PAMI atraviesa una situación crítica que afecta tanto a sus prestadores como a millones de jubilados y pensionados. Médicos, odontólogos, clínicas y sanatorios advierten dificultades para sostener las prestaciones, mientras que los afiliados enfrentan mayores obstáculos para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos.
El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires alertó recientemente sobre el deterioro de los servicios, las deudas con los prestadores y la interrupción de convenios. Según señalaron, esta situación podría derivar parte importante de la demanda hacia hospitales públicos provinciales y municipales, por lo que reclamaron respuestas urgentes al Gobierno nacional.
Los cuestionamientos de los prestadores se vienen acumulando. En agosto de 2026, entidades que representan a clínicas, sanatorios y hospitales privados denunciaron que los aranceles registraban un atraso del 131,9% frente a la inflación. De acuerdo con sus cálculos, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 los precios crecieron un 241%, mientras que la cápita abonada por PAMI aumentó un 111%.
También se produjeron medidas de fuerza de médicos de cabecera y odontólogos, que realizaron un paro nacional de 96 horas en reclamo de una actualización de sus honorarios. A su vez, trabajadores del instituto denuncian salarios retrasados respecto de la inflación, además de persecuciones y traslados compulsivos.
Medicamentos y restricciones para los afiliados
El acceso a los medicamentos constituye uno de los puntos más sensibles de la crisis. Para las personas mayores que requieren tratamientos permanentes, la compra de remedios es una necesidad vinculada directamente al cuidado de su salud.
Desde la gestión macrista, la cobertura del 100% de determinados medicamentos quedó condicionada a requisitos y trámites de subsidio social. La normativa vigente contempla variables como ingresos, titularidad de inmuebles y vehículos, y afiliación a una prepaga, entre otras. Si bien PAMI conserva mecanismos para solicitar medicamentos sin cargo, el listado de monodrogas cubiertas se redujo considerablemente y sus precios superaron la inflación.
Esta situación impacta sobre jubilaciones mínimas que actualmente no alcanzan los $500.000. Con ingresos que deben destinarse a alimentos, alquiler y servicios, cada remedio que deja de tener cobertura representa un gasto adicional difícil de afrontar.
La canasta de los jubilados supera los $2 millones
La problemática de PAMI está vinculada al deterioro de los ingresos previsionales y al incremento de los gastos esenciales. La pérdida de poder adquisitivo limita las posibilidades de cubrir consultas médicas, medicamentos y traslados.
Según datos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta de los jubilados correspondiente a octubre se ubicó en $2.090.646. El informe estima gastos de $457.742 en alimentos, $364.969 en vivienda, $518.708 en medicamentos, $130.509 en artículos de limpieza, $129.589 en transporte, $63.250 en vestimenta, $124.800 en recreación y $177.079 en servicios.
Una estructura nacional y recursos en disputa
La crisis de PAMI no se limita a la disponibilidad de recursos, sino que también abre interrogantes sobre la administración de sus fondos, su distribución y los intereses políticos que rodean a uno de los organismos más relevantes del Estado nacional.
La obra social, considerada la más grande de Latinoamérica, brinda cobertura a más de cinco millones de afiliados. Cuenta con 38 Unidades de Gestión Local y más de 600 agencias en todo el país. Por su despliegue territorial, presupuesto y capacidad de contratación, se trata de un organismo estratégico para cualquier administración.
En este contexto, el artículo original cuestiona que, mientras los jubilados encuentran dificultades para obtener atención y se movilizan cada miércoles frente al Congreso, se disputan cargos, decisiones y el control de recursos millonarios en torno al organismo. También sostiene que el presupuesto de PAMI queda atravesado por internas de La Libertad Avanza.
El debate sobre el derecho a la salud
Frente a este escenario, se plantea la necesidad de respuestas concretas, mayor información pública y mecanismos de control sobre el destino de los recursos. El reclamo incluye una mayor participación de jubilados, trabajadores de la salud y sus organizaciones en las decisiones sobre el funcionamiento de PAMI.
La discusión pone en el centro el acceso de las personas mayores a una atención de salud pública, accesible y de calidad, sin que dependa de los ingresos disponibles luego de afrontar los gastos cotidianos.