El Seguro y las personas previsoras no tienen dudas: siempre es un buen momento para ahorrar. Y parece que ahora más, teniendo en cuenta cuestiones como el envejecimiento, la crisis de las pensiones y la disminución de la natalidad. La planificación de los ahorros destinados a la jubilación parece incluso más necesaria pensando en un entorno como el que vivimos, marcado por la crisis económica y la inflación. Un escenario, además, caracterizado por la recuperación de los tipos de interés, que lleva a pensar de nuevo en la obtención de rentabilidad. En este marco, el asesoramiento juega un papel protagonista.

Vida-Ahorro protagoniza una buena parte de los contenidos del último número de Actualidad Aseguradora, disponible ya en versión digital.

Analizamos además como en este contexto de crisis e incertidumbre los asegurados se preguntan si es el mejor momento para recolocar sus ahorros en otros productos. Lo que más valoran es la diversificación de las opciones de inversión y la posibilidad de construir un ahorro de manera regular mediante aportaciones periódicas.

El atractivo de Decesos

Este número, además, dedica unas páginas especiales a la actualidad del ramo de Decesos, abordada desde una doble perspectiva: la de las entidades especialistas en este seguro; y la de compañías generalistas que trabajan en Decesos por su potencial.

Precisamente, Preventiva Seguros nos detalla las razones que hacen que este sea un ramo tal atractivo. Entre los contenidos en abierto en la versión digital de Actualidad Aseguradora, podemos leer también el artículo del responsable editorial de INESE, Juan Manuel Blanco, así como las secciones Visitamos y Confesiones, en esta ocasión con Inverco y con Ana Franco de Sarabia, directora general de Sedgwick Iberia, respectivamente. También hacemos balance del último Congreso de APCAS.

Este y todos los números de la revista están disponibles en su versión digital en actualidadaseguradora.inese.es, así como en INESE Data.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.