El Ministerio Público ha negado categóricamente las afirmaciones de un reportaje que sugiere que tres personas asesinadas en 2024 eran parte de un programa de protección de testigos. En un comunicado, la oficina del fiscal general ha insistido en que las tres víctimas, una de las cuales fue asesinada en la región de Coquimbo y las otras dos en la región Metropolitana, no eran parte de ningún programa de protección de testigos en el momento de sus asesinatos.
Esta declaración se produce en respuesta a un reportaje publicado por T13 que afirmaba que tres testigos protegidos habían sido asesinados. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio Público, estas personas «no estaban siendo parte de ningún programa de protección al momento de ocurridos los hechos, y al ser investigaciones reservadas, nos vemos impedidos a referirnos a ellas».
La información recopilada por BBCL revela que los casos de Ovalle y Lampa, lugares de los asesinatos, presentan diferencias significativas. Según las fuentes consultadas por BBCL, las personas asesinadas en la capital nunca fueron objeto de protección, ya que ni siquiera habrían ostentado la calidad de testigos en causas vinculadas al crimen organizado.
El caso de Ovalle es diferente. Según un informe publicado por BBCL Investiga hace más de dos meses, M.G.M.G. era un testigo reservado que denunció a sicarios del Tren de Aragua. Sin embargo, al igual que los demás, la mujer no formaba parte de un programa de protección en el momento de su muerte, ya que había decidido por sí misma no recibir ninguna protección.
El primer asesinato ocurrió en marzo cuando una mujer venezolana fue asesinada a tiros mientras cargaba combustible en su motocicleta. Según BBCL Investiga, M.G.M.G. era un testigo reservado en una investigación de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) vinculada al crimen organizado.
La mujer había proporcionado información clave que permitió revelar los vínculos entre un narcotraficante de Concepción, sicarios del Tren de Aragua y tres homicidios ocurridos en el Gran Concepción. La joven de 19 años fue una pieza clave para descifrar los asesinatos de Woldy Decimies, Alexis Raúl Evaristo Patiño y Aaron Nicolás Valenzuela Flores.
El segundo caso ocurrió el 5 de junio, cuando la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI comenzaron a investigar un doble asesinato con armas de fuego en la comuna de Lampa. Las víctimas, dos hombres, fueron encontradas con múltiples disparos en la cabeza y el tórax en un sitio baldío en el sector de Camino Lo Echevers con Chorrillo Tres. Alrededor de los cadáveres se encontraron hasta 20 vainillas, lo que sugiere que ambos fueron ejecutados en el lugar.
Un informe de T13 afirmaba que estas dos víctimas eran testigos protegidos en un caso contra el crimen organizado, una afirmación que el Ministerio Público ha negado rotundamente.
El mismo informe de T13 indica que en 2023, un total de 13 mil testigos recibieron protección por parte del Estado, con un costo de $420 mil por persona. A pesar de estas cifras, sigue siendo claro que no todos los testigos en casos de crimen organizado están bajo protección, como lo demuestran los tres asesinatos de 2024.