El proyecto residencial Laguna del Mar en La Serena, gestionado por Inmobiliaria Aconcagua, prometía ser un desarrollo impresionante con la construcción de 12 edificios residenciales y un hotel, además de una laguna artificial de 6.5 hectáreas. El proyecto, que inició en 2010, no ha cumplido con las expectativas de sus compradores ni con las promesas iniciales, generando una serie de reclamos y acciones legales.
Desde su inicio, el complejo residencial ha enfrentado múltiples problemas, incluyendo quejas por la mala calidad del agua en la laguna artificial y sanciones impuestas por la Dirección General de Aguas (DGA) debido a la extracción irregular de recursos hídricos. El problema se agravó cuando la Inmobiliaria Laguna del Mar, controladora del proyecto y propiedad en un 50% de Inmobiliaria Aconcagua en asociación con Inmobiliaria La Cruz del Molino S.A., anunció que el desarrollo del conjunto residencial se interrumpió. Según la inmobiliaria, la causa fue la declaratoria del humedal urbano en la desembocadura del río Elqui por parte del Ministerio del Medio Ambiente en agosto de 2022.
La denuncia de los propietarios se basa en que la interrupción del desarrollo del proyecto fue comunicada pero no solucionada adecuadamente. Los compradores, representados por Josefina Escobar, abogada del estudio jurídico Ovalle Consejeros Legales (OCL) y la firma BACS, adquirieron sus propiedades bajo la promesa de una laguna cristalina de grandes proporciones y bajo costo de mantenimiento, lo cual no se cumplió. Por esta razón, han presentado una querella contra las inmobiliarias y sus representantes legales, acusándolos de presunta estafa y administración desleal.
La querella argumenta que la situación es "gravísima" y afecta a cientos de personas, ya que su vivienda es su activo patrimonial más importante. Según el documento legal, las empresas involucradas, incluyendo a SalfaCorp y Crystal Lagoons, sabían que el proyecto no cumpliría con lo prometido. Además, enfatiza que no solo no se construyó la laguna en la dimensión ofertada -la actual tiene 2.41 hectáreas en lugar de 6.5-, sino que tampoco se construyeron los 14 edificios residenciales y el hotel prometidos; solo se completaron 6 edificios.
La querella también destaca que desde 2016, la laguna ha estado en condiciones deplorables de manera intermitente. Desde 2022, se ha rellenado con agua potable, una solución presentada inicialmente como temporal pero que se ha convertido en permanente. Esta solución, además de no ser sostenible a largo plazo debido a la sequía extrema en la región, implica altos costos que los copropietarios deben asumir a través de los gastos comunes.
La situación ha llevado a que la Inmobiliaria Lagunas del Mar S.A. abandone el proyecto, dejando a los copropietarios con numerosas irregularidades cometidas durante los 12 años de administración del complejo. La laguna está en vías de convertirse en un socavón sin destino, una situación agravada por la continuada venta de unidades bajo falsas promesas, según la querella.
En la acción legal, los querellantes argumentan que la inmobiliaria utiliza el pretexto de la declaración del humedal urbano para abandonar el proyecto. La Ley 21.202, que protege los humedales urbanos, entró en vigor en enero de 2020, y desde entonces comenzó el proceso de revisión de la declaración de humedal urbano que afecta al proyecto. Los querellantes sostienen que si la inmobiliaria realmente hubiera proyectado la continuidad del proyecto conforme a lo prometido, habría tomado medidas anticipadas para mitigar las consecuencias de tal declaración.
En respuesta, la Inmobiliaria Lagunas del Mar emitió una declaración pública, señalando que siempre han velado por satisfacer los requerimientos y consultas de todos los copropietarios del complejo y que mantienen una permanente disposición al diálogo con las comunidades. La inmobiliaria calificó la querella como "instrumental" y rechazó las imputaciones efectuadas en el documento, asegurando que no han tenido participación en hechos que revistan carácter de delito y que esto se comprobará en las instancias pertinentes.