Ana Laura Fontán, activista y referente en políticas de drogas, feminismo y salud integral, analiza la persecución estatal sobre las mujeres usuarias y cultivadoras de cannabis, cuestiona el estigma sobre la maternidad cannábica y describe su recorrido hacia las terapias integrativas con psicodélicos. Su trabajo articula redes con organizaciones como la Procuración Penitenciaria, WOLA, Reset y la FIPE.
Para Fontán, la industria del cannabis no debe edificarse ignorando a quienes afrontaron las consecuencias de la prohibición: “La industria del cannabis no puede construirse sobre la desmemoria de quienes pagaron con el cuerpo, el trabajo y el tiempo familiar los años de prohibición”.
Sesgo de género y criminalización de cultivadoras
La referente sostiene que el sistema penal ejerce un severo sesgo de género sobre las mujeres que cultivan, en particular sobre aquellas que también asumen tareas de cuidado. Según explica, la persecución suele dirigirse contra quienes producen para uso propio, terapéutico o familiar, sin afectar al narcotráfico y concentrándose, en cambio, en el eslabón más vulnerable.
Cuando una mujer es alcanzada por el aparato punitivo, afirma, no solo se altera su vida: también se desorganiza su red familiar. A ello se agregan la violencia institucional durante los allanamientos, el estigma social antes de que exista un debido proceso y la penalización de conocimientos que Fontán identifica como prácticas de soberanía y salud comunitaria.
En este marco, destacó los encuentros impulsados por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) bajo la consigna “Mujeres, drogas y cárceles en América Latina”. Fontán participó en 2018 del encuentro realizado en Costa Rica, junto a referentes de distintos países que compartieron datos, diagnósticos territoriales y perspectivas estratégicas. A su entender, esos espacios permiten visibilizar cómo la feminización de la pobreza y la falta de alternativas estatales atraviesan la persecución penal en América Latina, y refuerzan la necesidad de políticas públicas basadas en género y derechos.
Maternidad, cannabis y derecho a decidir
Como integrante de MyCA (Mujeres y Cannabis Argentina) y madre, Fontán ha trabajado sobre la relación entre maternidad y cannabis. Frente al estigma que pesa sobre las madres que cultivan o usan la planta, propone socializar saberes, democratizar la educación, sacar al cannabis de la clandestinidad moral y priorizar los derechos de las familias.
Desde el activismo, considera central la construcción de redes entre pares para evitar que las madres se sientan aisladas o juzgadas. Señala que la exposición pública genera temor, pero que visibilizar estas experiencias puede convertirse en una referencia y un sostén para otras mujeres.
Fontán relata que nunca ocultó su uso de cannabis, aun cuando esa decisión la expuso al maltrato y al juzgamiento. También eligió la sinceridad durante sus partos y períodos de lactancia, una experiencia que, según expresa, incluyó situaciones violentas y dejó marcas personales, pero que también le permitió abrir camino para otras mujeres.
La activista reivindica la soberanía personal, el acceso a información, la reducción de riesgos y daños y el cuidado consciente. Además, reclama herramientas normativas con verdadera perspectiva de género para proteger los hogares frente a intervenciones violentas e intempestivas de los servicios de protección de la niñez, que, según advierte, muchas veces actúan a partir de prejuicios morales y no de evidencia científica y social.
Entre las medidas necesarias, plantea la creación de protocolos sociales, pedagógicos, jurídicos y de salud pública que reconozcan la fitoterapia y el autocultivo como decisiones informadas, responsables y orientadas al bienestar, en lugar de asociarlos con negligencia o riesgo parental.
El lugar de las pioneras en la industria cannábica
Fontán participó en el desarrollo de Cañameras 420 y de cooperativas como Flor de Vida. Desde esa experiencia, sostiene que las mujeres tuvieron un papel fundacional en la industria: recuerda que la primera Asociación de Cannabis fue creada por la Negra Edith, de Córdoba.
Según describe, las mujeres sostuvieron el trabajo comunitario, el cultivo, la investigación empírica y la contención mucho antes de que existiera un mercado cannábico. Sin embargo, ese rol implicó un alto costo: largas jornadas de producción y creación bajo amenaza de criminalización, combinadas con las tareas de cuidado familiar.
A esa sobrecarga se suma, señala, la falta de remuneración o los ingresos muy bajos durante extensos períodos, pese al valor técnico y territorial de las tareas realizadas. Para Fontán, esta precarización invisible exige reconocimiento ético y económico.
Como respuesta a las lógicas corporativas y al extractivismo económico, propone fortalecer el cooperativismo, la economía popular y la educación continua. También reclama cupos efectivos, financiamiento público para proyectos autogestivos y regulaciones que prioricen a pequeñas productoras, cooperativas y agrupaciones locales por sobre los grandes capitales.
La formación, la creatividad, la construcción de redes colectivas, la organización de eventos, la comunicación y la producción cultural y artística son, para Fontán, herramientas fundamentales para transformar los territorios y sostener el proceso colectivo.
Cárceles, prisión preventiva y reducción de daños
Para Fontán, la política punitiva estatal tiene consecuencias “catastróficas” sobre las poblaciones más vulnerables. Advierte que las cárceles se llenan de mujeres y disidencias acusadas de delitos menores y sin violencia, mientras faltan políticas territoriales de salud, educación y acompañamiento integral.
La activista remarca que muchas mujeres permanecen imputadas, procesadas, sin condena firme o a la espera de instancias de debate durante procesos prolongados, en los que la prisión preventiva se transforma en una forma de castigo cotidiano.
También cuestiona la figura de la “condenada voluntaria” y la presión para aceptar juicios abreviados. Según explica, se ejerce violencia psicológica para que las personas asuman culpabilidad; de no hacerlo, quedan privadas de derechos básicos dentro de la cárcel. Al no contar con una condena, pueden perder el acceso a pabellones de mejor conducta y a posibilidades de trabajo, lo que les impide generar ingresos para cubrir necesidades esenciales durante el encierro.
Ante la ausencia de políticas de reducción de daños, las comunidades quedan, afirma, sin información ni recursos de prevención reales. Fontán plantea como salida la legalización y regulación integral del cannabis, una nueva ley de drogas que ponga fin a la criminalización y una amnistía para las mujeres encarceladas por cultivar, especialmente en casos de autocultivo, uso medicinal o consumo propio.
En su visión, las penas alternativas no resuelven el problema porque mantienen la persecución penal de fondo. La criminalización y el encierro, sostiene, perpetúan circuitos de violencia, precarización y exclusión social.
Del cannabis a la medicina integrativa y los psicodélicos
El recorrido de Fontán hacia la medicina integrativa fue, según explica, una transición orgánica. Su formación como Diplomada en Cannabis y sus usos medicinales en la UNAJ le permitió estructurar y respaldar conocimientos que ya venía desarrollando. Luego continuó su formación en la Diplomatura de Conocimiento sobre Cannabis desde las organizaciones con perspectiva integral y en ARDA, como Promotora en Reducción de Riesgos y Daños.
También participó en CERES Sapiens, un laboratorio de ideas y red intersectorial orientada a la soberanía del conocimiento, la innovación regenerativa y el pensamiento crítico, y en el Observatorio de Políticas de Drogas y Reducción de Riesgos y Daños de la UNLP. Desde esos espacios intervino especialmente en el eje “Maternidad y Consumos”.
Fontán define al cannabis como una planta que ama y como una puerta hacia el autoconocimiento y la salud integral, en oposición al mito prohibicionista que lo presenta como un camino hacia las denominadas “drogas duras”. A través de su columna sobre reducción de riesgos y daños en Radio Cannabis, se vinculó con el psicólogo Federico Montero, presidente de la SUPAP, y con Álvaro Zárate, cocreador de Microhuasca.
De esos encuentros surgió la Federación Iberoamericana de Psicodélicos y Enteógenos (FIPE), creada para articular a referentes y organizaciones de toda la región y abrir caminos seguros para las sustancias psicodélicas. Como plataforma de la FIPE, se desarrolló MINKA, la primera revista iberoamericana dedicada a psicodélicos, enteógenos, arte, cultura, ciencia e investigación. La publicación recupera el sentido de la minga tradicional: el trabajo comunitario y colaborativo orientado al conocimiento libre.
La activista profundizó posteriormente su formación en la AAMI (Asociación Argentina de Medicina Integrativa), con especialización en Medicina Integrativa y en el estudio y aplicación de Plantas Medicinales. En ese trayecto, destaca el acompañamiento de la doctora Cecilia San Martín y de Espacio Ratio, equipo del que forma parte.
Junto a un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, Fontán desarrolla Micromanadas, un dispositivo grupal y comunitario de acompañamiento terapéutico orientado a evaluar e investigar el impacto de la microdosificación de hongos adaptógenos y psilocibios en la salud mental, el bienestar y la calidad de vida. La experiencia fue presentada en la 3° Convención Internacional de Hongos Comestibles y Medicinales del CONICET mediante el póster científico “Abordaje integrativo grupal transdiagnóstico de procesos terapéuticos asistidos por hongos adaptógenos y psilocibios: La experiencia de Micromanadas”.
Fontán vincula los inicios del activismo cannábico con el presente de los movimientos vinculados a psicodélicos y plantas maestras. En ambos casos, identifica una secuencia común: persecución y prejuicio moral, impulso comunitario y territorial que abre lugar a los datos y la evidencia, y la necesidad de organizar redes para resguardar saberes ancestrales frente al reduccionismo, la mercantilización y la privatización de la salud.
Finalmente, agradece a María Santos, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y a Antonella Tiravassi, de la Fundación Friedrich Ebert, por la invitación y la confianza. También reconoce a la abogada Magalí Ledesma, a la doctora Brenda Farinelli, integrantes del Observatorio de Políticas de Drogas y Reducción de Daños de la UNLP, y a Anuar Peche, de CVC y CERES Sapiens, por la lectura, revisión y corrección de la entrevista.