El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, es cuestionado por el aumento de las tarifas del subte, la falta de expansión de la red, la escasa inversión y la persistencia de problemas de infraestructura y salud laboral. Mientras el servicio pierde pasajeros, los trabajadores denuncian sanciones, persecución sindical y detenciones por reclamar mejoras en sus condiciones laborales y en la prestación para los usuarios.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y agosto de 2023 el subte transportó cerca de 152 millones de pasajeros. En el mismo período de 2026, la cifra fue de casi 122 millones: 30 millones menos en tres años, una baja cercana al 20%. Según el planteo de los trabajadores, los tarifazos y las deficiencias del servicio empujan a numerosos usuarios a buscar otros medios de transporte.
Entre agosto de 2019 y agosto de 2026, la tarifa del subte pasó de $21 a $1.684, un incremento de casi 8.000%, según datos recopilados por el Centro de Estudios Laborales y de Investigación Social (CELID). En ese mismo lapso, los salarios registrados crecieron 4.100%. De este modo, el costo del transporte representa una proporción cada vez mayor de los ingresos de quienes viajan a diario.
El mecanismo de actualización tarifaria aprobado por el Gobierno porteño contempla aumentos mensuales compuestos por un 2% adicional más la variación del índice de precios al consumidor. Según las críticas expuestas, este sistema sostiene incrementos automáticos por encima de la inflación sin una mejora equivalente en la calidad del servicio.
Una red sin crecimiento y presencia de asbesto
La falta de inversión también se refleja en la extensión de la red. Las estadísticas oficiales de la Ciudad indican que el subte tenía 57 kilómetros a fines de 2019, una longitud que se mantuvo sin modificaciones hasta 2025, último año disponible en esa serie estadística.
Durante seis años no se construyó un solo metro nuevo de vías. La promesa de Mauricio Macri de sumar diez kilómetros por año quedó lejos de concretarse, mientras las necesidades de movilidad de la Ciudad continuaron creciendo.
A la ausencia de nuevas obras se suman problemas en las instalaciones existentes. Entre ellos, los trabajadores señalan la presencia de asbesto, un material cancerígeno que, según denuncian, continúa afectando al personal del subte. Las organizaciones gremiales reclaman desde hace años la remoción del material de las formaciones, talleres e instalaciones contaminadas.
Los trabajadores sostienen que ya hubo seis empleados fallecidos y más de 100 afectados por la exposición al asbesto. En ese marco, reclaman un plan efectivo de desasbestización que garantice condiciones seguras tanto para el personal como para los usuarios.
Emova, detenciones y conflicto gremial
El artículo identifica a Emova, concesionaria vinculada al grupo Roggio, como uno de los actores centrales en la administración del servicio. La empresa opera el subte mediante renovaciones otorgadas por el Gobierno de la Ciudad desde hace más de 30 años.
El martes previo a la publicación, trabajadores de la Línea B realizaron una apertura de molinetes para protestar por la sanción a un compañero que se había negado a trabajar más allá de su jornada legal. Durante la protesta, la Policía de la Ciudad detuvo a Claudio Dellecarbonara, Facundo Heredia y Néstor Segovia, integrantes de la dirección sindical y delegados del subte.
Como respuesta, los trabajadores llevaron adelante un paro total en las seis líneas durante cerca de seis horas. La medida derivó en la liberación de los detenidos y contó con el acompañamiento de docentes, estudiantes y trabajadores de otros sectores.
El conflicto se desarrolla además en el marco de una causa impulsada por la fiscal Celsa Ramírez contra 171 trabajadores, acusados bajo la figura de asociación ilícita por acciones relacionadas con sus reclamos. Los metrodelegados defienden la apertura de molinetes como una herramienta para visibilizar conflictos laborales y comunicar a los pasajeros las condiciones en las que funciona el servicio.
Propuestas sobre el futuro del subte
Desde el Frente de Izquierda proponen expropiar el subte a Emova y que sea gestionado por los propios trabajadores junto con comités de usuarios. Según esta postura, ese modelo permitiría debatir democráticamente las inversiones, las condiciones de trabajo, las tarifas y la expansión de la red, priorizando las necesidades de usuarios y trabajadores por sobre el negocio privado.
El planteo sostiene que es necesario ampliar y modernizar la red, renovar la infraestructura, eliminar el asbesto y garantizar un transporte público rápido, seguro, económico y sustentable. También vincula la defensa de las condiciones laborales con la búsqueda de un servicio con mayor seguridad, frecuencia y calidad.