La relación entre la Municipalidad de La Serena y la empresa Auto Orden, encargada de los estacionamientos públicos de la ciudad, se ha tensado. La empresa ha presentado una demanda en contra del municipio, a lo que este ha respondido anunciando una contrademanda y la posibilidad de rescindir el contrato con la concesionaria.
Durante mucho tiempo, el desempeño de la concesionaria ha estado bajo la lupa del Concejo Municipal, que ha recibido y canalizado varias denuncias por presuntas irregularidades, como cobros fantasma e incumplimientos del contrato. La empresa, por su parte, ha alegado que el municipio no ha cumplido con su deber contractual de fiscalizar la evasión.
Auto Orden ha presentado una demanda que busca «regularizar» la situación y que el municipio cumpla con lo que se ofertó en la licitación. Sin embargo, esta acción ha exacerbado las tensiones en lugar de resolverlas.
Roberto Jacob, alcalde de La Serena, declaró en exclusiva a diario El Día que no solo responderán a la demanda, sino que buscarán rescindir el contrato, que data de 2001. «Nosotros vamos a responder la demanda y vamos a contrademandar solicitando el término del contrato. Por eso estamos buscando todos los antecedentes, todo lo que tengamos para poder iniciar las acciones judiciales que corresponde», dijo.
En cuanto a las reacciones, la concejala Daniela Norambuena espera que se ponga un punto en tabla dentro del Concejo para que el equipo jurídico pueda indicar las posibilidades reales de rescindir la concesión. Además, pidió informes técnicos de las contrapartes del contrato y los flujos reales de la empresa y el municipio.
Norambuena sostiene que durante mucho tiempo, el contrato se ha arrastrado sin que la municipalidad tome acciones reales. «Pensando en el futuro de La Serena, debemos enfocarnos en tomar las medidas necesarias para tener un futuro contrato que sea beneficioso para la ciudad y nuestros vecinos», agregó.
Por su parte, el concejal Felix Velasco apoyó el anuncio del alcalde y señaló que “nunca es tarde”. Reveló que durante más de 7 años ha pedido revisar y poner fin al contrato con esta empresa, alegando múltiples incumplimientos.
María José Lira, experta en Derecho Administrativo, conversó con El Día sobre las vías que tiene la municipalidad para poner fin al contrato. Explicó que los contratos que celebra la administración pública son diferentes a los contratos privados, ya que su objetivo es satisfacer necesidades públicas y sociales, y mirar el interés general por sobre el particular.
Lira también explicó el procedimiento de finalización del contrato por parte de la administración, y aclaró que la municipalidad tiene la posibilidad de poner término al contrato de manera unilateral cuando se evidencian incumplimientos por parte del contratista o cuando existen motivos de interés general.
Frente a la demanda presentada por la concesionaria por incumplimiento de contrato por parte de la municipalidad, Lira explicó que la municipalidad tiene que responder a la demanda y al mismo tiempo tiene la posibilidad de generar una nueva demanda en el mismo procedimiento, en contra de la concesionaria, donde se pide que ponga término al contrato.
Aunque la decisión final está en manos del tribunal, Lira aseguró que el asunto en juicio, que es el supuesto incumplimiento por parte de la municipalidad en la fiscalización del pago de estacionamientos, debe ser abordado con cuidado sin hacer ninguna modificación mientras el caso esté en juicio.