Arrendadores en Chile han luchado durante años para recuperar sus propiedades de inquilinos morosos. Sin embargo, un nuevo cambio en la legislación conocido como la Ley Devuélveme mi Casa busca brindar una solución a este problema. En este artículo, exploraremos en profundidad qué es esta ley y cómo funciona.
La Ley Devuélveme mi Casa entró en vigencia en 2022 como una modificación a la Ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. El objetivo de esta nueva legislación es permitir el desalojo más rápido de aquellos que han ocupado estas propiedades sin pagar el alquiler.
Antes de la implementación de esta ley, la Corte Suprema manejaba alrededor de 15 mil casos por alquileres al año, y solo 1 de cada 4 demandas llegaba a su finalización. Con la nueva legislación, las cifras no han cambiado mucho, pero los propietarios ahora cuentan con una herramienta más eficaz para enfrentar estos problemas.
Cuando un inquilino o una familia dejan de pagar el alquiler y siguen viviendo en la propiedad, esto puede representar un problema significativo para los propietarios. En muchos casos, los propietarios también tienen que asumir las deudas generadas. Con la Ley Devuélveme mi Casa, ahora existe una obligación legal para que los inquilinos paguen lo que deben o sean desalojados.
Francisco Narváez Gallo, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (USACh), explicó que esta ley modifica la Ley 18.101 para agilizar los juicios de restitución de inmuebles por deudas de alquiler, gastos comunes o cuentas de consumo.
Uno de los puntos más interesantes de esta ley es que no requiere la firma de un contrato legal de arrendamiento entre las partes para iniciar una demanda. Esta ley permite a las personas presentar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp e incluso comprobantes de transferencias electrónicas o depósitos como prueba de un acuerdo de arrendamiento.
El procedimiento comienza con una demanda monitoria de cobro de rentas de arrendamiento presentada en el Juzgado Civil de la comuna donde se encuentra la propiedad. El demandante debe incluir su nombre, profesión u oficio, así como el del arrendatario, un documento que acredite las rentas del inmueble, las cuentas por gastos comunes y de consumo adeudadas y la forma, fecha y lugar en que se contrajeron.
Una vez notificado, el arrendatario tiene 10 días para pagar la deuda u oponerse. Si no lo hace, es condenado al pago y al desalojo de la propiedad arrendada. Si el arrendatario se niega a desalojar, el juez puede ordenar la intervención de Carabineros para forzar el desalojo.
Sin embargo, hay casos excepcionales que no están contemplados en la Ley Devuélveme mi Casa. Por ejemplo, la Ley 21.461, que también modificó la ley de arrendamiento de predios urbanos, establece en su artículo 1 que el juez puede ordenar el desalojo anticipado de la vivienda en caso de destrucción parcial del inmueble o si el inmueble queda inutilizado para su uso debido a la falta de cuidado del arrendatario.
Cuando existen casos de inmuebles que están siendo habitados de forma ilegal, más conocidas como «casas ocupa», el propietario del inmueble puede presentar una denuncia ante Carabineros, PDI o la Fiscalía por el delito de usurpación.
La Ley Devuélveme mi Casa representa un avance significativo en la protección de los derechos de los arrendadores en Chile. Si bien aún hay casos excepcionales que requieren atención, esta ley proporciona una herramienta valiosa para aquellos que luchan por recuperar sus propiedades de inquilinos morosos.