La doctora en Economía, docente de la UBA e investigadora del CONICET Noemí Brenta analizó el ciclo histórico de endeudamiento argentino y el vínculo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los últimos 70 años.
Según Brenta, existe una regularidad histórica: pese a las transformaciones del escenario internacional, sostuvo que cada vez que Argentina obtiene préstamos del Fondo termina perjudicada.
La economista planteó que, en gran parte de los casos, los gobiernos que suscriben acuerdos con el FMI buscan aplicar políticas de austeridad, reformas promercado y medidas que, de acuerdo con su definición, resultan antipopulares y afectan a la población y a las pequeñas y medianas empresas.
También cuestionó la idea de que los acuerdos con el organismo se firman únicamente como respuesta a crisis financieras. Señaló que, de los acuerdos argentinos de alta condicionalidad, al menos 11 no fueron tomados en medio de crisis económicas, de balanza de pagos o financieras, sino porque los gobiernos que los solicitaron pretendían poner en marcha programas liberales.
Brenta afirmó además que, en ocasiones, la búsqueda de un acuerdo responde a una necesidad política: obtener el respaldo del Fondo para justificar programas de austeridad y contar, en última instancia, con una fuente de divisas.
Respecto del condicionamiento que generan estos compromisos, indicó que incluso gobiernos que no declaran la intención de pagar deuda mediante ajustes quedan limitados por las restricciones y el temor a los mercados, por lo que pueden terminar implementando medidas similares.
Sobre la relación entre deuda externa y desarrollo, sostuvo que el endeudamiento frena el crecimiento porque recursos públicos que podrían destinarse a obra pública, educación, ciencia, tecnología, ingresos de los jubilados y generación de empleo se orientan al pago de deuda.
En relación con el acuerdo vigente, Brenta consideró que un gobierno diferente al actual debería suspenderlo, al entender que perjudica y condiciona al país, a la vez que ofrece pocos recursos frente a las obligaciones que impone.
La investigadora también destacó la necesidad de organización popular ante la crisis. En ese sentido, afirmó que la rebeldía requiere organización y continuidad de ideas para no diluirse luego de las reivindicaciones iniciales.
Por último, remarcó la importancia de discutir públicamente el impacto cotidiano de la deuda. Según explicó, sus efectos se perciben en situaciones como la compra de medicamentos, la falta de atención hospitalaria, las dificultades para enviar a los hijos a la escuela y el endeudamiento de las familias para adquirir alimentos.