Operación "Diamante Verde" culmina con incautaciones y 23 detenidos en Ovalle
Durante la mañana del viernes, se llevaron a cabo los alegatos por el recurso de apelación presentado por la Fiscalía en el caso de tráfico de drogas en Ovalle. Este caso ha generado un gran interés a nivel nacional debido a la fianza de 2 millones de pesos que el juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño, fijó para cada uno de los 23 detenidos en la operación "Diamante Verde", llevada a cabo por la PDI. Esta caución finalmente fue pagada.
De esta forma, la audiencia comenzó con una solicitud de los defensores de los imputados para declarar inadmisible la apelación de la Fiscalía, lo que fue rápidamente rechazado por la corte, pasando así a los alegatos. En la oportunidad, el representante del Ministerio Público presentó sus argumentos para que la Corte de Apelaciones revocara la decisión del Juzgado de Garantía de Ovalle, aplicando la prisión preventiva a los 23 imputados por tráfico de drogas por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.
Incautación de drogas y armas
Los argumentos de la Fiscalía apuntaban, por ejemplo, a las grandes sumas de dinero en efectivo encontradas y a los vehículos obtenidos por los involucrados, los cuales no parecían ser adquiridos de forma regular, al no haber ingresos económicos que lo justificaran. Asimismo, se destacó la gran cantidad de droga encontrada en diferentes domicilios y los eventuales nexos entre los diferentes imputados.
Por su parte, los abogados defensores sostuvieron su posición acusando falta de pruebas contundentes por parte del Ministerio Público. Aseguraron que lo presentado por el fiscal en la audiencia no era suficiente para comprobar la existencia de un peligro para la seguridad de la sociedad, y en esa misma línea, afirmaron que gran parte de sus representados cuentan con una irreprochable conducta anterior.
Así lo declaró, por ejemplo, el abogado Alex Ruz, quien representa a seis de los imputados, cinco mujeres y un hombre. “No existen elementos probatorios que permitan sustentar su participación en un hecho delictivo. Ninguno de ellos (sus representados) tiene antecedentes anteriores o procesos pendientes. A ninguna de las mujeres se les encontró un gramo de marihuana o algún elemento que se vincule con los delitos y ninguno pertenece a un grupo u organización delictiva. La fiscalía no señaló o acompañó ninguna escucha telefónica de estas personas”, sostuvo.
Por su parte, el defensor penal público de Ovalle, Gerardo Tagle, quien representa a dos imputados, señaló que sus clientes no eran parte de la investigación inicial de la operación “Diamante Verde”, sino que fueron detenidos al ser sorprendidos en posibles nexos con los investigados. “El principal argumento era discutir la participación de estas personas en los delitos que se les imputaba, por cuanto en la investigación que llevaba la Fiscalía no aparecían vinculados a escuchas, seguimientos o peritajes de carácter económico para determinar que hubiesen participado en lavado de activos o tráfico de drogas. Uno de ellos era un cuidador de unas casas que tenían ahí, tenía un sueldo, y él declara que las sustancias que le encontraron eran para su consumo personal. Eran 10 gramos de marihuana en un frasco de vidrio que no eran para dosificar, sino para conservarla. El segundo caso fue fiscalizado por la Policía de Investigaciones en la ruta D-45, casi cercano al cruce de Barraza. En el procedimiento le encuentran un arma de fuego que no tenía permiso para portarla, pero ese delito, atendiendo a su irreprochable conducta anterior, entendemos que tampoco requería la necesidad de una prisión preventiva”, señaló el defensor público.
En esa línea, insistió en que ambos “tienen una irreprochable conducta anterior”, por lo que podría proceder, a su juicio, “una pena no privativa de libertad en caso de ser juzgados”, apuntó.
Resolución de la Corte
Tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y de los defensores, la Corte de Apelaciones de La Serena, en fallo unánime, decidió revocar la decisión del Juzgado de Garantía de Ovalle y ordenó la prisión preventiva para 22 imputados por los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, ilícitos perpetrados desde 2019 en la comuna de Ovalle.
En concreto, se revocó la resolución original que estableció la necesidad de cautela por peligro de fuga con una caución de $2.000.000 para cada imputado, y se ordenó la prisión preventiva por considerar que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad. Al respecto, el ministro Cristián Álvarez Mercado explicó que “el delito por el cual fueron formalizados los imputados, entre otros el delito del tráfico de droga, que en su oportunidad fue establecido por el juez de garantía de Ovalle, determina la hipótesis que permite establecer la medida cautelar de prisión preventiva bajo la modalidad de peligro para la seguridad de la sociedad, atendido la gravedad de la pena asignada por ley al delito, el carácter del mismo, las circunstancias de haber obrado en grupo o pandilla, lo que inequívocamente determina que bajo esas circunstancias, que concurren en este caso, permiten establecer la modalidad en la forma que lo ha establecido esta Corte”.
Respecto a una mujer, hasta ahora la única que ha sido detenida por estos hechos, se le concedió la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, en consideración del avanzado embarazo en que se encuentra. De hecho, por esa situación presentó algún inconveniente de salud durante la audiencia de formalización. “Por presentar un avanzado estado de embarazo y presentar problemas de salud derivados del mismo, lo que consta porque debió ser trasladada al Hospital de Ovalle cuando estuvo detenida, se estima que otras medidas cautelares pueden asegurar los fines del procedimiento como la integridad de quien está por nacer (…)”, señalaron desde la corte.
Más Antecedentes
Posterior a la audiencia, los defensores manifestaron su disconformidad con esta resolución, pero aseguraron que reunirán los antecedentes necesarios para defender a sus representados. Así lo declaró el abogado Alex Ruz, quien afirmó que “esta defensa acepta los fallos del Poder Judicial, más no podemos compartir la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Decretar la prisión preventiva a 22 personas sin desarrollar un análisis más profundo de las alegaciones efectuadas nos preocupa enormemente, especialmente cuando el Ministerio Público ha demostrado carencias probatorias y de argumentos confiables. Se ha cedido ante la presión de la opinión pública, afectando el debido proceso. Por otra parte, somos la única defensa que obtuvo la libertad de uno de los imputados”, indicó.
Por su parte, el defensor público Gerardo Tagle manifestó que “uno debe ejercer un rol, y por eso se debe desarrollar una estrategia conforme al mérito del proceso y las decisiones de los tribunales. En ese sentido, lo que hay que hacer ahora es aportar antecedentes de descargo, y generar en el más breve tiempo el escenario para debatir estos hechos, lo que establezca la real participación y entidad de participación que tienen estos jóvenes en el curso del juicio”.
Respecto a sus representados en particular, Tagle afirmó que “hay que demostrar que claramente no estaban al tanto de lo que eventualmente imputa el Ministerio Público, en esta presunta asociación ilícita. Obviamente uno no queda contento con la resolución de la corte, pero vamos a asumir en este proceso las diligencias que sean necesarias para esclarecer la real participación”, subrayó.