La economía argentina atraviesa una etapa de menor dinamismo, con deterioro de indicadores sociales, caída del empleo y un creciente malestar. En septiembre, la inflación registró una leve aceleración hasta el 1,9% mensual y acumuló 33,4% en los últimos doce meses.
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus previsiones de expansión para la Argentina: ahora estima un crecimiento de 2,1% en 2026, frente al 3,5% proyectado anteriormente. La cifra queda además por debajo del 3,7% esperado para las economías emergentes. Durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, Luis Caputo mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, aunque el recorte de las proyecciones quedó plasmado en los documentos del organismo.
El banco de inversión JP Morgan también rebajó sus perspectivas para 2026 en un 44%, desde 2,7% hasta 1,5%. La modificación se produjo luego de que se conociera que la actividad económica cayó un 2,9% en julio, un descenso casi tres veces superior al previsto por la entidad estadounidense y el mayor retroceso mensual desde la pandemia. JP Morgan proyecta ahora una contracción interanual del 4% para el tercer trimestre, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA anticipa una baja desestacionalizada del PBI de 1% en ese período. Con estos datos, la economía podría ingresar en recesión.
Riesgo país y exposición externa
Las señales de desaceleración también repercutieron en los mercados. El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide el sobrecosto que enfrenta la Argentina para endeudarse respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, llegó a un máximo de 655 puntos básicos.
Luego descendió por factores externos, entre ellos las promesas de inversiones y el respaldo político de gobernadores durante la Argentina Week en París, el resultado electoral en Brasil favorable al candidato de ultraderecha Flavio Bolsonaro y las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre un eventual rescate para el país. Sin embargo, el impulso fue breve: acciones y bonos volvieron a caer.
Los títulos argentinos se vieron afectados, en particular, por el alza de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, que alcanzaron 5,3% para los títulos a diez años y 5,7% para los de treinta años. El encarecimiento del financiamiento externo presiona sobre los activos locales y sobre un riesgo país que ronda los 600 puntos básicos. Según la Secretaría de Finanzas, la deuda pública externa equivalía al 52,5% del PBI en el segundo trimestre, lo que expone a la economía a las oscilaciones internacionales.
Empleo, consumo y actividad
En el plano interno, el artículo cuestiona la evolución de la inflación y del mercado laboral. Sostiene que la inflación se mantiene en niveles elevados, con un piso anual cercano al 30%, y que la recesión funciona como ancla antiinflacionaria.
De acuerdo con datos del SIPA, se perdieron más de 370.000 empleos asalariados registrados entre noviembre de 2023 y julio de este año. El deterioro del empleo y el aumento de la desocupación aparecen vinculados a una baja del 5,9% en el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella para septiembre.
Lejos de los “mejores 18 meses” anticipados por Luis Caputo, el consumo, la inversión, el empleo y la industria exhiben señales de crisis. El texto plantea que, mientras se profundizan las dificultades para las mayorías sociales, algunos sectores reciben beneficios mediante políticas oficiales.
RIGI y beneficios para proyectos mineros
Un estudio de la consultora EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, estimó que los 23 proyectos mineros aprobados y publicados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implican un gasto tributario de US$ 8.493 millones. Esa cifra representa la recaudación que el Estado resignaría por exenciones fiscales.
Según el informe, bajo el régimen general los proyectos deberían pagar unos US$ 26.000 millones en impuestos, mientras que con el RIGI tributarían US$ 17.500 millones. EcoGo calculó un punto de equilibrio fiscal o break even de una adicionalidad de 32,7%: aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos debería corresponder a proyectos que no se habrían realizado sin el régimen para compensar los recursos fiscales resignados.
El artículo interpreta estos datos como un beneficio millonario para las empresas mineras, con impacto sobre la recaudación que sería compensado mediante mayor ajuste social.
Privatización de AySA y concentración de servicios
Otro de los puntos mencionados es la concesión del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio encabezado por Rowing S.A. Por US$ 340 millones, Mauricio Filiberti, proveedor de AySA, obtendría el manejo por 30 años de una compañía que brinda un servicio esencial.
La operación es presentada como realizada a un precio inferior al esperado y rodeada de sospechas de favoritismo. El texto señala que Diego Caher, responsable de las privatizaciones de empresas públicas, trabajó durante dos décadas para el grupo de Daniel Vila y José Luis Manzano.
Con la incorporación de AySA, José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti concentrarían la gestión de la electricidad mediante Edenor, el gas a través de Metrogas y el agua para 14 millones de personas en el AMBA. El programa financiero de Luis Caputo prevé que las privatizaciones aporten US$ 800 millones en 2026 y otros US$ 1.500 millones en 2027 para el pago de deuda.
Las reservas de oro y las pérdidas del BCRA
El artículo también cuestiona el destino de los lingotes de oro enviados a Londres. Según la Auditoría General de la Nación, en 2025 hubo una pérdida de US$ 1.023 millones derivada de operaciones financieras, de acuerdo con el análisis de los estados contables del Banco Central.
El texto plantea interrogantes sobre las decisiones de Santiago Bausili y Luis Caputo respecto del oro de las reservas. Entre las hipótesis mencionadas figura su posible utilización como garantía de préstamos u operaciones. El periodista Alejandro Bercovich señaló como posibilidad que el oro haya respaldado los REPOS a los que accedió el Gobierno.
Panorama global y endeudamiento
En su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI advirtió que las previsiones de crecimiento de mediano plazo siguen siendo débiles respecto de los niveles históricos y desiguales entre los países. El organismo proyecta que la economía mundial crecerá 3,1% en 2026 y 3,4% en 2027, con una inflación estimada en 4,7% para 2026.
El peso de la deuda global es otro factor relevante. Durante la primera mitad del año, la deuda bruta mundial alcanzó US$ 365 billones, equivalente al 311% del PBI global, según el Instituto de Finanzas Internacionales. El total incluye deuda pública y privada.
El FMI recomienda planes de consolidación fiscal que combinen mayores ingresos con racionalización del gasto. El artículo cuestiona esas recetas por priorizar el pago de intereses de deuda por encima de las necesidades sociales y las vincula con las movilizaciones registradas en Europa, donde se reclaman políticas de vivienda en España, más presupuesto educativo en Francia e Italia y rechazo al aumento del gasto militar en Alemania.
Para la Argentina, el texto advierte sobre el endeudamiento de los hogares para afrontar alimentos, servicios y alquileres, el aumento de la pobreza y el desempleo, los recortes al gasto social y los intentos de extranjerización de tierras. Como salida, propone una respuesta colectiva para romper el acuerdo con el FMI, enfrentar el saqueo y defender los bienes estratégicos.
