Estados Unidos canceló la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y de otros doce funcionarios y exfuncionarios bolivianos. Cuarenta y ocho horas después, el Gobierno de Rodrigo Paz ordenó su detención. El artículo publicado por La Izquierda Diario Bolivia presenta este hecho como una muestra de injerencia imperialista, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.
El lunes 28 de septiembre, el Departamento de Estado estadounidense retiró las visas a Mariaca y a otros doce dirigentes y exdirigentes, a quienes atribuyó hechos de corrupción y nexos con el narcotráfico. Dos noches más tarde, policías encapuchados arrestaron a Mariaca y al fiscal departamental Alberto Zeballos en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz. De forma paralela, otro operativo allanó la Fiscalía General en Sucre. El Ministerio Público calificó lo ocurrido como un “secuestro”.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, felicitó al Gobierno boliviano por su “liderazgo”, mientras los quince países integrantes del Escudo de las Américas suscribieron un comunicado de respaldo. Según el texto, la secuencia de los hechos revela que el Gobierno de Donald Trump indicó quién debía ser removido de la Fiscalía y que la administración de Rodrigo Paz ejecutó esa decisión en dos días.
La denuncia no supone, según la publicación, una defensa de Mariaca, a quien señala como una figura central en la persecución judicial contra cientos de luchadores durante la rebelión de mayo y junio. El cuestionamiento se dirige a que una potencia extranjera intervenga en la definición de quién conduce el Ministerio Público boliviano.
El narcotráfico como argumento de intervención regional
Desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, Estados Unidos interviene abiertamente en distintos países de América Latina, de acuerdo con el artículo. El argumento utilizado en cada caso es que el narcotráfico y el denominado “narcoterrorismo” representan una amenaza para Estados Unidos, por lo que Washington se atribuye la facultad de actuar en otros territorios.
En Venezuela, Trump lanzó en 2025 una campaña de bombardeos contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Según el texto, esos ataques dejaron más de 200 muertos sin juicio ni pruebas. Posteriormente, Estados Unidos desplegó buques de guerra frente a las costas venezolanas, aplicó un bloqueo aéreo y, el 3 de enero de 2026, bombardeó Caracas y capturó a Nicolás Maduro, acusado de encabezar un cartel. No obstante, la propia justicia estadounidense declaró que el denominado “Cártel de los Soles” no existe.
En Ecuador, tropas estadounidenses operan desde el 3 de marzo de 2026 junto a las Fuerzas Armadas del Gobierno de Daniel Noboa contra organizaciones que Washington calificó de “terroristas”. Hay militares norteamericanos en Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, y un decreto autoriza su permanencia durante 180 días sin visa. Esto ocurre pese a que la población ecuatoriana rechazó, en el referendo de 2025, la instalación de bases militares extranjeras.
En Colombia, Trump impuso en enero de 2025 aranceles del 25 % después de que el entonces presidente Gustavo Petro se negara a recibir vuelos militares con deportados. El Gobierno colombiano cedió en pocas horas. En octubre de ese mismo año, Trump llamó “narcotraficante” a Petro, suspendió la ayuda económica y amenazó con gravámenes al café y a las flores, actividades de las que dependen cientos de miles de familias. Estados Unidos adquiere cerca del 40 % del café colombiano, por lo que esa presión comercial puede utilizarse para imponer decisiones políticas.
El instrumento regional de esta política sería el Escudo de las Américas, lanzado por Trump el 7 de marzo de 2026 en Miami junto a Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele, José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, entre otros mandatarios. Según Trump, el acuerdo contempla el compromiso de emplear “fuerza militar letal” contra los carteles.
El texto sostiene que esta alianza ya intervino en Bolivia antes del caso Mariaca. En junio, cuando campesinos, obreros y maestros se movilizaron contra el ajuste, los trece gobiernos que integraban entonces el bloque denunciaron un intento de “derrocar” a Rodrigo Paz financiado con “dinero sucio del narcotráfico”. Marco Rubio también ofreció “apoyo logístico” al Gobierno boliviano. Para la publicación, estos hechos equipararon la protesta social con el crimen organizado y otorgaron cobertura política y militar a la intervención de Estados Unidos en la región.
El caso Mariaca y las investigaciones sobre Fernando Cerimedo
La detención de Mariaca se produjo cuando comenzaban a conocerse denuncias sobre mecanismos de corrupción en el Gobierno de Rodrigo Paz y sus vínculos con la administración de Trump y la extrema derecha continental. El nexo mencionado es Fernando Cerimedo, consultor argentino que trabajó para Javier Milei y Jair Bolsonaro, a quien la prensa ha denominado “el hombre de MAGA” en América Latina.
Cerimedo permanece detenido en la cárcel de Palmasola desde el 18 de agosto. La Fiscalía lo investiga por tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien fue baleada en la puerta de un hotel de Santa Cruz. Beller acusó a Cerimedo de intervenir en negociados del Gobierno y de la familia presidencial, entre ellos vinculados al manejo de combustibles y a la contratación de seguros públicos.
Además, la Fiscalía abrió investigaciones contra Cerimedo por lavado de activos y por una presunta protección a narcotraficantes. La prensa difundió una fotografía en la que aparece junto a Rodrigo Paz y al canciller en una reunión oficial con Marco Rubio. Beller, por su parte, publicó una imagen en la que Cerimedo aparece incluso junto al hijo de Donald Trump.
Mariaca dirigía esas pesquisas. Estados Unidos lo acusa de haber recibido sobornos para facilitar el narcotráfico, mientras que un video lo relaciona con el narcotraficante Sebastián Marset. El artículo plantea que esa acusación podría ser cierta, ya que el narcotráfico no operaría al margen del Estado boliviano, sino que requeriría la complicidad de fiscales, jueces, policías y dirigentes políticos.
El texto sitúa esos vínculos en una trayectoria que se remonta a la dictadura de Hugo Banzer, tuvo una expresión abierta durante la narcodictadura de García Meza y alcanzó a los partidos que gobernaron antes del MAS y de la actual administración. En los años noventa, el escándalo de los narcovínculos del MIR derivó en la condena a cuatro años de prisión de Óscar Eid Franco, mano derecha de Jaime Paz Zamora, por sus relaciones con la banda del narcotraficante Isaac “Oso” Chavarría. Estados Unidos también retiró la visa a Paz Zamora, padre del actual presidente.
Según la nota, el operativo impulsado desde Washington no pretende terminar con esa estructura de complicidades, sino apartar al fiscal que investigaba el caso que más comprometería a Rodrigo Paz, a Trump y a la extrema derecha regional. La injerencia en la justicia, el estado de excepción y el endeudamiento formarían parte, para el texto, de un mismo plan destinado a garantizar el ajuste y el saqueo de los recursos bolivianos.
Deuda externa, comercio exterior y soberanía
La detención de Mariaca generó cuestionamientos de sectores de la burguesía, la pequeña burguesía y también de sectores populares, que denunciaron una vulneración de la soberanía nacional. Sin embargo, el artículo considera insuficiente limitar el reclamo a que Estados Unidos respete los asuntos internos de Bolivia, porque la dependencia tendría una base económica.
La publicación cita a Lenin y su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, para sostener que existen países formalmente independientes en el plano político, pero subordinados financieramente y diplomáticamente a las grandes potencias. Bolivia cuenta con Gobierno, Parlamento y elecciones, pero Estados Unidos pudo, según el texto, decidir la salida de su fiscal general debido a esa subordinación económica.
Como primera medida para recuperar soberanía, el artículo propone dejar de pagar la deuda externa. De acuerdo con el Banco Central, la deuda externa pública alcanzó los 14.357,7 millones de dólares en junio de 2026. Durante el primer semestre del año, el Gobierno colocó 1.000 millones de dólares en bonos soberanos y añadió 1.900 millones del FMI, parte de un paquete de al menos 5.000 millones de dólares junto al Banco Mundial y el BID.
Los desembolsos estarían condicionados a medidas de ajuste como el gasolinazo, la devaluación, los recortes del gasto público y la aprobación de leyes. El texto sostiene que el costo de esa deuda recaerá sobre los trabajadores mediante salarios, empleos, bienes comunes, impuestos y el aumento de las tarifas de luz, gas y agua. Por ello, plantea romper con el FMI y desconocer la deuda.
La segunda propuesta es establecer el monopolio estatal del comercio exterior. Actualmente, las exportaciones y las divisas estarían concentradas en un pequeño grupo de agroindustriales, compañías mineras y bancos, que negocian en función de sus intereses y transfieren al exterior parte de sus ganancias. Para el artículo, esta situación deja al país expuesto a presiones comerciales como las aplicadas contra Colombia.
El monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización de la banca en un banco estatal único, bajo control de los trabajadores, permitirían utilizar las divisas para las necesidades de la población trabajadora en vez de destinarlas al pago de acreedores. La nota afirma que la burguesía boliviana es socia menor del capital extranjero, se beneficia del endeudamiento y recibe parte de los dólares mediante negocios estatales, importaciones y fuga de capitales.
También cuestiona al MAS, que gobernó durante catorce años con un discurso antiimperialista, pero mantuvo el pago de la deuda, los acuerdos internacionales de erradicación de la coca y el poder de los agroindustriales y la banca. Desde la teoría de la revolución permanente de Trotsky, el texto sostiene que la burguesía nacional de los países dependientes no puede conquistar la liberación nacional y que esa tarea corresponde a la clase obrera en alianza con campesinos y pueblos indígenas, afectando la propiedad de los grandes capitalistas.
La legalización de las drogas como respuesta al argumento intervencionista
La lucha contra el narcotráfico es presentada como el argumento utilizado por Estados Unidos para justificar su intervención, aunque la publicación sostiene que las razones de fondo son económicas y geopolíticas. Tras la captura de Maduro, Trump declaró que Estados Unidos reconstruiría Venezuela “de una manera muy rentable” y se quedaría con su petróleo.
En Bolivia, estarían en disputa el litio y el oro. En enero, el Gobierno de Paz presentó una nueva ley del litio con licitación internacional, en medio de su acercamiento a Washington. Trump, además, definió al Escudo de las Américas como una herramienta para contener la presencia de China en la región. A ello se sumarían el respaldo a los planes de ajuste del FMI y la defensa de gobiernos aliados frente a la movilización popular.
El artículo considera necesario debatir el narcotráfico porque el argumento tiene impacto social ante la violencia y la corrupción reales que genera esa actividad. Mientras siga siendo un negocio ilegal de miles de millones de dólares, Washington podrá presentar sanciones, despliegues militares e intervenciones judiciales como acciones contra el crimen, mientras gobiernos como el de Paz podrán describir su subordinación como cooperación en seguridad.
La llamada “guerra contra las drogas” de Estados Unidos habría fracasado. En México dejó decenas de miles de muertos desde 2006, mientras el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida militarizaron esos países sin reducir la producción ni el consumo. Los decomisos, según la nota, representan apenas cerca del 10 % de las drogas que circulan globalmente.
En Bolivia, la mayor parte del presupuesto de lucha contra el narcotráfico se destina a la Policía, y la represión recae sobre comunidades cocaleras y pequeños productores, no sobre los grandes empresarios que logran sacar cargamentos mediante narcomaderas. Datos citados por Mariano Fusero, presidente de RESET, indican que el 77 % de las ganancias del mercado de cocaína queda en Estados Unidos y Europa, mientras solo el 1 % permanece en las zonas campesinas de producción.
El texto sostiene que Estados Unidos es el principal mercado de estas sustancias y uno de los lugares en los que se lava el dinero, mientras que la prohibición posibilita ganancias extraordinarias. Por ello, plantea la legalización de las drogas, entendida no solo como la despenalización del consumo, sino como el establecimiento de un sistema regulado de producción, distribución y venta bajo control público.
Como antecedentes, se menciona el fin de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que no incrementó el alcoholismo pero eliminó el mercado negro dominado por la mafia. También se cita a Portugal, que despenalizó el consumo de todas las drogas en 2001 y, desde entonces, registró descensos en el consumo juvenil, las infecciones de VIH y las muertes por heroína.
En Bolivia, la propuesta comenzaría por garantizar el libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca, terminar con la erradicación forzosa y dejar de criminalizar a las comunidades productoras. Asimismo, plantea que la producción y comercialización de drogas estén bajo control del Estado, de los productores y de organizaciones populares para asegurar su calidad.
La iniciativa incluye nacionalizar los puertos privados y las rutas de salida de cargamentos bajo control de sus trabajadores; expropiar propiedades y cuentas bancarias de empresarios y políticos vinculados al negocio; y crear una banca estatal única para impedir el lavado de dinero. El presupuesto destinado a la represión debería, según el artículo, dirigirse a salud, educación y empleo, además de políticas de reducción de daños, información científica, acompañamiento psicosocial, campañas de sensibilización y tratamiento público, gratuito y no coercitivo para personas con consumo problemático.
La legalización se presenta como parte de un mismo programa junto al no pago de la deuda y al monopolio estatal del comercio exterior. De acuerdo con el texto, una banca estatal única impediría también la fuga de capitales, mientras que el control estatal de los puertos y del comercio exterior permitiría desarticular las rutas del narcotráfico.
Reclamos políticos y movilización social
Como tarea inmediata, el artículo plantea rechazar la injerencia de Estados Unidos, romper relaciones con ese país y exigir la salida de Trump, Marco Rubio y el Escudo de las Américas de Bolivia y de América Latina. También solicita anular las detenciones y los procesos derivados de lo que define como un operativo ilegal ordenado desde Washington.
La investigación del caso Cerimedo debería continuar hasta el final mediante una comisión independiente integrada por organizaciones obreras y campesinas, según la publicación. Asimismo, propone terminar con el estado de excepción.
Para alcanzar una soberanía efectiva, el texto reclama el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI, el monopolio estatal del comercio exterior, una banca estatal única y la legalización de las drogas. Considera que este programa solo puede ser impulsado por la fuerza social que paralizó el país en mayo y junio: la clase trabajadora, junto a campesinos, pueblos indígenas y juventud, mediante organizaciones propias y movilización en las calles.
Finalmente, debido a que la ofensiva de Trump abarcaría a todo el continente, el artículo plantea una respuesta internacional coordinada con los pueblos de la región y con la clase trabajadora de Estados Unidos, en la perspectiva de una federación de repúblicas socialistas de América Latina.