Durante la quinta Marcha Federal Universitaria y la movilización contra el DNU 70/23, realizada frente al Congreso, miles de personas se manifestaron en defensa de la universidad pública. Según las denuncias difundidas tras la jornada, el operativo de las fuerzas de seguridad dejó cientos de heridos y alcanzó también a fotógrafos, periodistas y trabajadores de prensa que cubrían la protesta.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) denunciaron que las fuerzas federales actuaron con “una saña particular” contra los trabajadores de prensa. De acuerdo con el relevamiento de ambas organizaciones, al menos siete trabajadores de prensa fueron baleados y decenas sufrieron heridas durante la jornada.
Las entidades señalaron además que, desde la asunción de Javier Milei, se registraron más de 300 cronistas, fotorreporteros y camarógrafos heridos durante manifestaciones, una cifra que representa cerca del 10% del total de personas lesionadas en esos operativos.
Uno de los casos más graves fue el de Laura Quispe, periodista de TeleSISA, quien recibió múltiples impactos de bala de goma en la espalda y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía. Según el comunicado de SiPreBA y ARGRA, recibió nueve impactos y dos perdigones quedaron alojados en su cuerpo.
También resultó herido Guido Piotrkowski, reportero gráfico de Página/12. El fotógrafo recibió dos impactos de bala de goma en el pecho desde corta distancia. Piotrkowski publicó imágenes en las que, según denunció, puede observarse al efectivo de la Policía Federal que le apuntó directamente. “Fueron al pecho pero podría haber sido más arriba”, relató, y cuestionó que estas agresiones se hayan vuelto habituales en las coberturas de movilizaciones.
La situación fue vinculada con el ataque sufrido por el fotoperiodista Pablo Grillo el 12 de marzo de 2025, también frente al Congreso. En aquella manifestación, Grillo recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un efectivo de Gendarmería. Permaneció internado durante meses antes de iniciar su recuperación. El efectivo Héctor Guerrero irá a juicio oral por “lesiones gravísimas agravadas” y “abuso de armas en concurso con abuso de la función pública”.
Entre otros trabajadores de prensa heridos, se mencionó a Nicolás Hernández, fotógrafo de Grito del Sur, quien recibió dos impactos de bala de goma en el antebrazo mientras intentaba protegerse el rostro; a Gabriela Manzo, de Radio Gráfica, alcanzada por tres impactos en las piernas; y a dos fotorreporteros de Indymedia Argentina, baleados en el torso, uno de ellos a muy corta distancia.
Tadeo Bourbon, fotorreportero de Revista Mu, recibió dos impactos de bala de goma en las piernas. Además, Nicolás Suárez, que registraba la jornada para La Nación, sufrió un bastonazo en la espalda; el fotorreportero freelance Germán Romeo recibió un golpe en la cabeza y gas pimienta en los ojos. También se denunciaron agresiones contra equipos de C5N y LN+.
SiPreBA y ARGRA indicaron que el uso de equipamiento de protección evitó lesiones aún más graves entre periodistas y reporteros gráficos. Según las organizaciones, se trata de elementos habitualmente utilizados para coberturas en zonas de guerra.
La represión afectó asimismo a quienes participaban de la movilización. La Posta de Salud y Cuidados registró cerca de 1.000 atenciones durante la jornada. La mayor parte correspondió a personas afectadas por gases lacrimógenos y gas pimienta, aunque también se registraron traumatismos de cráneo, heridas abiertas y lesiones osteoartromusculares.
El operativo contó con la participación de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de la Ciudad. Las denuncias mencionan el uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos, gas pimienta y efectivos motorizados que persiguieron a manifestantes por las calles. La jornada concluyó con decenas de detenidos y cientos de heridos.
Entre los hechos informados figura la retención de adolescentes. La Posta de Salud y Cuidados y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denunciaron que un adolescente de 14 años permaneció retenido durante aproximadamente dos horas, en un operativo que, según señalaron, involucró a más de 80 efectivos.
SiPreBA y ARGRA anunciaron que incorporarán las denuncias a las presentaciones que realizan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. Las organizaciones sostienen que desde diciembre de 2023 existe un plan sistemático contra la libertad de expresión y de prensa en Argentina.
Las entidades y los trabajadores de prensa remarcaron que los ataques contra quienes registran protestas afectan el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre durante los operativos de seguridad. Recordaron, en ese sentido, el trabajo del fotoperiodista Pepe Mateos, cuyas imágenes fueron centrales para exponer la responsabilidad policial en los asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillán.
El texto también recordó que, el 12 de marzo de 2025, al menos otros 15 trabajadores de prensa fueron afectados por gases, balas de goma o agresiones de las fuerzas de seguridad. Un año antes, durante las represiones frente al Congreso de febrero de 2024, más de 40 periodistas habían sufrido ataques.
Desde La Izquierda Diario repudiaron las agresiones ocurridas durante la movilización y reafirmaron su compromiso de continuar registrando las protestas y las denuncias sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.