El próximo jueves 15, desde las 10 de la mañana, las y los jubilados que se movilizan cada miércoles y las organizaciones de discapacidad convocarán al Congreso para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la derogación del DNU 70/23. Luego confluirán con la Marcha de la Bronca y la movilización federal universitaria, en una jornada que sus impulsores consideran capaz de representar un revés para el gobierno de Javier Milei y sus aliados.
Ese jueves, la Cámara de Diputados debatirá los dos dictámenes firmados en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. También estarán en tratamiento el DNU 70/23 y la situación de las personas endeudadas. A la vez, estudiantes y docentes de universidades de todo el país realizarán una nueva marcha federal para exigir el cumplimiento efectivo de las leyes conquistadas mediante la movilización.
La reunión conjunta del 23 de septiembre se llevó a cabo en cumplimiento del emplazamiento aprobado por el pleno de la Cámara. El debate se produce tras meses de protestas. La Ley 27.793 fue lograda por personas con discapacidad, familias y trabajadores, luego de que el Gobierno intentara bloquearla con un veto presidencial y profundizara un desfinanciamiento que, según denuncian, amenaza la continuidad de tratamientos.
El artículo sostiene que la vigencia de la norma no garantiza por sí sola su aplicación. Uno de los ejes de la emergencia es la compensación para prestadores, ya que la ley dispone que el Estado cubra las pérdidas de los aranceles frente a la inflación. Esa compensación, según se plantea, todavía no fue efectivizada. La situación afecta a centros de día, hogares, escuelas especiales, transportistas y profesionales.
Personas con discapacidad en Argentina
De acuerdo con un estudio del INDEC de 2022, entre el 10,2% y el 12,9% de la población tiene alguna dificultad funcional o discapacidad. La estimación ubica entre 4,7 y 5,9 millones la cantidad de personas con discapacidad en el país.
Los últimos registros nacionales de la ANDIS indican que hay más de 1.900.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, equivalente aproximadamente al 4,1% de la población total. El texto cuestiona que el gobierno de Javier Milei niegue que más del 80% de las personas con discapacidad no accede a un trabajo formal; en el caso de las mujeres con discapacidad, ese porcentaje supera el 93%.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a la legislación argentina, reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no como objetos de asistencia.
Prestaciones, prepagas y endeudamiento
El artículo advierte que la falta de una prestación puede tener consecuencias distintas según los recursos de cada familia: quienes cuentan con dinero pueden intentar pagarla de manera particular, mientras que para los hogares trabajadores puede implicar perderla.
También cuestiona al ministro de Salud, Mario Lugones, al que identifica como exgerente de las prepagas. Según el texto, el DNU 70/23 desreguló los valores para acceder a una prepaga y el Presupuesto 2027 busca profundizar ese esquema al desregular el valor de cada prestación, dejando a trabajadores y profesionales del sistema negociando individualmente sus ingresos con los CEO de las empresas.
Colectivos de discapacidad expusieron esta situación en la comisión informativa de Discapacidad de la Cámara de Diputados. El texto remarca que las demoras de obras sociales, la interrupción de servicios, la falta de medicamentos y el pago particular de tratamientos trasladan los costos a los hogares. Al mismo tiempo, señala que trabajadores prestadores cobran con atrasos de tres o cuatro meses.
Vilches, interventor de la ex ANDIS y anterior presidente de la Secretaría de Discapacidad, sostuvo durante la última sesión informativa que consideraba razonable un plazo de 60 días para el cobro de prestadores. Muchos acompañantes terapéuticos y profesionales dejaron de trabajar en el sector porque no podían sostenerse económicamente, mientras que quienes continúan denuncian estar endeudados.
El ajuste que aparece como un número en el presupuesto termina convirtiéndose en deuda dentro de las casas.
Presupuesto, deuda y Defensa
El artículo cuestiona disposiciones del proyecto de Presupuesto 2027 que, según afirma, afectan al colectivo de discapacidad. El proyecto contempla $3,78 billones para Defensa, mientras que el gasto previsto para servicios de Defensa y Seguridad supera los $9,5 mil millones. A la vez, el Gobierno mantiene el pago de la deuda externa y el equilibrio fiscal como pilares de su política económica.
Además del desfinanciamiento, el texto advierte que la iniciativa busca modificar la Ley 24.901, que regula a nivel nacional el valor de las prestaciones y establece un marco de acceso a tratamientos. El diputado nacional Nicolás del Caño se refirió a esta cuestión durante la comisión de Presupuesto y Hacienda.
La nota plantea que, mientras las familias afrontan deudas para pagar tratamientos y los prestadores reclaman recursos, el Estado sostiene partidas para el pago de deuda a Estados Unidos y aumenta los fondos para Defensa. El PBI destinado a políticas de discapacidad oscila entre 0,4% y 0,5%, según el artículo.
Para las personas con discapacidad, los recursos son necesarios para acceder a terapias, transporte, medicamentos, centros de día, educación, trabajo, deporte, cultura y una vida independiente.
No volvemos al encierro.
El enfoque de derechos y la transformación de la ANDIS
El texto sostiene que los recortes en prestaciones, apoyos y transporte accesible no solo afectan servicios, sino también la autonomía y las posibilidades de estudiar, trabajar, circular y participar en la sociedad. Recuerda que las personas con discapacidad lucharon durante décadas contra los modelos de encierro y segregación.
El artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados deben consultar estrechamente y colaborar activamente con las personas con discapacidad, mediante las organizaciones que las representan, al elaborar y aplicar legislación y políticas.
La ex Agencia Nacional de Discapacidad había sido creada como un organismo descentralizado, con autarquía económica y financiera y dependencia de la Secretaría General de la Presidencia. Esa estructura buscaba, al menos formalmente, contar con una conducción específica para las políticas de discapacidad y superar una mirada exclusivamente sanitarista.
Según el artículo, el escándalo que involucró a su entonces titular, Diego Spagnuolo, junto con denuncias de coimas y negociados, expuso una estructura atravesada por la corrupción y el vaciamiento de funciones. La transformación del organismo en Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, es presentada como un retroceso hacia un paradigma médico-rehabilitador, en lugar de un enfoque basado en derechos humanos, autonomía, accesibilidad y participación social.
Desde esta perspectiva, la discapacidad corre el riesgo de ser reducida a un problema de salud, dejando de lado dimensiones como educación, trabajo, vivienda, transporte, cultura, deporte y vida independiente.
Críticas al dictamen de mayoría
El dictamen de mayoría es cuestionado por haber sido elaborado, según el artículo, sin una consulta real y efectiva a los colectivos de personas con discapacidad. Esto contradice el principio de “Nada sobre nosotres sin nosotres”.
El dictamen oficialista pone el foco en pensiones, prestaciones sanitarias y auditorías, pero no aborda la discapacidad como una cuestión transversal de derechos humanos y participación social, de acuerdo con la nota.
La vida de una persona con discapacidad, sostiene el texto, no empieza ni termina en un consultorio. Reducirla principalmente a una cuestión sanitaria implica dejar de lado el principio de participación en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad. También se cuestiona que otras personas decidan qué necesitan quienes viven con discapacidad.
Una convocatoria para ampliar la coordinación
La Ley 27.793, señala el artículo, fue obtenida a través de movilizaciones de personas con discapacidad, familiares y trabajadores. El Gobierno intentó frenarla mediante un veto, pero la presión en las calles logró que el Congreso insistiera.
El 15 de octubre, la Cámara de Diputados volverá a discutir el marco legal de la discapacidad después de 2026. La nota vincula este debate con el incumplimiento de la ley de emergencia pediátrica y de la emergencia por el financiamiento universitario, además de los recortes en jubilaciones y pensiones.
Las y los jubilados que enfrentan al Gobierno desde el inicio sostienen que el ataque a la discapacidad profundiza también el ajuste sobre las jubilaciones. La confluencia del 19 de septiembre en la Marcha de la Bronca reunió a trabajadores y familias de Fate, sectores de la cultura, sindicalismo combativo, asambleas ambientalistas y mujeres que participaron del Encuentro Plurinacional en Córdoba.
La propuesta de quienes convocan es consolidar esa coordinación, dejar atrás las respuestas aisladas ante los recortes e impulsar un plan de lucha que comience con una huelga general política.