El ensayo discute la postura de la historiografía y la pedagogía liberal, que monopolizaron las interpretaciones “válidas” sobre la irrupción del peronismo, relegando a los partidarios justicialistas a la mera semblanza “emotiva”.

Por Marcelo Ibarra

Partamos de una serie de preguntas incómodas: ¿por qué funcionario cruzaríamos a nado el Riachuelo si nos enterásemos que fue encarcelado, aun sabiendo que nos pueden reprimir las fuerzas de seguridad durante la movilización? Para ponerlo en otros términos: ¿qué exponente o referente político tendría la capacidad de generar un nuevo movimiento político a la luz de las demandas insatisfechas que el resto del arco político no podría resolver? En última instancia, ¿cuáles serían esas demandas insatisfechas que las mayorías populares entienden como urgentes a tal punto de colmar la Plaza de Mayo, sin temor a las consecuencias, para exigir la libertad de un ministro encarcelado?

Para dar respuesta a estos interrogantes, debemos retrotraernos a 1945, pero no para reseñar una semblanza o recordatorio de la génesis del peronismo, ya que esa suele ser la tarea que la pedagogía progresista y la historiografía oficial delega al peronismo, mientras que los relatos válidos, “objetivos” y científicamente impolutos sobre la irrupción del justicialismo quedan bajo el ala protectora de los círculos de intelectuales autodenominados “a-partidarios”. La intención, a partir de las preguntas formuladas, es analizar cómo nos interpela hoy el 17 de octubre, por qué subsiste la necesidad de “festejarlo”, como si fuera una pulsión irrefrenable que arde por expresarse, hasta qué punto esa irrupción política —desmesurada por donde se la mire— nos habla como ciudadanos del siglo XXI.

Mi hipótesis sobre el 17 de octubre es que el antiperonismo existió antes que el propio peronismo. Por lo cual, lo que la historia oficial nos presenta como el “efecto” o la “consecuencia” es, en rigor de verdad, la causa. Esta “confusión” —aunque habría que hablar más bien de inversión, ya que es una conjetura consciente— es la piedra angular de la división entre peronismo/antiperonismo, los recelos, los odios y los resentimientos cruzados. División que no nació en 1945, aunque eso se intente imponer. Es lo que explica también por qué el antiperonismo considera que el movimiento nacido el 17 de octubre vino a arrebatarle “algo”, así sea simbólico o imaginario, como el simple hecho de alterar un orden, de visibilizar un conflicto. Es por ello también que el antiperonismo siempre lucha por “reestablecer” un orden previo a esa llegada bárbara, aun a costa de exterminar a todo el movimiento en su conjunto.

¿En qué nos basamos para sostener que el antiperonismo existió antes que el peronismo? La movilización del 17 de octubre fue una reacción al encarcelamiento del coronel Juan Domingo Perón, por entonces, secretario de Previsión y Trabajo. El dato que la historia oficial pasa por alto es que dicha prisión fue solicitada a Farrell por una serie de actores de la sociedad civil: las entidades patronales, la embajada norteamericana, los principales diarios del país, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Comunista. La acusación era que las políticas implementadas por Perón desde esa cartera no buscaban generar mejores condiciones de vida para los trabajadores, sino que tendrían como fin último su “perpetuación en el poder” (sí, igual que ahora contra CFK. La renovación de consignas no es algo característico del antiperonismo). Dicha perpetuación escondía un fin mucho más oscuro: implantar un régimen “nazi-fascista” en el país. Claro, como Perón era militar, al igual que Mussolini o Hitler, no había que pensar mucho más. También eran militares San Martín y Mosconi, por lo cual, con el mismo grado de comparaciones salvajes, podríamos tildarlos de nazi-fascistas por portación de uniforme. Aunque parezca mentira, este prejuicio sigue en pie en buena parte del progresismo y la izquierda.

Curiosa analogía: los campos de concentración, las cámaras de gas, las Camisas Negras, las Scuadras D’Azzione, los Freicorps, las Secciones de Asaltos (las SA), la Gestapo (Policía Secreta del Estado) y las S.S (Escuadras de Defensa) eran, en estas pampas y para los antiperonistas, los aumentos salariales, la sindicalización masiva, la expansión de beneficios jubilatorios, las mejoras en las indemnizaciones por accidentes de trabajo, el pago de aguinaldo, más cantidad de días de vacaciones pagas, nuevas cláusulas de defensa de estabilidad para los gremios, y la reglamentación de convenios colectivos por rama de actividad.

Más aún. Ni siquiera con el bombardeo a Plaza de Mayo en junio de 1955, el antiperonismo identificó en su propio accionar alguna reminiscencia de los métodos fascistas. Sin embargo, el culto personalista hacia la figura de Perón sería motivo suficiente para emparentarlo con el nazi-fascismo.

En este sentido, resulta crucial detenerse en los meses que van desde octubre de 1945 a febrero de 1946, cuando Perón gana, finalmente, las elecciones presidenciales, período que podríamos denominar la “campaña electoral”. Allí, emerge la figura del embajador norteamericano Spruille Braden, que se cargó al hombro —literalmente— la logística oficialista (porque esta es otra gran tergiversación del liberalismo pedagógico-historiográfico: el oficialismo, en 1945, era Braden y el frente electoral de radicales, socialistas y comunistas). Lúcidamente, Perón dirige su discurso hacia el titiritero y no hacia las marionetas, mediante la célebre consigna “Braden o Perón”. Esa “o” como conjunción disyuntiva tensiona un horizonte posible de país: seguir siendo “colonia” o empezar a decidir de manera autónoma como “Patria”, continuar en la senda del “colonialismo” o crear un nuevo sendero nacionalista.

Hay una frase de tintes shakespeareana de María Eva Duarte de Perón que Leonardo Favio recoge magistralmente en Sinfonía del sentimiento: “En la lucha, todos tenemos un puesto. Y esta lucha está abierta entre el ser o no ser de la Patria. Mi conciencia de ciudadana y argentina se ha sublevado ante la Patria vendida y vilipendiada año tras año, gobierno tras gobierno. Vendida a apetitos foráneos de un capitalismo sin patria ni bandera”. Y cierra con una proclama: “vivimos épocas heroicas y no de cobardes y de vendepatrias”.

La vigencia de este planteo (Braden o Perón) interpela a toda la sociedad. Excede la autodenominada victimización del antiperonismo como “vendepatrias”, dado que la historia de la militancia peronista también tiene que rendir cuentas sobre posturas cipayas. El planteo es actual porque ningún otro candidato peronista llevó a cabo una campaña electoral en condiciones más desfavorables: Braden no era solamente Braden, era el representante, el símbolo del colonialismo norteamericano. Y, en 1945, Estados Unidos era más que fondos buitres y FMI, era la principal potencia militar que venía de ganar la Segunda Guerra Mundial y de arrojar dos bombas atómicas en Japón. Potencia que no tenía ningún prurito de acusar de “nazi-fascista” a cualquier expresión que contradijera su política colonial. Perón se animó a dar esa batalla y en ese contexto, algo que se suele perder de vista en los relatos liberal-progresistas.

El sentido de los interrogantes iniciales toca las fibras más íntimas de la política, es decir, del modo en que mujeres y hombres deciden organizar la vida en comunidad. Y es que, de un modo más crudo, “la vida por Perón” no es una consigna extrapolable a otro referente político. No hay antecedentes en la democracia moderna de un candidato presidencial (Héctor Cámpora en 1973) que gane una elección con la promesa de renunciar para que asuma un líder exiliado y proscripto por casi 20 años. Luego de la década neoliberal de los 90, gestionada por el peronismo, pocos creían que el mismo movimiento político pudiera resurgir y reencausar los destinos del país.

La clásica foto del bondi rebalsado de manifestantes hasta el techo hoy sería impensada por, al menos, tres razones. En primer lugar, porque lo que puso en evidencia aquel 17 de octubre fue, precisamente, que un amplio sector de la sociedad era ignorado por el discurso político y las acciones del Estado. En segundo lugar, porque se conjugó el encarcelamiento de Perón con el temor de los trabajadores a perder las conquistas alcanzadas recientemente. Por obvio que parezca expresarlo, hoy, esas “conquistas sociales” ya existen, están consagradas por leyes laborales y hasta por la Constitución liberal de 1955, que reemplazó el texto constitucional de 1949 y apiñó varios artículos en el 14 bis. Es cierto que cada vez que se quitan derechos, la población se moviliza, ya que los derechos no son “consagrados” de una vez y para siempre, pero un fenómeno como un 17 de octubre sólo puede ocurrir una vez, dado que implica un nacimiento, una creación irrepetible de un movimiento político. De esta segunda razón, se desprende la tercera: un despliegue de esa masividad sería impensado porque las movilizaciones actuales responden más a quejas, reclamos o indignaciones que a faltas o demandas. Por ejemplo, los anti-cuarentena o los compradores de dólares tienen más capacidad de movilización (y mayor cobertura mediática) que manifestantes que exijan el acceso a la vivienda digna o la eliminación de la precarización laboral. Además, estos últimos no podrían gozar del bien ponderado mediáticamente “autoconvocados”, ya que cae de maduro que están organizados.

Para finalizar con el último de los interrogantes, sobre las demandas de las mayorías populares, dejemos en claro que siguen existiendo demandas insatisfechas: la violencia institucional y la desaparición de personas a manos de las fuerzas de seguridad, las tomas de tierras a raíz de la imposibilidad de acceder a la vivienda digna, la problemática ambiental que va desde los incendios forestales al trigo transgénico, los altos niveles de pobreza heredados de la pandemia neoliberal macrista, la dolarización de la economía, la presión de la oligarquía agroexportadora para forzar siempre una devaluación inminente, el sector bancario e inmobiliario como “los únicos privilegiados”, la mitad de la plataforma marítima en manos extranjeras, son todas problemáticas cuya solución solo es posible mediante los tres ejes programáticos del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social.

La experiencia histórica ha demostrado que los gobiernos antiperonistas sólo han agravado y profundizado los problemas. Contrariamente, los líderes populares que generaron mayores adhesiones de la población y que tuvieron mayor capacidad de movilización fueron aquellos que mediante sus políticas públicas más se acercaron a los tres ejes programáticos justicialistas. Al pasar, algunas estadísticas: el salario mínimo, vital y móvil más alto de la región, índices de pleno empleo, estatización de fondos previsionales, recursos energéticos, el mayor porcentaje de estudiantes universitarios primera generación, repatriación de científicos, y desarrollo tecnológico de vanguardia. El camino de la ampliación de derechos y mejores condiciones de vida pareciera ser el horizonte más propicio para emular el 17 de octubre.

Pero el peronismo también debe rendir cuentas puertas adentro. Lo que ya se hizo y fracasó: la militancia que confunde lealtad con obsecuencia y cree que la unidad del movimiento es sinónimo de no cuestionamiento, cuando la historia demuestra lo contrario: los mejores aportes vinieron de quienes se animaron a cuestionar las posiciones dominantes (pienso en un Kirchner oponiéndose al menemismo); los dirigentes que privilegian los símbolos de cierta liturgia (tatuajes, remeras estampadas, la foto de Evita de fondo) sobre la consagración de nuevos derechos, partiendo de la base de que los derechos son una construcción histórica, resultado de luchas y disputas sociales y no “caídos del cielo” o productos de la “buena voluntad” de los poderosos, por lo tanto, siempre serán provisionales y en peligro de sufrir retrocesos. Ese fue el espíritu de los miles de mujeres y hombres que asombraron a Scalabrini Ortíz y Marechal aquel 17 de octubre.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.