y valorando el perfil de empleado «sereno como lo es el senior» y, para ello, hay que darles herramientas como la «formación para que estén preparados y sean más productivos».

España, a la cabeza en desempleo senior

A excepción de Alemania y Polonia, la desocupación de los sénior, es decir mayores que queriendo trabajar no encuentran un empleo, también ha aumentado en toda Europa a pesar del crecimiento de las cifras de población activa y ocupada. España presenta los mayores índices de desempleo sénior entre los países analizados, en concreto, el 12%, para el colectivo entre los 55 y los 59 años, y es junto a Italia, el país donde más ha crecido el paro sénior en los últimos años, un 149% en hombres y un 220% en mujeres.

Las tasas más altas de desempleo sénior corresponden a los trabajadores que solo tienen estudios inferiores a primaria y secundaria y con relación a la duración del desempleo, en Suecia, Alemania y Polonia, la situación de paro más frecuente es inferior a un año, mientras que, en Portugal, Italia, España y Francia, la mitad de los desempleados son de larga duración.

 

El senior se hace autónomo

El peso que tiene el trabajo autónomo en España está muy alineado con el resto de los países europeos y alcanza el 15,9% del total de los trabajadores, frente al 14% del total de los siete países analizados. El territorio con mayor porcentaje de autónomos mayores de 55 años es Italia (21,8 %) y el que menos, Alemania (8%).

Tal y como revela la investigación, en todos los países, el trabajo por cuenta propia gana peso sobre el total de trabajadores a medida que avanzamos en tramos de edad, una realidad que contrasta con respecto a la tasa de emprendimiento (TEA), que disminuye conforme se superan los 45 años en todos los países europeos de la muestra.

Recomendaciones de los expertos:

  1. Establecimiento de un gran pacto de país para el fomento del empleo sénior que corte de raíz el derroche de talento de los mayores españoles. Este pacto, cuyo compromiso superaría los cinco años, debería firmarse públicamente por los principales representantes públicos y políticos, por las mayores empresas con presencia en España, además de por los representantes de los trabajadores y los empresarios. El acuerdo se incorporaría a los programas de gobierno, programas políticos, planes estratégicos empresariales e institucionales de los firmantes.
  2. Aprobación de un paquete legislativo para el trabajo sénior en el que se mejore la fórmula para compatibilizar pensión y trabajo, se penalicen las jubilaciones anticipadas, así como las prejubilaciones, y promueva un reconocimiento expreso de los derechos de igualdad generacional y la lucha contra el edadismo laboral.
  3. Urgen medidas no solamente legislativas sino desde la responsabilidad empresarial con la adopción, extensión y fomento de programas en el campo del talento sénior explicados en este informe. Las empresas han de medir y hacer público su impacto social no solamente en los aspectos medioambientales y de género sino también en lo que concierne a la diversidad generacional.
  4. El gran reto laboral del futuro en la mayoría de los países europeos, pero en concreto en España es trabajar más años, lo cual es posible en todas aquellas ocupaciones focalizadas en el sector terciario que no demanden un gran esfuerzo físico. La prolongación de la actividad exige cambios normativos, aunque también culturales.
  5. Todos los países de nuestro análisis caben recorridos de mejora, pero en el caso de España el camino va a ser largo porque tenemos un cierto retraso comparativo con los países donde se observa el mejor desempeño, sin duda, Suecia y Alemania.
  6. Afirman que el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento de los séniores ha de fomentarse desde los poderes públicos con atractivas bonificaciones fiscales, ayudas públicas y reducciones de las cuotas de autónomos. Las empresas siguiendo el ejemplo de compañías pioneras de otros lares han de propiciar esta fórmula como vía para alargar la vida laboral de sus antiguos empleados y hacer real “segundas carreras”.
  7. La formación a lo largo de la vida de los trabajadores sénior españoles es una asignatura pendiente que las administraciones, pero también las empresas, han de superar.
  8.  Mirando hacia los seniors europeos se han convertido en el más importante grupo en el campo económico (consumo y patrimonio) y político (censo electoral), pero esta realidad no es conocida por la opinión pública.
  9. Los propios mayores han de concienciarse de que por muy atractivo que parezca adelantarse a la edad oficial del retiro, es inviable económicamente y perjudicial para su salud física y emocional dejar de trabajar con más de treinta años por delante de vida.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.