En la localidad de Tongoy, ubicada en la región de Coquimbo, en Chile, los pescadores se sienten como “ocupantes ilegales” en su propio espacio de trabajo. Este sentimiento surge a raíz de la falta de una recepción formal de un comodato o de alguna forma legal de propiedad sobre las instalaciones de la caleta pesquera que utilizan.
El 12 de agosto de 2017 se inauguraron con gran júbilo las obras de mejora y ampliación de la caleta pesquera de Tongoy, un proyecto que contó con una inversión superior a los 9 mil millones de pesos. La iniciativa no solo buscaba potenciar la infraestructura del lugar, sino también impulsar el desarrollo y la estabilidad económica de los más de 900 trabajadores del sector marítimo. No obstante, la falta de un título de propiedad formal generó una sombra de incertidumbre sobre los pescadores de la localidad.
La problemática no solo radica en la falta de reconocimiento oficial sobre quién puede ocupar las instalaciones, sino también en la necesidad de despejar las dudas legales y otorgar solidez al trabajo de los pescadores. Sin un documento de propiedad, los trabajadores no pueden avanzar en otras gestiones municipales, tales como obtener una resolución sanitaria, una patente de alcohol, patente comercial o incluso la realización de contratos.
Priscila Haro Gómez, presidenta de la Asociación Gremial de Buzos y Pescadores de Ramas Similares Artesanales Independientes de Tongoy, explicó que en 2017 la caleta se entregó a una SPA conformada por cuatro instituciones. Estas recibieron de manera momentánea la documentación y desde entonces han surgido problemas con las Obras Portuarias. “Durante estos años se han hecho modificaciones en la caleta, en beneficio sí de todos los que trabajamos acá, pero por lo mismo Obras Portuarias no entrega la firma para seguir con el tema de la recepción”, indicó.
La falta de este documento significa que, en la práctica, los trabajadores pesqueros se sienten “ocupantes ilegales” de las instalaciones, espacios que comprenden áreas de comercio, turismo, centros de cultivo, dos áreas de manejo, muelle, siete restaurantes, ocho pescaderías y 14 marisquerías.
Carlos Opaso, director del SECPLAN de Coquimbo, señaló que a solicitud del alcalde Ali Manouchehri, han sostenido reuniones con dirigentes y locatarios para conocer a fondo el problema e iniciar los diversos procesos y gestiones, en conjunto con la Dirección de Obras Portuarias, que permitan regularizar su situación. “No es un problema de fácil solución, por lo que redoblamos nuestros esfuerzos y estamos acompañando a cada uno de los emprendedores del lugar para que prontamente puedan contar con una respuesta positiva”, puntualizó.
La falta de claridad legal sobre la propiedad de las instalaciones pesqueras en Tongoy ha generado una tensión considerable entre los pescadores y las autoridades de la localidad. El futuro de estas instalaciones, y por ende del sustento económico de cientos de trabajadores, depende en gran medida de la resolución de este conflicto.