El Consejo Directivo del INTA resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del organismo. La medida se produjo luego de un sumario administrativo relacionado con su participación en el proyecto internacional SPRINT, dedicado a investigar la presencia e impacto de plaguicidas en comunidades y ambientes rurales.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 366, fechada el lunes 26 de octubre y firmada por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich. El documento, de 29 páginas, dispone la expulsión de Aparicio del organismo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
Según se detalla en la resolución, el proceso se originó en torno a la investigación local del proyecto Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach —SPRINT, por sus siglas en inglés—, una iniciativa internacional orientada a estudiar la exposición a plaguicidas en distintas matrices ambientales y en cuerpos humanos.
ATE Conicet Córdoba había advertido, en un comunicado, que los resultados del estudio mostraron la presencia de más de 200 plaguicidas en matrices ambientales, con concentraciones superiores a las registradas en países europeos. De acuerdo con esa organización, se detectaron residuos químicos en suelo, agua, cultivos, alimentos y polvo de hogares. También señaló que las personas voluntarias del estudio, procedentes de pueblos y establecimientos agropecuarios, presentaban rastros de estas sustancias en muestras de sangre, orina, materia fecal y pulseras utilizadas para medir la exposición ambiental.
Cuestionamientos a la decisión
La historiadora Cecilia Gárgano, doctora en Historia de la UBA, investigadora adjunta del Conicet y profesora de la UNSAM, consideró que la situación de Aparicio constituye un mecanismo de censura contra una investigadora de un organismo público nacional. Remarcó que el trabajo había sido aprobado por el propio INTA y que Argentina participaba como único país de la región en el consorcio internacional junto con países europeos.
Gárgano sostuvo que el argumento del INTA sobre una presunta falta de competencia en materia de salud pública resulta discutible, dado que el proyecto también relevó plaguicidas en distintas matrices ambientales. A su entender, la discusión sobre esas competencias debió plantearse antes de que Aparicio se incorporara a la iniciativa.
La investigadora vinculó la sanción con lo que definió como un compromiso de sectores de la conducción del organismo con el agronegocio. También afirmó que no conoce antecedentes similares en democracia dentro del INTA y mencionó los casos de Andrés Carrasco y Rachel Carson como referencias de persecución y desprestigio hacia investigaciones sobre los efectos de los agroquímicos.
Reclamo por la restitución de Aparicio
El biólogo, investigador del CONICET y profesor de la UBA Guillermo Folguera calificó la exoneración como uno de los episodios de censura más graves en la historia de la ciencia argentina. Según expresó, la medida tendría consecuencias para las comunidades afectadas por agrotóxicos y para la práctica académica.
Folguera señaló que el estudio SPRINT confirmó denuncias sostenidas por comunidades acerca de la presencia de sustancias neurotóxicas en el agua, el aire, los cuerpos y los alimentos. Además, cuestionó que se busque desacreditar a una investigadora con más de 20 años de trayectoria en el INTA mediante argumentos formales o, según planteó, cuestiones inventadas.
El investigador indicó que distintos sectores reclaman la restitución de Virginia Aparicio al INTA y la identificación de los responsables de la decisión. También advirtió que la medida afecta la democracia, la actividad académica, la salud y el ambiente.
Apoyo de estudiantes y activistas socioambientales
Lara Ramassotti, militante de Alerta Roja Ambiental e integrante del Comité de Ambiente y Ciencia de La Plata junto a Myriam Bregman, cuestionó la exoneración y convocó a centros de estudiantes, universidades e institutos de investigación a pronunciarse contra la medida.
Ramassotti afirmó que los trabajos realizados por Aparicio son fundamentales para que las comunidades cuenten con evidencia científica sobre las contaminaciones que denuncian en su vida cotidiana. Sostuvo además que la sanción responde a intereses de empresas del agronegocio y que permitirla implicaría censurar investigaciones destinadas a visibilizar las consecuencias del extractivismo en los territorios y en la salud de las personas.
La activista llamó a que estudiantes, investigadores y trabajadores de institutos y universidades se organicen para repudiar la decisión y defender una ciencia orientada a dar respuestas a las mayorías.