El ministro de Turismo y Cultura de Jujuy no logró precisar el principal dato que motivó su interpelación en la Legislatura: el impacto económico generado por el recital de La Renga.
Durante su exposición, el funcionario ratificó una cifra de $9.224.637.072,61. Sin embargo, el número vuelve a entrar en contradicción con la fórmula incluida en el informe oficial presentado ante los legisladores.
Una cuenta que arroja otro número
Según la expresión difundida por el ministro, el cálculo del derrame económico se compone de la siguiente manera: gasto de visitantes más gasto de organización, multiplicado por un coeficiente, menos las fugas estimadas.
Los valores informados fueron:
- Gasto de visitantes: $7.715.446.256.
- Gasto de organización: $344.915.939.
- Multiplicador: 1,4.
- Fugas estimadas: $2.059.870.000.
Aplicada de forma literal, la fórmula da un resultado de $6.138.458.570. En cambio, el monto de $9.224.637.072,61 que sostuvo el ministro solo se alcanza si el multiplicador se utiliza sobre la suma de ambos gastos, una operación que requeriría un paréntesis inexistente en la fórmula expuesta.
La brecha entre ambos cálculos asciende a $3.086.178.502,61, equivalente a un 50% más que el resultado derivado de la cuenta tal como fue presentada.
Interrogantes sobre los supuestos utilizados
La discrepancia abre dos posibilidades: que la fórmula haya sido consignada de manera incorrecta o que el resultado informado sea erróneo. También quedan sin aclarar aspectos centrales del informe, como el origen del multiplicador de 1,4 y el método empleado para calcular más de $2.000 millones en fugas. En caso de que esos datos provengan de la productora del recital, se plantea la necesidad de conocer los comprobantes de los gastos considerados.
La disputa dentro del radicalismo
La ratificación de la cifra por parte del ministro expuso, según el análisis del artículo, una interna radical entre sectores que respaldan a Carlos Sadir y Gerardo Morales, y otros que reclaman que Sadir conforme un equipo propio, sin intervención del exgobernador.
La nota sostiene que esta disputa no es nueva, aunque ahora se trasladó a la Legislatura. En ese marco, cuestiona el uso del recinto para dirimir conflictos oficialistas y describe al cuerpo legislativo como una escribanía del gobierno de turno que también funciona como escenario de esas diferencias.
Sadir, Milei y los intereses económicos
El texto afirma que Sadir utiliza al ministro como referente propio dentro de la disputa radical y, a la vez, instruye a los diputados nacionales Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán a ausentarse del Congreso, lo que favorecería al gobierno de Javier Milei para evitar la caída del decreto 70/2023.
También vincula esos acuerdos políticos con un modelo económico basado en la explotación del litio y otros bienes comunes naturales por parte de grandes capitales extranjeros. Según la publicación, dirigentes cercanos y no cercanos a Sadir mantienen negocios con empresas mineras mediante firmas amigas y familiares que actuarían como socios menores.
En ese sentido, menciona al ministro de Turismo en relación con el sector de eventos y actividades, y a quienes desarrollan obra pública con la empresa Jumi. Para el artículo, el crecimiento de los negocios vinculados a la minería del litio y al turismo constituye una base material de las tensiones entre distintos sectores que operan a través del Estado.
La publicación señala además que los legisladores de La Libertad Avanza mantuvieron una actitud cautelosa durante la interpelación, mientras que el PJ intentó adoptar una posición más crítica hacia el ministro, aunque condicionada por su vínculo político con Sadir.
Zapla, la Universidad y las movilizaciones
En paralelo a la sesión legislativa, trabajadores de la ex Aceros Zapla se movilizaron hacia la Legislatura y el Ministerio de Trabajo para reclamar el pago de una deuda millonaria de la empresa. Según el texto, la recepción de su pedido fue postergada para la semana siguiente, mientras ingresaba una solicitud de Sadir para otorgar a la compañía una exención impositiva por diez años.
Por la tarde, la movilización universitaria realizada en distintos puntos del país fue presentada como una expresión de descontento social. El artículo sostiene que, tras 360 días sin cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, existe un derecho inalienable del pueblo a ejercer la rebelión.
La nota también recupera las protestas de 2023 en Jujuy contra la reforma constitucional, cuestionada por sectores sociales y sindicales por reforzar el carácter policial del régimen y facilitar el avance sobre el litio. Destaca el papel de la docencia y de las comunidades indígenas en los paros y cortes de ruta de ese período.
Según el artículo, pese al impacto de aquellas movilizaciones, el régimen no cayó debido a la intervención de las centrales sindicales, que evitaron un paro general. Sostiene además que se mantuvieron procesos judiciales contra dirigentes que participaron de la lucha contra la reforma y que la exportación de litio es hoy casi cuatro veces superior a la de 2023.
Finalmente, la publicación cuestiona la relación del gobierno con direcciones de la CGT, las dos CTA, Adep, autoridades universitarias, investigadores de la UNJu y el Conicet, centros de estudiantes y organizaciones vecinales. Afirma que, en 40 años, las dos mineras actuales obtendrían una ganancia bruta superior a 6,5 veces la riqueza anual generada en la provincia.
Como conclusión, plantea la necesidad de profundizar la organización política de la clase trabajadora y la coordinación de los sectores que impulsan una huelga general, entre ellos los comités por Myriam Bregman.