El paro total del Subte logró revertir el ataque de Jorge Macri contra el derecho a huelga y derivó en la liberación de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara, Néstor Segovia y Facundo Heredia. Las detenciones buscaban disciplinar a quienes enfrentan las sanciones de Emova y defienden sus derechos laborales, pero la respuesta sindical paralizó las seis líneas y el Premetro.
Jorge Macri había respaldado los arrestos y advertido: “El que bloquea un servicio esencial va preso”. Sin embargo, la organización gremial, la medida de fuerza y la solidaridad de trabajadores, estudiantes y organizaciones políticas modificaron el escenario. El conflicto volvió a poner de manifiesto que la relación de fuerzas se construye mediante la organización y la lucha.
Durante la jornada acompañaron la protesta organizaciones de trabajadores y estudiantes, así como referentes de izquierda como Myriam Bregman y Nicolás del Caño, quienes estuvieron presentes frente a la represión policial. Esa participación fue valorada incluso por simpatizantes del peronismo que cuestionan la ausencia de sus dirigentes en este tipo de conflictos.
Un debate sobre el peronismo porteño
El caso también abrió cuestionamientos al peronismo porteño, al que se le atribuye haber contribuido, mediante acuerdos en la Legislatura, a fortalecer al oficialismo encabezado por Macri. Las detenciones se inscriben, según esta mirada, en una política que combina sanciones empresariales, persecución judicial y acción policial contra la organización sindical.
Existen causas penales contra integrantes de la AGTSyP, el gremio de los trabajadores del Subte. Una de ellas alcanza a 171 trabajadores, procesados bajo la figura de “asociación ilícita”.
El 5 de septiembre, la Legislatura porteña aprobó la designación de Javier Martín López Zavaleta como Fiscal General de la Ciudad. López Zavaleta fue señalado como responsable de organizar el operativo represivo contra los trabajadores. Para alcanzar los dos tercios requeridos, el macrismo contó con el acompañamiento de casi toda la Legislatura: únicamente el Frente de Izquierda y cuatro legisladores peronistas votaron en contra.
Antes de asumir como Fiscal General, López Zavaleta se desempeñó como fiscal general adjunto durante la gestión de Juan Bautista Mahiques y dirigió el Instituto Superior de Seguridad Pública, organismo encargado de la formación de la Policía de la Ciudad. Su nuevo cargo lo ubicó al frente de la estructura que conduce a todos los fiscales porteños y le otorga capacidad para orientar la actuación del Ministerio Público Fiscal.
En ese marco, se cuestiona que se denuncie la criminalización de la protesta luego de haber aportado votos para consolidar una estructura judicial con capacidad de intervenir en la persecución de trabajadores y manifestantes.
Otra situación señalada como contradictoria se produjo con el nuevo fuero laboral porteño. En agosto, el peronismo se abstuvo en la votación del convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad. No obstante, el 6 de octubre acompañó al PRO y a La Libertad Avanza en las designaciones de jueces, fiscales y funcionarios necesarias para poner en funcionamiento esa estructura.
El traspaso modifica el ámbito institucional en el que se tramitarán los conflictos por despidos, indemnizaciones y derechos laborales, en un contexto de ofensiva patronal y de reformas impulsadas por Javier Milei.
La oposición que plantea el conflicto
Las decisiones vinculadas a la conducción de las fiscalías y a la organización de la Justicia laboral tienen consecuencias políticas. Desde esta perspectiva, los acuerdos del peronismo porteño con el macrismo en la Legislatura contribuyen a crear las condiciones para que el Gobierno fortalezca su poder. Por eso, se sostiene que no es posible cuestionar la persecución sindical mientras se respaldan medidas que fortalecen a quienes la ejecutan.
La experiencia del Subte mostró, en cambio, que ante las detenciones no alcanzaron los pronunciamientos públicos: fue necesario detener el servicio, organizar la solidaridad y sostener la protesta hasta obtener la liberación de los detenidos. Esa respuesta puso un límite a la ofensiva de Jorge Macri.
La propuesta planteada es extender esa experiencia, reclamar el fin de la persecución judicial, defender el derecho a huelga y coordinar las luchas contra el ajuste y los ataques en curso. Para ello, se impulsa una huelga general y un plan de lucha capaz de enfrentar esta ofensiva.
Los trabajadores del Subte y los sectores que acompañaron su reclamo demostraron, según esta posición, que es posible enfrentar a Jorge Macri en las calles mediante la organización colectiva y la lucha.