La exgerente de la Corporación Municipal de Turismo de Coquimbo, Antonieta Neira Barraza, ganó una demanda contra la municipalidad tras ser desvinculada de su cargo en junio de 2022. Neira, quien llegó a la corporación en 2017, alegó ser víctima de persecución política y acoso laboral, lo que eventualmente resultó en su despido por supuesto incumplimiento de obligaciones.
Antonieta Neira Barraza, muy cercana al entonces alcalde Marcelo Pereira, comenzó a perder presencia cuando asumió Ali Manouchehri la municipalidad de Coquimbo. Finalmente fue desvinculada, bajo el argumento de un eventual incumplimiento de sus obligaciones. Ante esto, Neira demandó al municipio, acción judicial que finalmente ganó.
El abogado de Neira, Rodrigo Valdivia Briceño, afirmó que se acreditó que su cliente fue víctima de acoso laboral y de un despido injustificado. La sentencia resultó en una compensación de alrededor de 87 millones de pesos. Sin embargo, el municipio no cumplió con el plazo establecido por el tribunal para el pago, generando intereses y cotizaciones previsionales impagas.
El municipio consignó en el tribunal cerca de $100 millones por retrasos en total, pero una parte de la deuda previsional no fue cubierta. Valdivia señaló que el saldo a favor de Neira asciende a $16 millones.
El abogado explicó que el municipio fue notificado de esta liquidación en su momento, y desde que pasó eso a la fecha, nunca la objetaron dentro del plazo. Debido a este incumplimiento, Valdivia solicitó una orden de arresto contra el alcalde Manouchehri, ya que no se había dictado el decreto alcaldicio para pagar.
La orden de arresto está solicitada y el municipio tenía un plazo de 10 días para cumplir. Como no lo hizo, Valdivia reiteró la solicitud. El tribunal tiene la facultad exclusiva de determinar cuántos días de arresto tiene el alcalde.
Valdivia recordó que esto “no es primera vez que pasa, ya que el alcalde de La Higuera tiene una orden de arresto por una deuda. El edil anterior de Coquimbo pasó por lo mismo o el de La Serena.
El abogado explicó que si el alcalde Manouchehri “quisiera librarse de la orden de arresto lo puede hacer de manera inmediata, pero en el tribunal no consta ni un decreto de pago ni la consignación de los dineros. Desde la notificación ha pasado más de un mes.
Desde la Dirección Jurídica de la municipalidad de Coquimbo, afirmaron que “esta resolución de ordinaria ocurrencia, no se encuentra ejecutoriada. Está en revisión por el propio tribunal porque esta dirección jurídica (municipal) ha presentado una objeción en contra de la cifra que se pretende cobrar y que origina la solicitud de apremio”.
La abogada y experta en derecho administrativo, María José Lira, quien además es docente de la Universidad Central Región de Coquimbo, explicó que se debe hacer una distinción de la solicitud de orden de arresto: si se trata por el no pago de una factura o si es por una deuda previsional.
“Respecto a las deudas que se generan por no pagos de facturas por un servicio que se prestó, si se recibió la factura y no se objetó en las oportunidades legales que se establecen y no se pagaron, efectivamente se hace un procedimiento que se llama juicio ejecutivo, que es de cobro de la factura”, explicó.
En relación a por qué aún no se ha materializado la orden de arresto, aseguró que “es porque una vez que el tribunal la decreta, esa resolución es susceptible de recursos y mientras no se resuelvan, que puede ser incluso en la Suprema, no se puede ejecutar”.